Traducción para Rebelión de Loles Oliván.
Declaración y petición de apoyo promovidos por Denis Halliday y Hans von Sponeck, ambos ex Asistentes del Secretario General de la ONU y ex Coordinadores de Asuntos Humanitarios de la ONU para Iraq.
El 9 de diciembre de 2014, el Senado de Estados Unidos dio a conocer su informe de tortura de la CIA. La investigación confirmó lo que se conocía a nivel mundial desde hace muchos años: que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y las autoridades nacionales externalizadas de EEUU en Europa, en Oriente Próximo, en Norte de África y en otras partes del mundo, han estado involucrados en una serie extendida de aplicaciones de tortura.
Se dispone de pruebas incontestables, especialmente desde 2001, cuando comenzó la guerra de Afganistán, a través de las investigaciones realizadas por el Parlamento Europeo y por las autoridades judiciales nacionales, así como de dos importantes informes presentados por el senador suizo Dick Marty en 2006 y 2007 para el Consejo de Europa, sobre centros de detención secretos de la CIA en Europa, Oriente Próximo y otros lugares.
El informe del Senado estadounidense deja constancia clara del trato cruel, degradante e inhumano que han ejercido de forma continua a los prisioneros la CIA y sus colaboradores. Dicho trato no tiene justificación alguna ni aunque se tuvieran en cuenta las reservas con las que el gobierno estadounidense firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura en 1994.
Personal de la CIA y otros participaron voluntariamente en el seguimiento de las órdenes ejecutivas y directivas violando así la Convención contra la Tortura de la ONU y la Convención de Ginebra III. Por ello, han cometido delitos graves por los que deben rendir cuentas.
El Representante Especial de la ONU para la Lucha contra el Terrorismo y los Derechos Humanos, Ben Emmerson nos ha recordado que «la tortura es un delito de jurisdicción universal».
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, ha señalado que resulta «meridianamente claro», en virtud del derecho internacional, que Estados Unidos, que ratificó la Convención contra la Tortura en 1994, tiene ahora la obligación de garantizar la rendición de cuentas. Y agregó: «Si [EEUU] ordena, permite o comete tortura, reconocida como un grave delito internacional, no se le puede conceder impunidad por conveniencia política».
El presidente Obama debe entender que no someter a los perpetradores a la rendición de cuentas supone una victoria de la impunidad y tendrá implicaciones de largo alcance para la seguridad mundial.
Nosotros y nosotras, firmantes de todas partes del mundo, instamos al Gobierno de Estados Unidos y a su Fiscal General, a que inicie un proceso judicial con un sentido de urgencia, en cumplimiento de los principios de igualdad ante la ley. Si ellos no lo hacen, otros organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, asistidos por el derecho internacional, tendrán la obligación de asegurar que se haga justicia.
Firma la petición en: http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?id=1954