Mal cuerpo se le pone a uno cuando ve el vídeo que circula por la red con los incidentes del jueves por la noche en Madrid. Decenas de personas desarmadas y pacíficas recibiendo los porrazos de policías enviados allí por algún alma de cántaro, llámese delegada del Gobierno o ministro del Interior o quien sea, […]
Mal cuerpo se le pone a uno cuando ve el vídeo que circula por la red con los incidentes del jueves por la noche en Madrid. Decenas de personas desarmadas y pacíficas recibiendo los porrazos de policías enviados allí por algún alma de cántaro, llámese delegada del Gobierno o ministro del Interior o quien sea, que ya tendría que estar recogiendo las cosas de su despacho si en este país quedara un mínimo de sentido común.
Pero si grave es que se pretenda solucionar un problema creando otro aún mayor, lo del periodista Gorka Ramos pasa de castaño oscuro. El chaval, que estaba haciendo su trabajo con esa peligrosa arma de destrucción masiva que es su teléfono móvil, se vio de pronto rodeado de policías que lo tratan como si fuera un delincuente. En su afán por defender nuestras libertades, los policías lo empujan, lo tiran al suelo y hasta le dan patadas (a partir del minuto 8 del vídeo) que no sólo están de más sino que deberían llevar a alguno de estos energúmenos ante un juez. Que no se puede ir pateando a la gente por ahí y salir de rositas. A nadie. Pero menos, digo yo, a un periodista que está allí para cumplir su labor de informar. Artículo 20 de la Constitución, ya que tanto les gustan los papeles y las leyes.
Algo parecido vino a pasar el 4 de julio pasado en el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, cuando un ciudadano fue detenido por pretender hacer una foto al agente que le zarandeaba. Rafael era un indignado que estaba durmiendo en una caseta y, ante los malos modos con que estaba siendo desalojado, pretendió conocer el número de placa del policía en cuestión. Al negarse éste a facilitarle el número, pues fotito al canto con el móvil. Y se lió. Pues resulta que la jueza encargada del caso le ha pegado una buena rociada al policía de marras y a todo el cuerpo, asegurando en su auto que «en un estado democrático de derecho no toda orden de un agente debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad» y que el derecho a la información no es privativo de los periodistas, así que este ciudadano no cometió ningún delito al intentar fotografiar con su móvil el desalojo del campamento.
Y para terminar el repaso a esta nuestra nerviosita Policía hay que mencionar uno de los casos que puede tener consecuencias más graves si alguien no pone un poco de cordura. Y cuando digo alguien me refiero a la Delegación del Gobierno en Canarias. Resulta que hace un par de semanas en Lanzarote, durante una manifestación pro saharaui, se produjo un rifirrafe con un policía de paisano que hacía fotos al grupo, rifirrafe que acabó con el agente sacando una pistola al verse increpado por los manifestantes.
Pues la cosa acaba con uno de los activistas, José Morales, que es uruguayo, con un expediente de expulsión abierto por, según la Policía, «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países». A Morales lo conozco desde hace algún tiempo. Y sí, tiene un peligro de la ostia. Lleva años denunciando el trato indigno que sufren los inmigrantes sin papeles en Lanzarote, la discriminación, el racismo, la falta de derechos; su temeraria conciencia le ha llevado también a alzar la voz a favor de los saharauis, que siguen siendo reprimidos y torturados en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos.
Fíjense si es peligroso este señor que hasta el Sindicato de Policía ha hecho un comunicado en el que asegura que se trata de una persona «muy conocida de la Policía de Arrecife, ya que es habitual en todo tipo de manifestaciones y concentraciones, pretendiendo liderar todas las protestas y algarabías que se produzcan, sean del tipo que sean con el fin de alterar el orden público, apareciendo en ocasiones en diferentes medios de comunicación». Por todo ello, el SUP le pide a Morales que se vaya de España. Participar en manifestaciones y salir en los medios de comunicación. Peligrosísimo.
Nos podrá caer mejor o peor José Morales, habrá cometido quizás algún exceso en su ardorosa defensa de aquello que considera justo, no lo sé, pero en cualquier caso me parecería un grave error expulsar a alguien de España por los hechos denunciados. Sobre todo, sin que haya una resolución judicial firme. La pelota está en el tejado de la Delegación del Gobierno en Canarias, a la que debe exigirse, por aquello de la responsabilidad, bastante más calma de la que han exhibido, hasta ahora, los funcionarios policiales a su cargo.
Tal y como se está poniendo el patio entre el paro, los recortes, los desahucios y la prima de riesgo de las narices, más valdría que alguien impusiera un poco de tranquilidad a estos policías a quienes todos aplaudimos cuando hacen bien su trabajo de detener a terroristas o a delincuentes, pero a quienes nadie ha concedido la impunidad de hacer lo que les venga en gana con sus porras y sus pistolas.
Fuente: http://www.guinguinbali.com/blog/invisibles/2011/08/policia-de-porra-facil.htm