Para la ciudadana Mercedes Iglesias Serrano, que jamás ha querido ser princesa ni Infanta. En su aniversario Nuestro, es decir, su ministro de Exteriores (¡y de Cooperación!), el mismo político profesional que se ofreció para «mediar» entre el gobierno legítimo de Venezuela y una oposición ultramontana de derecha extrema que ha provocado hasta el […]
Nuestro, es decir, su ministro de Exteriores (¡y de Cooperación!), el mismo político profesional que se ofreció para «mediar» entre el gobierno legítimo de Venezuela y una oposición ultramontana de derecha extrema que ha provocado hasta el momento diez muertos tras su derrota electoral el pasado 14 de abril, don José Manuel García Margallo, éste es su nombre, el mismo político de derecha neofranquista que impide que las víctimas del franquismo testifiquen ante la Justicia argentina, el gran amigo del opusdeísta Jorge Fernández Díaz, el del «aborto tiene algo que ver con ETA pero no demasiado» (probablemente en la misma o menor escala que su cerebro está vinculado con la racionalidad y el sentido común crítico), es una joya, una verdadera y reconocida joya real. Y habla tan claro, y al mismo tiempo tan turbio, como el agua del Ebro tras pasar por el lodazal químico-radiactivo de Flix.
¿Por qué es una magnífica noticia la decisión -que presenta numerosas y no homogéneas caras que merecen y deben ser comentadas- del Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de levantar, por el momento, la imputación de la hija del rey Borbón mientras el juez instructor del caso Nóos justifica si la esposa del yernísimo incurrió en fraude fiscal? Pues porque es, nada más y nada menos, tachín-tachán, «una Infanta de España» [1]. ¡De España!, con el mayor énfasis del mundo e incluso del más allá.
Dos orejas y un rabo para el señor Ministro. ¡Ole por sus narices y por su profunda reflexión! Recordemos sus palabras de hace un mes. El pasado 4 de abril, al conocerse la imputación de la ejecutiva de Caixabank (que por cierto aún sigue en activo sin haber recibido sanción ni traslado alguno, caso inaudito en la larga historia de la Caixa de don Fainé), el titular de Exteriores admitió la «enorme preocupación» del Gobierno ante asuntos que afectan a instituciones tan esenciales como la Monarquía y pidió que este asunto se sustanciara «con rapidez», con la máxima rapidez. La situación no beneficiaba en nada a la «Marca España» (¡qué infamia tan inconmensurable!) y el logo «España» está, como es sabido, por encima de todo.
Lo ha conseguido, lo han conseguido. La sentencia, como era de esperar, no se ha hecho esperar. Demasiadas fuertes-presiones para «Gálvez»: la casa Real, el gobierno, el PP, el fiscal general del Estado, el fiscal subordinado, incluso don Miquel Roca i Junyent, el gran prohombre de la burguesía catalana amb seny (i diners). Todos a una -¡la reacción unida jamás será vencida!- no es fácil pararlos. Era prácticamente imposible que la hija de la primera autoridad del Estado, una Borbón hija de Borbón y de princesa griega exiliada, fuera tratada como cualquier otro ciudadano o ciudadana, un imposible político-metafísico en esta España de corrupción, desigualdades, hundimientos, charanga y pandereta que helaba con razón el corazón y el alma republicano-socialista de don Antonio Machado (¿Qué pensarían de la situación actual de nuestro país de países, él y don Valle Inclán, si levantaran la cabeza, pongamos, unos 1.936 segundos?)
Pero no hay que desesperar.
La sentencia ha salido con un ajustado 2 a 1 y hay una estimación parcial del recurso del fiscal, dejando al juez la posibilidad de otra imputación por defraudación fiscal. «La imputación queda de momento en suspenso, lo cual no quita que pueda verificarse posteriormente», señala el auto. No es una derrota como la del Barça ante al Bayern, nada que ver. Tiene sus lados oscuros por supuesto. ¿Cómo un auto puede exigir poner término a la entrega de correos? ¿Existen muchos precedentes? ¿Que la entrega a cuentagotas es una estrategia calculada de la defensa de Torres para agitar las aguas de la opinión pública, sin olvidar, por otra parte, que don Torres, doctor por ESADE, no es ningún ángel celestial caído en desgracia por mala suerte o por alguna conspiración real? Por supuesto, claro, sin atisbo para ninguna incertidumbre razonable. ¿Y? ¿No es normal en esas luchas entre titanes el uso de cualquier procedimiento? ¿Dónde se ubica el escándalo?
El juez Castro, el bueno de esta película sin dudas razonables, tiene pendiente de justificar, de documentar, si la señora esposa del yernísimo incurrió en (presunto) fraude fiscal. Si fuera así, si el fraude revoloteó y se concretó en los interiores de la mansión barcelonesa de los Duques palmesanos (con probables ayudas exteriores), deberá decidir si la imputa nuevamente por un posible delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales. La sección segunda de la Audiencia ha acordado tan sólo (insisto, por resultado ajustadísimo) dejar sin efecto la citación de la infanta por el caso Nóos, suspendiendo por tanto su imputación pero, y el punto es más que importante, «a la espera de que el juez instructor recabe más información sobre su presunta implicación en un delito contra la Hacienda pública».
IU ha sostenido con razón que la justicia ha dado un trato especial a la Infanta Cristina [2]. De manual básico: es la hija de la primera autoridad del Estado, un político profesional donde los haya que está (antidemocráticamente) por encima de las leyes. Y tal vez esa singularidad histórico-física, que dirían los cosmólogo, se herede en los genes o en los memes sociales. Gaspar Llamazares, nada propenso a los radicalismos, ha señalado que «La Infanta Cristina no es igual ante la ley que un españolito de a pie». Es obvio que no, dígalo Agamenón, Llamazares o algún porquero rebelde. Otro diputado de IU, Ricardo Sixto, ha lamentado que el Gobierno, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, haya impedido que un miembro de la Casa Real declare en los tribunales. Retórica política, pero de la buena en este caso. Si la infanta Cristina, ha añadido, «no fuera la hija del rey de España, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Abogacía hubieran actuado como lo han hecho y la imputación se hubiera mantenido». Parece más que razonable su consideración. No existían precedentes si no ando errado.
¿Y el PSOE? No sabe, no contesta, como suele ocurrir en estos asuntos «de Estado», y respeta la decisión. La vicesecretaria general del PSOE, doña Elena Valenciano, ha expresado su respeto a la decisión de la Audiencia de Palma:. «De la misma manera que respetamos en su día la decisión del juez, el PSOE respeta la decisión que ha tomado la Audiencia con respecto al caso de la infanta Cristina». Punto y aparte, una reflexión de altura… De altura PSOE quiero decir.
El juez instructor José Castro y el fiscal Pedro Horrach (al que el PP tiene también en su punto de mira por otros asuntos relacionados), que impulsan la causa a la par a pesar de su discrepancia en este nudo del proceso, supondrían probablemente que las cosas iban a quedar como estaban y con la Infanta imputada. Era tradición, han errado tal vez. Pero el mundo de la justicia y la resistencia no ha llegado a su fin, no estamos «tocados y hundidos». El magistrado que firma el voto particular, Juan Jiménez Vidal, en sus 10 folios de réplica al auto (de unas 40 páginas para justificar que la imputación es improcedente) se pregunta, con razón, cuántas imputaciones había impugnado anteriormente el fiscal (la respuesta es 0) y se interrogaba sobre el significado del «principio de igualdad» que, en defensa de la Infanta (¡vivir para ver!), ha vindicado el fiscal Pedro Horrach.
Jiménez, favorable a la imputación de la doña Cristina de Borbón, defiende razonablemente la autonomía del instructor para encaminar el proceso. Avala, por otra parte, una buena parte de los argumentos esgrimidos sobre los netos indicios de criminalidad -¡de criminalidad!- sobre las actuaciones de la hija del Rey de España. No es poca cosa. Valdrá la pena comentar en próximas entregdas pasos de su voto particular y estar alertas a las nuevas investigaciones sobre fiscalidad del juez instructor, donde difícilmente podrán encontrarse excusas por muchos que sean los movimientos que realice la Casa Real y sus tenebrosos y poderosos tentáculos (con don Miquel Roca i Junyent, un ex militante de los FLP, como don Pasqual Maragall, dirigiendo el concierto de la reacción).
Por cierto, ¿es o no significativo el silencio de don Felipe, el hermano de la ex imputada? Item más: en el fondo, ¿no tendrá todo su origen en una mala elección del modelo de profeta ejemplar en la figura y en las prácticas de don Juan Carlos I de Borbón y Borbón?
Notas:
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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