Las páginas de los periódicos se han llenado este verano de esquelas recordando a las victimas de la sublevación militar contra el gobierno legalmente constituido de la II República. Desde el pequeño gesto de hacer imprimir un recordatorio, cientos de familias han querido expresar su malestar por el borrador de ley adoptado por el Gobierno […]
Las páginas de los periódicos se han llenado este verano de esquelas recordando a las victimas de la sublevación militar contra el gobierno legalmente constituido de la II República. Desde el pequeño gesto de hacer imprimir un recordatorio, cientos de familias han querido expresar su malestar por el borrador de ley adoptado por el Gobierno socialista sobre el «Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». Un borrador de ley que no solamente no satisface la reivindicación central del movimiento por la recuperación de la memoria histórica, la anulación de las sentencias de los juicios de excepción franquistas, sino que al situar en un mismo plano a «todas las victimas injustas de la guerra civil» intenta convertir en un problema de satisfacción individual lo que fue ante todo una confrontación política colectiva. Lo injusto no fue una u otra decisión de los tribunales de excepción franquista. Lo injusto fue su propia formación y funcionamiento inconstitucional, que determino el carácter de todas y cada una de sus decisiones.
La aprobación del borrador de ley llega en el último momento que puede hacer posible su aprobación por el parlamento antes de que finalice el proclamado «Año de la Memoria Histórica». Tras más de año y medio de trabajos preparatorios, el Gobierno ha aceptado una tesis de sectores conservadores del Tribunal Supremo sobre la no retroactividad de los derechos fundamentales. Los juicios de excepción del Franquismo se habían celebrado «de acuerdo con la ley vigente». Y se obvia la discusión sobre la constitucionalidad misma de esa ley, solo sostenida por la fuerza de las armas.
Como ha señalado otro miembro del Tribunal Supremo, Martin Pallín, esta interpretación es incompatible con la legislación internacional actual sobre derechos humanos y la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad. Como bien ha subrayado otro prestigioso jurista, Jiménez Villarejo, corresponde al fiscal perseguir de oficio los más de 60.000 casos de desaparición de victimas antifranquistas que siguen sin resolverse. El proyecto de ley aprobado hace dejación de esta obligación de un estado democrático. Es más, a pesar de la condena -aunque sin nombrarlo- del régimen franquista hecha por el Parlamento el 20 de diciembre del 2002, de la condena abierta del Parlamento Europeo este año, la posición del Gobierno vuelve a refrendar la ambigüedad de la propia Constitución de 1978 sobre los orígenes mismos del actual régimen monárquico liberal, cuyo origen no es otro que la legalidad «reformada», pero no rota de la Dictadura franquista.
El borrador de ley recoge otros aspectos igualmente defraudates: sobre la sustitución de las placas conmemorativas en los edificios públicos «que no recuerden a todas las victimas de la guerra civil o tengan símbolos franquistas», o la no obligación de su desaparición en los edificios de la Iglesia Católica; el mantenimiento de las tumbas de Franco y Primo de Rivera en la Basílica del Valle de los Caidos, «limitado» ahora al culto privado; el carácter restrictivo de las ayudas económicas para la apertura de las fosas comunes…
No es de extrañar que las distintas federaciones de asociaciones de la memoria histórica, como la catalana o la valenciana, o el Foro de la Memoria Historica o AMESDE, hayan expresado ya públicamente no solamente su frustración política sino una cierta sensación de traición a una memoria histórica que el Gobierno se había comprometido a convertir en la piedra angular de la definitiva ruptura con la legalidad franquista, viva y actuante para cientos de miles de personas y sus descendientes en las sentencias de los tribunales franquistas.
IU y EUiA han denunciado el actual borrador. Para este texto, no hacen falta los votos de la izquierda, que debe seguir defendiendo la principal reivindicación de las Asociaciones de Memoria Histórica: la anulación de las sentencias de los tribunales de excepción del Franquismo. La titularidad imprescriptible de derechos como tener un juicio justo, a no ser torturado o ejecutado extrajudicialmente son pilares básicos sin los que no existe un estado de derecho, como no existió bajo el Franquismo.
Con la ayuda de las Asociaciones de Memoria Histórica, IU-ICV preparan una batería de enmiendas para cambiar la naturaleza misma del borrador de ley del Gobierno. Sin esos cambios esenciales, el borrador de ley no cumple otra función que mantener la ficción de la legalidad del terror franquista y pretender convertir sus consecuencias en un problema de injusticia individual.
Desde las Asociaciones de Memoria Histórica hay que mantener la batalla, continuar con la apertura de las fosas comunes, con la recuperación de cada una de las victimas del franquismo, con la búsqueda de los desaparecidos. Ellos no pueden ser olvidados, mientras se siguen celebrando misas diarias en el Valle de los Caídos por Franco.