Traducido del ingles para Rebelión por Mariola y Jesús María García Pedradas
El fiscal jefe del tribunal que pretende llevar el imperio de la ley al mundo está haciendo campaña activa para designar a EEUU -«el perpetrador y patrocinador de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y genocidio más prolífico del mundo»- como gendarme mundial. Y esto sin tener en cuenta el hecho de que EEUU no es, ni tiene intención de serlo, miembro del Tribunal Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés), ni está sujeto a su jurisdicción. Pero eso no importa, los matones son los que mandan.
«Washington está ansioso por usar el ICC como una herramienta para conseguir sus propios objetivos en política exterior»
EEUU, que continúa evitando convertirse en miembro del ICC, por miedo a ser él mismo procesado, podría terminar actuando como el músculo militar del propio ICC en el planeta. Habiendo fracasado en sus intentos de procesar a cualquiera excepto a africanos desde su creación en 2002, el ICC pretende ganarse a EEUU, el perpetrador y patrocinador de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y genocidio más prolífico del mundo, como el gendarme global que haga que se cumplan los procesamientos del ICC.
Los 111 Estados miembros del ICC se han reunido en Kampala, Uganda, en una conferencia de 12 días de duración (del 31 de Mayo al 12 de Junio) que está principalmente centrada en la definición del crimen internacional de «agresión», el único delito descrito bajo el mandato del ICC en el que no hay acuerdo en su definición. La próxima, y mucho más difícil cuestión es: ¿será el ICC independiente para decidir quién puede ser procesado por crímenes de agresión o debe delegar el Tribunal la decisión en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los miembros permanentes tienen derecho de veto? Previsiblemente, EEUU está haciendo una fuerte presión para mantener al Consejo de Seguridad como el árbitro único para decidir sobre las agresiones globales. Los países más pequeños y los grupos de derechos humanos sostienen que filtrar los procesamientos a través del Consejo de Seguridad podría «politizar» el ICC -y la clave para conceder a las grandes potencias inmunidad contra las acusaciones.
Desde el punto de vista africano, esta inmunidad ya existe, como se hace evidente por la presencia exclusiva de africanos en la lista de los 14 individuos procesados hasta la fecha, incluido el primer jefe de Estado sentado en el banquillo, el sudanés Omar Al-Bashir. Todos han sido acusados de crímenes de guerra, y once de ellos se enfrentan también a cargos de crímenes contra la humanidad. Los fiscales del ICC están actualmente considerando la posibilidad de añadir el delito de «genocidio» a la acusación contra el presidente al-Bashir. Pero su aplicación es problemática. Los países miembros del ICC tienen acuerdos que obligan a arrestar a aquellos procesados que entren en sus territorios. De todos modos, la Unión Africana en su conjunto se opone al procesamiento de al-Bashir, oficialmente porque sería un impedimento para alcanzar la paz en la región de Darfur en Sudán, pero, de manera no oficial, debido a la noción de la justicia del ICC basada en el color de la piel.
«Los países más pequeños y los grupos de derechos humanos sostienen que filtrar los procesamientos a través del Consejo de Seguridad otorgaría a las grandes potencias inmunidad contra las acusaciones.»
EEUU aplaude estos procesamientos desde su posición de inmunidad, ya que sólo los países miembros del ICC están bajo la jurisdicción del Tribunal. Pero esto no detiene a Washington en sus intentos de postularse como el guardián de la legalidad internacional en la conferencia de Kampala.
«Es difícil enfatizar los contentos que están los países de vernos a nosotros aquí», afirmó el funcionario de asuntos legales del Departamento de Estado, Harold Koh. «Se sintieron muy afligidos durante el periodo de hostilidad de EEUU contra el Tribunal. Están entusiasmados con la administración Obama y su renovado compromiso con las leyes internacionales. Y están encantados de que estemos aquí como observadores».
No existe tal compromiso con la legalidad internacional, más allá de la florida retórica del presidente Obama. El nombrado ridículamente Embajador Extraordinario para los Crímenes de Guerra, Stephen Rapp, aconsejó al mundo que esperara sentado a que EEU se uniera al ICC. «[Nosotros] no estamos cerca de ese punto», dijo a los reporteros en Kampala. Pero Washington está ansioso por usar el ICC como una herramienta para conseguir sus propios objetivos en política exterior. «De lo que estamos hablando aquí es de qué modos podemos apoyar a este tribunal constructivamente cuando trabaje por nuestro interés», dijo Koh. «Y hasta ahora, en los casos en los que ha tomado parte, ha estado de acuerdo con nuestros intereses y con los de toda la raza humana.»
EEUU tiene al Fiscal Jefe del ICC en el bolsillo. Como informan los académicos y activistas Samar al-Balushi y Adam Branch:
«En Junio de 2009, en un acto público en EEUU, el Fiscal Jefe Luis Moreno-Ocampo declaró la necesidad de unas ‘fuerzas especiales’ con ‘capacidades caras y excepcionales que los ejércitos regionales no tienen’, y dijo que ‘las coaliciones de los que estaban dispuestos’, liderados por EEUU, eran necesarias para reforzar las órdenes de arresto del ICC.»
El Fiscal Moreno-Ocampo está ofreciendo al ICC como un instrumento del R2P (responsabilidad de proteger, por la forma en que se designa en inglés, Responsability to Protect) estadounidense, el sustituto de la administración Obama para la doctrina de Bush que justificó las guerras de EEUU para extender la «democracia.» Como lo definió Susan Rice, la gruñona Embajadora de Obama en la ONU: «La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a la población civil de las violaciones de las leyes humanitarias internacionales, cuando los Estados no quieren o no son capaces de hacerlo.»
«El Fiscal Moreno-Ocampo está ofreciendo al ICC como un instrumento del estadounidense R2P – ‘Responsabilidad de Proteger.'»
EEUU es especialmente entusiasta de usar el R2P como una tapadera para sus continuados crímenes en África Central, donde los principales agentes de Washington en la región, el dictador Yoweri Museveni de Uganda, y la milicia tutsi que gobierna Ruanda, son los principales culpables de la muerte de unos seis millones de congoleses. Como narran Edward S. Herman y David Paterson en su nuevo libro, de incalculable valor, Las políticas del genocidio, desde la invasión de las regiones orientales de la República Democrática del Congo (RDC), ricas en minerales, en 1996, Ruanda y Uganda «se han repartido la RDC entre ellos, ayudando a provocar una mortandad que es quince veces mayor de la del ‘genocidio de Darfur».
Pero ni el ugandés Museveni ni el ruandés Paul Kagame ni ninguno de los tres presidentes de EEUU que son culpables del genocidio en el Congo -Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama- se enfrentarán nunca a un procesamiento por el ICC.
La impunidad se extiende desde la única superpotencia mundial a sus capos y a sus matones, y hace una farsa de un Tribunal Penal Internacional
rCR