La presión por alcanzar una moratoria a las ejecuciones hipotecarias en los 50 estados del país ha cobrado un nuevo impulso. Esto, luego de que Bank of America anunciara ayer la paralización nacional de este tipo de medidas. El mensaje fue claro: esta firma -una de las prestamistas más grandes de Estados Unidos- «no incurrirá […]
La presión por alcanzar una moratoria a las ejecuciones hipotecarias en los 50 estados del país ha cobrado un nuevo impulso. Esto, luego de que Bank of America anunciara ayer la paralización nacional de este tipo de medidas.
El mensaje fue claro: esta firma -una de las prestamistas más grandes de Estados Unidos- «no incurrirá en nuevos procedimientos de ejecución hipotecaria y venta de viviendas» bajo esta categoría.
La medida se mantendrá hasta revisar si el proceso fue realizado de manera correcta. El anuncio se suma a decisiones anteriores de entidades como Ally Financial, JPMorgan Chase y el mismo Bank of America.
Éstas pusieron en pausa ejecuciones hipotecarias en los 23 estados donde las cortes están involucradas en el proceso.
No obstante, el nuevo anuncio de Bank of America, ha reforzado los llamados públicos para que otras instituciones tomen el mismo camino. Entre ellas, los gigantes Citigroup y Wells Fargo .
Estados como California , Arizona y Nevada son los más afectados por la crisis inmobiliaria. No es extraño entonces que ayer el líder de la mayoría en el Senado , Harry Reid ( D-NV ), insistiera en la necesidad de una paralización nacional.
«Insto a otros proveedores de servicios hipotecarios a que consideren la ampliación de la zona donde se han detenido las ejecuciones hipotecarias a los 50 estados», dijo a través de una declaración.
En Capitol Hill se espera que el Comité de Banca de la Cámara Alta realice una audiencia para investigar los documentos incluidos en estas transacciones en noviembre próximo.
De acuerdo con el último reporte del Centro de Préstamos Responsables (CPR), en California alrededor de 702.000 viviendas están con ejecución hipotecaria. Es decir, una de cada ocho. Aquí los deudores hispanos representan un 48% de todas las pérdidas.
Esta semana la delegación demócrata de California envió una carta al fiscal general Eric Holder y al presidente de la Reserva Federal , Ben S. Bernanke, pidiéndoles que «investiguen los retrasos y posibles irregularidades en los procesos de ejecuciones hipotecarias». Entre ellos figuró la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi ( D-CA ).
«Parece que los mayores prestamistas de hipotecas procesaron decenas de miles de documentos al mes para apurar ejecuciones en las propiedades y es probable que muchas familias hayan perdido sus hogares erróneamente como resultado», aseguró la legisladora Maxine Waters (D-CA).
Más aún, en una carta enviada ayer al presidente Barack Obama , el Caucus Afroamericano del Congreso solicitó el uso de su autoridad «para instituir una moratoria nacional a las ejecuciones hipotecarias».
Consultado respecto a expulsiones indebidas de propietarios por parte de los bancos, Holder dijo en una conferencia de prensa, que es «consciente de los cargos que han aparecido en la prensa en los últimos días y los están examinando».
Los llamados para congelar las ejecuciones hipotecarias a nivel nacional también han emergido de organizaciones de derechos civiles. El jueves, The Leadership Conference on Civil and Human Rights, National Fair Housing Alliance, NCLR, NAACP y CPR insistieron en una moratoria.
«Hasta que los prestamistas demuestren que están siguiendo las leyes, regulaciones y requerimientos contractuales existentes, relacionados con el proceso legal de ejecución hipotecaria, todos, en los 50 estados, deberían congelar las ejecuciones hipotecarias», aseguraron en una declaración.
Los grupos insistieron en que la crisis inmobiliaria ha impactado de manera desproporcionada a las comunidades de color. Es más, de acuerdo con CPR los afroamericanos y latinos son un 75% más propensos a experimentar este tipo de problemas, en comparación con la población blanca.
Esta semana, el Presidente ejerció el llamado «veto de bolsillo» sobre el proyecto de ley H.R. 3808. Ésta obliga a las cortes estatales a reconocer documentos notariales provenientes de otros estados. La Casa Blanca argumentó que tiene preocupaciones respecto a las consecuencias que puede traer la medida, sobre todo a la luz de los hechos asociados a los procesos de ejecuciones hipotecarias.
rCR