Estados Unidos tiene 2,3 millones de reclusos, una proporción de la población que supera sustancialmente la de cualquier otro país del mundo. La cifra de prisioneros que mueren entre rejas ha aumentado en un contexto en el que la población carcelaria se ha disparado en un 500% en los últimos 40 años. Según las últimas cifras nacionales disponibles de la Oficina de Estadísticas de Justicia, en 2014 murieron 4.980 presos en centros penitenciarios de Estados Unidos.
Imagen de la cárcel de Guantánamo.
El 10 de julio de 2015, Sandra Bland, de 28 años, fue detenida en Prairie View, en el estado de Texas. El agente Brian Encinia le dijo que no había puesto el intermitente de su vehículo. Tres días después de la detención, Brand fue hallada muerta en su celda. Aunque se dictaminó que la muerte fue un suicidio, sigue siendo un misterio cómo una privación de libertad desproporcionada por una infracción menor de tránsito acabó con la vida de la detenida.
«La arrestaron porque supuestamente puso en peligro la vida y la seguridad de este agente. En realidad lo que pasó fue que al policía no le gustó que le cuestionaran su autoridad «, explica a The Guardian Cannon Lambert, el abogado que ha representado a la familia de Bland.
Para muchos activistas, la muerte de Bland en un centro de detención, una de las más comentadas de los últimos años, demuestra la profunda reforma que necesita el sistema de justicia penal de Estados Unidos. Consideran que es necesario acabar con los prejuicios raciales de la policía, las prohibitivas sumas de las fianzas. Asimismo, creen que se debe abordar la falta de un sistema de atención a la salud mental de los presos, así como garantizar la correcta supervisión y los recursos adecuados para los reclusos bajo custodia. También es necesario reducir la desbordante cifra de reclusos en los centros penitenciarios. La muerte de Bland pone de relieve que todas estas carencias han generado una epidemia de muertes en las prisiones de Estados Unidos.
El aumento en la cifra de muertes de reclusos se ha producido en un contexto de aumento de la población carcelaria en un 500% en los últimos 40 años. Según las últimas cifras nacionales disponibles de la Oficina de Estadísticas de Justicia, en 2014 murieron 4.980 presos en centros penitenciarios de Estados Unidos, lo que representa un aumento de casi el 3% con respecto a 2013. En las prisiones estatales, la tasa de mortalidad fue de 275 por cada 100.000 personas, la más alta desde que se empezaron a recabar datos en 2001.
Una investigación de The Guardian revela que desde 2014 varios estados, entre ellos Texas y Florida, con la primera y tercera cifra de presos más alta de Estados Unidos respectivamente, han registrado tasas récord de mortalidad en cárceles o aumentos significativos. En la actualidad, Estados Unidos tiene 2,3 millones de reclusos; una proporción de la población que supera sustancialmente a cualquier otro país del mundo.
Si bien la mayoría de las muertes en prisión se deben a causas naturales derivadas del envejecimiento de la población carcelaria, también se han producido aumentos significativos en las tasas de mortalidad por suicidios, homicidios, accidentes, drogas y alcohol, y enfermedades no tratadas.
En el estado de Utah, por lo menos 71 personas han muerto en la cárcel en los últimos cinco años. La mitad de ellas se suicidaron y la mayoría, durante su primera semana tras el encarcelamiento. Las prisiones estatales de Utah tienen la tasa de mortalidad per cápita más alta de Estados Unidos. En agosto de 2018, la muerte de 16 presos en cárceles de Mississippi en tan solo un mes desencadenó una investigación del FBI.
Aumentan los suicidios
Una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos obligó al estado de California a reducir la población carcelaria del estado y como resultado los presos fueron trasladados a las cárceles de los condados. Sin los recursos necesarios para gestionar la llegada de presos, estas cárceles han registrado un aumento de homicidios.
Por otra parte, la tasa de muertes en las cárceles de Michigan es la más elevada en décadas y en 2018 se registró la mayor cifra de muertes de reclusos en el estado desde 1994. El estado no registra las muertes en las cárceles de una forma sistemática y coherente.
Por otro lado, en los últimos 20 años han aumentado los suicidios en las cárceles de Texas, el estado con más presos. De hecho, en 2018 se registró la cifra más alta de muertes de presos desde 2005. En 2018 también se dispararon los suicidios de prisioneros en Carolina del Sur y se registró una cifra sin precedentes. Los homicidios en las cárceles del estado también han aumentado.
Un informe publicado en 2017 por Rand Corporation señala la necesidad de reducir las tasas de mortalidad en las cárceles del país e identifica algunos cambios que son prioritarios para abordar este problema. «Se debería impulsar un sistema para evaluar a los profesionales médicos de los centros penitenciarios, ya que es necesario que en el momento de investigar y determinar la causa de la muerte [de un recluso] sean coherentes y rigurosos», indica Joe Russo, el principal responsable del informe.
El estudio también subraya que un problema al abordar las tasas de mortalidad en las prisiones es que los sistemas de notificación de varias jurisdicciones del país son poco rigurosas. Por ejemplo, el estado de New Jersey tiene una de las tasas de mortalidad más altas en las cárceles de sus condados. Sin embargo, se desconoce la cifra exacta ya que la recopilación y los informes no son fiables.
Según los datos disponibles, los suicidios en las cárceles de los condados de New Jersey aumentaron un 55% entre 2012 y 2016. En diciembre de 2018, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de New Jersey anunció algunos cambios para abordar los suicidios en las prisiones, pero los activistas que defienden la necesidad de reformar el sistema penitenciario están presionando para que se impulsen cambios más profundos.
«Es necesario que se intensifique la supervisión y la rendición de cuentas a muchos niveles: a empresas subcontratadas para proporcionar atención médica, sobre las normas y prácticas de la cárcel, en la toma de decisiones y en los informes del condado», indica Tess Borden, abogada de la rama en New Jersey de la Unión Estadounidense por las Libertades (ACLU). Ocho de las diez cárceles de condado del estado de New Jersey con las tasas de suicidio más altas subcontratan a la misma empresa privada de servicios médicos, CFG Health Systems.
La experiencia de Florida con la subcontratación de empresas que proporcionan atención médica es similar. En 2017 murieron 428 reos, una cifra sin precedentes. De hecho, ha aumentado a un ritmo constante desde el año 2000.
Algunas empresas subcontratadas para proporcionar asistencia médica a los presos de las cárceles de Florida han sido acusadas de no haber tratado a reclusos con enfermedades graves o haberles recetado ibuprofeno.
«En otros países hay mucho control, en Estados Unidos, no», denuncia el doctor Josiah Rich, director del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Prisioneros (Center for Prisoner Health and Human Rights) y profesor de medicina y epidemiología de Brown University.
El precio de los recortes y la falta de presupuesto
Durante los años en los que se registró un aumento en las tasas de mortalidad en las prisiones de Florida, el Gobierno del estado impulsó recortes drásticos en el presupuesto de los programas de personal penitenciario y programas de asistencia a los presos.
En Alabama, los déficits presupuestarios importantes y la falta de personal en las cárceles y centros de detención de todo el estado contribuyeron al aumento de las tasas de mortalidad de la población reclusa. Desde diciembre de 2017 se han registrado 15 suicidios en cárceles de Alabama y las prisiones estatales tienen una tasa de homicidio diez veces más alta que la media nacional.
En abril, el Departamento de Justicia señaló que el sistema penitenciario de Alabama probablemente vulnera la constitución de Estados Unidos porque no proporciona las condiciones de seguridad adecuadas para los presos. Solo un tercio de los funcionarios penitenciarios del estado cuenta con la autorización necesaria para realizar su labor. La población reclusa de las prisiones del estado duplica la capacidad de estos centros penitenciarios.
La epidemia en el aumento de las muertes en las prisiones y centros de detención del país se debe a la falta de presupuesto y de personal, negligencia y a la falta de un sistema adecuado para abordar los graves problemas de salud mental y física de personas que inevitablemente se encuentran atrapadas en el sistema de justicia penal.
Más de la mitad de los prisioneros en cárceles estatales cumplen los criterios para ser considerados dependientes o adictos. Cerca del 14,5% de los reclusos y más del 31% de las reclusas sufren enfermedades mentales graves. Muchos de estos presos reciben una atención médica insuficiente o simplemente no son tratados.
De hecho, este fue el caso de Janice Dotson Stephens, una mujer de 61 años con una enfermedad mental grave. Murió el 14 de diciembre de 2018 en el centro de detención del condado de Bexar, en Texas, tras haber pasado cinco meses entre rejas por un delito menor de allanamiento, por el que se le impuso una fianza de 300 euros. Durante los cinco meses que estuvo detenida nunca compareció ante un juez y esperó en vano a que le fuera practicada una evaluación psiquiátrica.
«Nos dieron su expediente médico hace dos semanas. Perdió 62 kilos en 150 días y los funcionarios penitenciarios sabían desde el mismo momento de su arresto que la mujer tenía hipertensión y esquizofrenia, ya que constaba en su base de datos», indica la abogada Leslie Sachanowicz, que representa a la familia de Dotson Stephens en un juicio contra el condado de Bexar, el policía que la detuvo y la empresa que proporcionaba asistencia médica en el centro de detención.
Sachanowicz denuncia que el historial médico de la reclusa es una hoja en blanco. «A Dotson-Stephens no le proporcionaron asistencia médica», afirma.
Traducido por Emma Reverter.
Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/muerte-gente-carceles-EEUU_0_905009932.html