Las elecciones generales del 20-N van a desarrollarse bajo una Ley Electoral que ya era escandalosamente antidemocrática. Pero hay un nuevo y gravísimo recorte democrático fabricado por el PSOE y el PP, con el apoyo de CiU y el PNV, que ha pasado inadvertido durante estos meses. Se trata de una reforma de la Ley […]
Las elecciones generales del 20-N van a desarrollarse bajo una Ley Electoral que ya era escandalosamente antidemocrática. Pero hay un nuevo y gravísimo recorte democrático fabricado por el PSOE y el PP, con el apoyo de CiU y el PNV, que ha pasado inadvertido durante estos meses. Se trata de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ( LOREG), aprobada mediante Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero por la que, entre otros cambios menores, se introduce la obligación para todos los partidos y coaliciones que no tengan representación parlamentaria de recoger el 0,1% de las firmas de las personas con derecho a voto en cada una de las circunscripciones por las que se quieran presentar. Todo el procedimiento se agrava porque, según la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC), no se puede proceder a la recogida de firmas antes de que se inicie el proceso electoral y estas deben estar convenientemente acreditadas ante un notario o fedatario público. Es decir, una candidatura que se quisiera presentar en las 51 circunscripciones del Estado español debería recoger más de 35.000 firmas, ponderadas por provincia y acreditadas con la copia del DNI, y presentarlas en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre, fecha oficial de convocatoria de las elecciones, y el 17 de octubre, plazo límite para la presentación de candidaturas ante la JEC.
Para organizaciones con medios materiales modestos la barrera se antoja infranqueable. En realidad, esta medida busca excluir de la participación electoral a un sector significativo de la ciudadanía que no se identifica con los actuales partidos parlamentarios, bloqueando así la aparición de nuevas alternativas y nuevas formas de hacer política frente a los aparatos profesionales que controlan el Parlamento.
Cuando el movimiento del 15-M pide una reforma en un sentido más proporcional de la Ley Electoral, los partidos mayoritarios, añaden en la práctica, nuevos e intolerables atentados contra el derecho de participación política. Para impedirlo exigimos al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que derogue de inmediato esta disposición de la LOREG, y al candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba que apoye esta derogación. De lo contrario, la supuesta «democracia» en la que vivimos sufrirá un nuevo y grave recorte, que se añade a los demás recortes sociales y democráticos que se están imponiendo desde hace largo tiempo.