Más de un 1.734.000 personas en condición de movilidad irregular fueron aprehendidas por autoridades estadounidenses en la franja fronteriza con México entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, 177.000 más que en el año fiscal anterior, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ese país.
Este número histórico se presenta en medio de una crisis en materia migratoria en la región. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden, conscientes de que el número actual creció 77 por ciento en relación con el de hace dos años, han coincidido en la necesidad de brindar apoyo a las localidades de origen migratorio, a fin de atacar las causas del fenómeno.
La frontera común mexicano-estadounidense se mantiene cerrada a la migración y, pese a las promesas electorales de Joe Biden, no parece estar a la vista una pronta apertura, porque el cambio de rumbo que éste ofreció en materia migratoria se ha visto empantanado en un laberinto judicial y burocrático de solución incierta.
Es así que las caravanas migrantes no consiguen más que trasladar la crisis humanitaria que se vive en el sur chiapaneco a las ciudades de la frontera norte, además de exponer a sus integrantes a los peligros e incertidumbres de la extensa ruta entre una y otras.
Si bien la protección de los derechos humanos de los migrantes es una obligación indeclinable del Estado mexicano, ello no va a resolver la crisis migratoria en la que se ha visto envuelto México, ante el sueño –o el espejismo– de lograr mejores condiciones de vida en Estados Unidos.
México insiste en que la solución duradera y de fondo consiste en atacar de raíz las causas que alientan la emigración en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante la aplicación de programas sociales, a fin de anclar a las poblaciones susceptibles de emigrar con trabajo y una paulatina mejoría en su nivel de vida y su entorno social.
Diversos análisis realizados por la CBP apuntan que la pobreza extrema y el hambre son la principal razón por la que miles de personas se ven obligadas a salir de varios puntos de México y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), así como la violencia, la ausencia de políticas sociales en sus poblaciones y la reunificación con familiares que se encuentran en Estados Unidos.
Cabe destacar que entre los detenidos, el 40 por ciento era de origen mexicano y que el mes con el mayor número de detenciones en este periodo fiscal fue julio, con 213.593. La CBP reportó 319.324 migrantes hondureños en esta situación (18.4 por ciento); 283.035 procedentes de Guatemala (16.31 por ciento), y 98.690 de El Salvador (5.68 por ciento). El resto, un 21.79 por ciento del total, era de otros países.
Si bien la mayoría de los migrantes detenidos en este periodo eran adultos en solitario, 1.105.925, la cantidad de menores de edad que viajaban solos retenidos en la franja fronteriza estadounidense alcanzó 146.925 (8.46 por ciento del total). Siguen llegando
Varios miles de migrantes salieron el sábado pasado de Tapachula, Chiapas, hacia Ciudad de México, tras permanecer varios meses en esa ciudad sin haber conseguido regularizar su estancia en el país. El domingo, los viajeros, entre los que hay numerosas mujeres y niños, debieron enfrentar altas temperaturas en el trayecto y apenas lograron avanzar unas decenas de kilómetros hasta llegar a la localidad chiapaneca de Huehuetán. La mayoría de ellos tiene el objetivo de llegar a territorio estadounidense.
Más de tres mil migrantes, en su mayoría centroamericanos, arribaron el fin semana al municipio de Huehuetán. Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, acusó que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) van detrás de la “caravana por la justicia, la dignidad y la paz” y esperan a los rezagados que en todos los casos son mujeres y niños. “Como aves de rapiña, los cazan, los detienen y los suben a las perreras”, vehículos en los que se transporta a los extranjeros interceptados.
“Había un agente con un uniforme del INM muy sofisticado, de 1.90 metros de estatura, aproximadamente, con un radio en el que se transmitía todo en inglés; él nunca habló y otros agentes igual, güeritos. Para mí que son agentes estadounidenses que están cazando a los migrantes y su estrategia es ir sacando de alguna manera a las mujeres y niños para luego de varios días agarrar cansados a los hombres”, añadió a La Jornada.
García Villagrán afirmó que el INM detuvo este domingo a seis extranjeros que tienen el reconocimiento, es decir, cuentan con la tarjeta de asilados; los vinieron a dejar a Tapachula.
Aseguró que de los más de 3.000 integrantes de la caravana, unos 2.000 tienen documentos, es decir, están reconocidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); y en el peor de los casos ya hicieron su solicitud, pero no se les respeta. Los extranjeros iniciaron el periplo en protesta por la dilación en la respuesta a sus trámites para permanecer y transitar libremente en México.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)