Mientras los egipcios acuden a las urnas para las elecciones parlamentarias, la carrera electoral está siendo dirigida por los resortes de la seguridad y la justicia, diseñados para reducir, examinar y, cuando conviene, humillar a los posibles rivales.
El calendario de la Autoridad Electoral Nacional (AEN) es bastante claro: votación en el extranjero los días 7 y 8 de noviembre, y votación nacional los días 10 y 11 de noviembre. Pero la parte significativa de la contienda se ha desarrollado mucho antes de la votación: en los tribunales, ministerios y oficinas de seguridad que deciden quién puede presentarse y en qué condiciones.
Las reglas del juego están ya inclinando la balanza. Egipto mantiene un sistema híbrido que combina escaños individuales con bloques de lista cerrada en los que el ganador se lo lleva todo. En la práctica, el umbral del 50% en las listas impide que los partidos más pequeños o independientes obtengan representación alguna, a menos que se integren en coaliciones aprobadas por el régimen. Los ajustes legales de mayo rediseñaron los distritos, pero dejaron intacto este mecanismo central, lo que garantiza otra legislatura que no es más que un mero trámite.
Las pruebas de la votación de la cámara alta (Senado) de este verano sugieren lo que se avecina: las listas alineadas con el Estado arrasaron y la participación rondó el 17%, un nivel más acorde con una participación controlada que con el entusiasmo de los votantes. Los propios anuncios de la AEN y los resúmenes de los observadores electorales subrayaron lo poco que se dejó al azar.
El control se extiende ahora profundamente a los cuerpos de los candidatos. Por primera vez, las autoridades exigieron exámenes médicos centralizados, incluyendo análisis de orina para detectar drogas y alcohol, y el Ministerio de Salud y la AEN especificaron los laboratorios y centros de recolección de muestras designados en todo el país. Los medios de comunicación afines al gobierno explicaron el requisito: los candidatos deben demostrar que no son consumidores de «drogas o sustancias tóxicas».
Como era de esperar, la prueba se ha convertido en un filtro político. En un caso emblemático, el candidato del Partido de la Alianza Popular Socialista en Mansura, Mohamed Abdel Halim, fue excluido después de que las autoridades alegaran que había dado positivo en una prueba de drogas. Presentó una segunda prueba, realizada en el mismo centro certificado, que demostraba que estaba limpio; sin embargo, su recurso fue rechazado.
El episodio pone de manifiesto cómo se puede utilizar arbitrariamente una herramienta médica para eliminar a los candidatos cuyas ideas políticas no gustan al Estado. El partido de Abdel Halim decidió finalmente retirarse por completo de la carrera.
Reducir el número de candidatos
El requisito de la prueba de drogas no es el único nuevo filtro. También se está recurriendo a los tribunales para reducir el número de candidatos. Apenas unos días antes del inicio de la campaña electoral, el Tribunal Supremo Administrativo de Egipto confirmó la exclusión del exdiputado Haitham el-Hariri de la carrera electoral por estar exento del servicio militar, lo que transformó una categoría de estatus personal en un motivo de inhabilitación política con efectos potencialmente devastadores.
La sentencia otorga efectivamente a la AEN la autoridad para purgar a cualquier persona con una situación similar, levantando otra barrera más para parte de la próxima generación de la oposición.
El dinero sigue siendo un filtro decisivo. El informe electoral del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio detalla cómo el simple hecho de presentarse a las elecciones puede costar alrededor de 41.000 libras egipcias (860 dólares), y los gastos de campaña se disparan mucho más allá de esa cifra. Una figura destacada de un partido progubernamental se jactó de que una «vía segura» para conseguir un escaño podía costar hasta 50 millones de libras egipcias, lo que deja fuera a las formaciones de la oposición que se niegan a negociar con la lista dominante.
El resultado neto es un parlamento comprado, preclasificado e inmunizado contra la disidencia.
Todo esto ocurre mientras Egipto se acerca a un punto de inflexión política. En virtud de los cambios constitucionales de 2019, el actual mandato del presidente Abdel Fatah al-Sisi se extiende hasta 2030; cualquier medida para prolongar su mandato necesitaría un parlamento dispuesto a aprobar las enmiendas necesarias por mayoría de dos tercios antes de un referéndum.
Esto hace que estas elecciones, por muy controladas que estén, sean fundamentales para determinar si Egipto consigue una prórroga más allá de 2030 o si organiza un traspaso de poderes tras Sisi estrictamente controlado por el mismo establishment de seguridad.
La estrategia más amplia del régimen ayuda a explicar la intensidad del control preelectoral. Al-Sisi tiene un problema de hegemonía. Las autoridades han vaciado los espacios políticos autónomos, al tiempo que intentan conjurar una fachada «civil» sin peso: lanzando nuevos partidos alineados con el régimen, microgestionando los medios de comunicación y movilizando estructuras corporativistas para gestionar los posibles disturbios sin aflojar su control.
La lógica consiste en reconstruir los amortiguadores que el expresidente Hosni Mubarak utilizó en su día para aliviar la presión, pero tras una década de coacción y militarización generalizadas, esos amortiguadores se han vuelto frágiles y la legitimidad pública se ha debilitado en medio de la deuda, la inflación y la austeridad continuada.
Proceso de selección
La crisis económica repercute directamente en las elecciones. Los costes que supone simplemente presentarse, incluidos los exámenes médicos, los depósitos y los trámites legales, sirven ahora como barrera de pago que filtra a los candidatos en función de su acceso a los patrocinadores del régimen, a los empresarios ricos o a su alineación con la lista dominante.
El Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio informa de que incluso partidos con una larga trayectoria se retiraron de las elecciones individuales porque no podían cumplir el umbral financiero, lo que supone una admisión implícita de que ahora son el dinero y la aprobación de seguridad, y no la política o las raíces del partido, los que deciden quién es viable.
El poder judicial tampoco actúa como contrapeso. Human Rights Watch ha seguido de cerca cómo las leyes promulgadas en 2024 ampliaron la autoridad militar sobre la vida civil y el alcance de los tribunales militares sobre los civiles. Si se combina ese clima jurídico con un régimen de pruebas de detección de drogas controlado por organismos ejecutivos y un sistema judicial dispuesto a interpretar la condición de militar como un veto político, el «Estado de derecho» se convierte en la regla de selección.
El resultado probable es conocido: una cámara baja repleta del Partido del Futuro de la Nación y sus satélites; un puñado de independientes cuyos vínculos locales los hacen útiles en lugar de peligrosos; y las figuras de la oposición se ven limitadas a candidaturas simbólicas en distritos individuales o en acuerdos para una presencia simbólica en las listas del régimen.
La vista previa del Senado ofrece una referencia a corto plazo para la participación. Si la votación de la Cámara de Representantes arroja cifras comparables, se confirmará que el régimen considera las elecciones principalmente como un ritual de ratificación, no como un lugar de disputa.
Aun así, la experiencia es importante. Dado que la Constitución somete cualquier prórroga del mandato presidencial al Parlamento, la composición de esta cámara nos dirá si El Cairo pretende normalizar un gobierno indefinido o si prefiere una transición controlada que preserve el dominio del complejo militar-securitario. Cualquiera de las dos vías depende de una legislatura seleccionada mediante pruebas de investigación, médicas y políticas, que comprimen la esfera pública antes de la elección.
Dos notas finales sobre la mecánica subrayan cómo se está organizando la contienda. En primer lugar, las normas de las pruebas establecidas por la AEN y el Ministerio de Sanidad no son meras medidas de higiene. Son un instrumento en el proceso de selección, dado que los resultados controvertidos pueden «mantenerse» incluso cuando se contradicen con nuevas pruebas del mismo laboratorio.
En segundo lugar, la sentencia sobre el servicio militar introduce un nuevo principio de exclusión en la ley electoral, que, según advierten los defensores de los derechos, podría excluir a miles de personas por motivos que no guardan relación con la competencia democrática. En conjunto, estas medidas convierten la candidatura de un derecho en un privilegio revocable.
En resumen, las elecciones parlamentarias de 2025 son menos una carrera abierta que un ajuste de control. Las fechas de las votaciones están fijadas, los procedimientos codificados y van a abundar las imágenes de normalidad. Pero la verdadera contienda sobre quién reúne los requisitos para ser candidato, cuánto cuesta aparecer en las papeletas y si el Parlamento ayudará a prolongar el mandato de Al Sisi más allá de 2030 se ha decidido ya entre bastidores. El resto es coreografía.
Hossam el-Hamalawy es un periodista y académico-activista que investiga sobre el ejército y los servicios de seguridad egipcios.
Texto en inglés Middle East Eye, traducido por Sinfo Fernández.