Las consecuencias sociales de la Pandemia del Covid-19, el desempleo y la pobreza, se están desbocando y afectan a un número creciente de personas en Extremadura. Según los datos estadísticos el paro sobrepasa ya ampliamente a las 100.000 personas, con unos porcentajes superiores al 21 % de la población activa, que en el caso del paro juvenil son superiores al 40 %.
Las previsiones económicas y sociales nos anticipan un horizonte preocupante, de tal modo que se prevé que la exclusión social y la pobreza severa se extiendan con rapidez entre la población extremeña. Además, la tramitación de las prestaciones, subsidios, ayudas sociales y el Ingreso Mínimo Vital que pudieran paliar en cierta medida la situación, están paralizados o transcurren a una lentitud infinita.
Las administraciones públicas, estatal y regional, aunque tienen recursos más que suficientes no tienen el mínimo interés en aumentar los presupuestos destinados al gasto social, mostrando de este modo el desprecio, el odio a las personas pobres y dejando que familias con una pobreza severa permanezcan en la exclusión social.
El Presidente Vara debe descansar de tantos altos vuelos, reuniones y diálogos nunca concluidos, para “bajar a tierra” y solucionar los problemas de un número importante de familias extremeñas, cada vez más numeroso, que sobrevive con muchas dificultades.
Las políticas sociales reducen su ámbito público de acción y se encaminan a lo que ahora se denomina colaboración público-privada, o lo que es lo mismo que decir que el dinero lo ponen las administraciones públicas y los beneficios se los llevan las empresas privadas. Sólo hay que mirar los presupuestos para comprobar cómo se promociona lo privado tanto en la sanidad, la educación o en la dependencia y cómo los presupuestos para el empleo se orientan especialmente a las subvenciones y ayudas empresariales; es resumen, el Sr VARA y el PSOE aceptan como algo normal la convivencia con la pobreza y la precariedad.
Desde los movimientos sociales Campamento Dignidad y Mérida Solidaria vamos a seguir trabajando para construir solidaridad, para que se levanten y organicen las clases trabajadoras, y especialmente los grupos sociales más necesitados, a pesar de los temores de la pandemia y de las políticas publicitarias del aparato del estado de que todo esto entra dentro de la normalidad y de que nadie se queda atrás.
A pesar de la desmovilización que actualmente se da entre la clase obrera, entre otras razones, por la inoperancia de las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT derivada de su subordinación a los poderes institucionales y a la influencia negativa que provoca el miedo a la pandemia, tenemos la firme voluntad y el compromiso irrenunciable de pelear contra estas políticas antisociales que merman los derechos humanos más básicos e imprescindibles para una vida digna y de bienestar.
Muchas son las reivindicaciones que necesariamente nos obligan y tenemos en nuestro horizonte desde una Reforma Agraria que transforme todo el panorama económico y social de EXTREMADURA hasta cuestiones a más corto plazo que solucionen las necesidades más perentorias de amplias capas de la población como el empleo, la regularización de inmigrantes pasando por la defensa de la sanidad pública, la renta básica de emergencia, el pago del desempleo y el subsidio a las trabajadoras del hogar, etc.
Por eso, vamos a seguir exigiendo:
1.- PROGRAMAS DE EMPLEO. Las administraciones tienen que incrementar los escasos recursos que destinan a combatir el desempleo. En la actualidad, la situación en Extremadura es vergonzosa, los presupuestos para hacer frente al desempleo son ridículos, llegan a pocas personas, durante pocos días y muchas veces con unos salarios indecentes.
2.- DERECHO A LA VIVIENDA, CON LA PROHIBICIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS tanto los generados a consecuencia del Covid-19, como los que son anteriores y no tienen su origen en el Covid-19.
En este orden de cosas, la Junta de Extremadura no tiene una política para satisfacer las necesidades de un numeroso grupo social que carece de viviendas, sino que toma medidas que sólo favorecen a ciertos sectores sociales con cierta capacidad adquisitiva. Los problemas básicos que padecen los grupos humanos más desfavorecidos de la Comunidad Extremeña no están en la agenda de la Consejería de la Vivienda. La desidia y la falta de iniciativa de la Junta en este terreno es notable.
En las localidades más importantes hay suficientes viviendas en manos de las entidades financieras o administraciones públicas que quedan abandonadas, generando bolsas de escombros en medio de la ciudad. En numerosas ocasiones hemos reclamado la constitución de Bancos Locales de Viviendas para dotarlos con las que venden particulares para su posterior alquiler social.
Las ayudas al alquiler es la medida favorita de la Consejería de la Vivienda. No obstante, existen limitaciones importantes para que un buen número de las familias que viven en alquiler puedan recurrir a este tipo de ayudas. El motivo principal, muchos de los alquileres de las familias pobres no se ajustan a la ley de arrendamientos urbanos. A veces las condiciones habitacionales no son las adecuadas, infraviviendas o viviendas compartidas. En otros casos, los dueños no quieren que la hacienda pública conozca que tienen los pisos alquilados, o son los propios inquilinos quienes no desean la legalización del contrato que podría suponer un incremento del alquiler.
3.- Una RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA que sustituya a todas las ayudas sociales, subsidios y pensiones mínimas con unas cantidades ajustadas a lo que indica la Carta Social Europea, suficientes para vivir dignamente.
La existencia de una renta básica digna y suficiente evitaría todo un conjunto de ayudas y socorros que sólo sirven para estigmatizar a los pobres, su control social y mostrar la imagen de farsa e hipocresía de un Estado Benefactor que mira por los más humildes y desvalidos de la sociedad.
Todos estos mecanismos están al servicio del capital para controlar a la enorme reserva de fuerza de trabajo que no encuentra acomodo en el sistema, y además, va a ir creciendo con la robotización, la tecnología y la profunda crisis económica del capitalismo.
Todos los miembros de las unidades familiares que cobran la renta básica de inserción extremeña, unos 530 euros, deben realizar una serie de actividades que vienen a ser formas de control social que normalizan, regularizan y hacen ver ante la sociedad la justificación de que se cumplen ciertos requisitos para acceder a estas ayudas.
El más importante, es el proyecto individualizado de inserción. Es un programa de actividades para los que se exige el compromiso del conjunto de la unidad familiar que cobra la renta básica extremeña de inserción. Entre otras, la asistencia a una serie de cursos de “aprendizaje y formación” que en la mayoría de los casos no sirven absolutamente para nada, la obligación de llevar al día la firma de la tarjeta de paro, etc. En caso de no cumplir con estos compromisos se le retira la ayuda social.
En Extremadura al igual que en otras comunidades crece la necesidad del recurso a la caridad. La distribución de alimentos que realizan las organizaciones y movimientos sociales, entre ellos Campamento Dignidad y Mérida Solidaria, es una prueba palpable de que todo este abanico de caridad es preferible, por ser mucho más económico y fructífero para el Estado que poner en marcha acciones que generen trabajo y riqueza y se enfrenten a la crisis económica y acaben con el subdesarrollo estructural que padecemos.
Los repartos de alimentos que humillan a las personas, estigmatizan la pobreza y sirven para el control social de los más pobres se han generalizado entre amplios sectores de la población, siendo en estos momentos un recurso necesario e imprescindible para poder llevar algo a la boca.
Ninguna familia debiera tener la necesidad de dedicar un buen tiempo de su vida a recorrer las administraciones públicas y los servicios sociales solicitando y presentando documentos para cobrar los MÍNIMOS VITALES que concede la Junta de Extremadura.
Los mínimos vitales suponen unos 600 a 900 euros al año como ayudas para el pago de los suministros básicos, se concede a algunas familias según la interpretación discrecional de la valoración de la necesidad económica realizada por los servicios sociales municipales.
En muchas ocasiones el acceso a estas ayudas que tramitan los Municipios con fondos regionales, están fuera del alcance de buen número de quienes lo necesitan. Los inquilinos no pueden presentar las facturas del consumo de luz y agua, requisito exigido por la compañía suministradora, puesto que los propietarios de las viviendas se niegan a los cambios pertinentes para que en las facturas emitidas aparezca el nombre de los inquilinos.
La administración regional conocedora de la incapacidad económica para hacer frente a pequeñas incidencias de carácter doméstico que suelen ocurrir en una vivienda, aprueba en el presupuesto regional una partida a la que denomina CONTINGENCIAS.
Para ello, quienes sufren el deterioro de sus cocinas, lavadoras, televisores u otros electrodomésticos y demuestren su estado de precariedad pueden solicitar pequeñas ayudas hasta una cantidad máxima de 1000 o 1500 euros, para lo que es preciso superar un buen número de obstáculos administrativos.
Todas estas partidas presupuestarias no serían necesarias si hubiera unos empleos dignos o unas ayudas sociales que permitieran un mínimo bienestar. Unos ingresos dignos y suficientes evitarían que las personas estuvieran dedicando una buena parte de su tiempo a recorrer administraciones y servicios públicos solicitando documentos y rogando el cobro de estas ayudas.
La Administración capitalista al tiempo que condena a un sector de la población a subsistir en la angustia vital que nace de la pobreza y de la precariedad, la obliga a que su vida se transforme en un ir y venir recorriendo oficinas, pidiendo documentos o cumpliendo actividades inútiles y sin sentido. Después de todo esto, nos venden al Estado como un ente Benefactor que no deja a nadie atrás y está al servicio de los más pobres y necesitados.
Para que los derechos se cumplan, la clase trabajadora, y muy particularmente, las personas sin empleo, en situación de vulnerabilidad, tenemos que movilizarnos, salir a las plazas y calles, para exigir el cumplimiento de nuestros derechos.
Juan Viera Benítez, miembro de Campamento Dignidad y Mérida Solidaria