Con el envío del navío de guerra Baptista de Andrade a patrullar las aguas jurisdiccionales de Cabo Verde, el gobierno de Portugal optó por entrar de lleno en la lucha contra el tráfico de seres humanos desde África subsahariana hacia la Unión Europea (UE). La acción militar preventiva se realizará en estrecha colaboración con Cabo […]
Con el envío del navío de guerra Baptista de Andrade a patrullar las aguas jurisdiccionales de Cabo Verde, el gobierno de Portugal optó por entrar de lleno en la lucha contra el tráfico de seres humanos desde África subsahariana hacia la Unión Europea (UE).
El ministro portugués de Defensa, Nuno Severiano Teixeira, explicó en su momento que la corbeta está en «una misión (del país) en el marco multilateral que tiene como objetivo fundamental la vigilancia de las aguas en la lucha contra la inmigración ilegal en las costas que van desde las (islas españolas de) Canarias hacía el sur, hasta Cabo Verde».
La misión de 45 días la «Baptista de Andrade», que zarpó la semana pasada, se inscribe en un acuerdo de cooperación firmado por Portugal y Cabo Verde, en el ámbito de la Agencia de Fronteras Externas de la UE (Frontex), que el 11 de este mes comenzó la operación aeronaval Hera-II para el control del flujo migratorio hacia las islas Canarias. La Frontex, formada por los 25 países miembro de la UE, financiará 80 por ciento de los 3,2 millones de euros (más de cuatro millones de dólares) que costará la operación Hera-II, que cuenta también con la cooperación bilateral de Cabo Verde.
La suma se destina a ayudar a financiar la corbeta lusa y de un navío italiano, de dos aviones que sobrevolarán la zona, de los cuales uno también es italiano y el otro finlandés, así como a los helicópteros españoles que operan en las playas de África.
El secretario de Estado (viceministro) de Interior de Portugal, José Magalhães, recordó en declaraciones a la prensa local el martes que «lo que hay de novedad en esta misión es que fue decidida por el Consejo de Justicia y Asuntos Internos de la UE, por proposición de Portugal».
«Había necesidad de proteger las aguas territoriales de Cabo Verde y es en ese sentido que Portugal propuso que Hera-II fuese ampliado» al mar territorial del archipiélago luso-africano, apuntó Magalhães, al explicar que la operación de la UE ya estaba en acción en las costas de Senegal y de Mauritania.
Según el gobernante, la regla de toda la misión Hera-II «es que es en la fuente donde los traficantes de seres humanos deben ser impedidos de ‘lanzar’ para las Canarias u otros puntos, personas indefensas que después serán colocadas en una situación bárbara».
No es para hostilizar a los inmigrantes, sino que «es contra los traficantes que esta acción se dirige, para intentar evitar que realicen descargas criminales de seres humanos, abandonados indefensos en nuestras costas (de la UE)», enfatizó el viceministro luso.
Al concluir, Magalhães explicó que «se trata de una acción de prevención y humanitaria, que por primera vez conjuga fuerzas armadas y servicios de seguridad», la cual después de los 45 días será evaluada su eficacia para que, según «su éxito o fracaso», decidir si se prolonga.
Sin embargo, el combate contra la inmigración irregular, en especial en lo referente a la colaboración diplomática y policial con España, es mucho más vasto que las patrullas de la corbeta Baptista de Andrade en aguas de Cabo Verde, una de las rutas utilizadas para llegar al archipiélago español, 1.400 kilómetros más al norte.
Un ejemplo de esta cooperación ibérica fue dado a IPS por Manuel Jarmela Palos, director general del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF). Por ejemplo, «si España no cuenta con representaciones diplomáticas, agentes fronterizos de ese país podrán ser adscritos a las embajadas o consulados portugueses, como es el caso de Cabo Verde». «No estamos contra la inmigración, porque, como es sabido, Portugal modificó su ley hace algunas semanas y existe una gran apertura a trabajadores extranjeros, pero sí estamos empeñados –y también en este sentido asumimos nuestra responsabilidad como una de las mayores fronteras externas de la UE y como buen vecino de España– en combatir el tráfico de seres humanos», añadió Jarmela Palos. El director general del SEF recordó que «actualmente viven en situación regular en Portugal 460.293 inmigrantes, a los cuales se deben sumar los titulares de los diversos visados consulares de estudio, trabajo y estadía temporaria».
Este número constituye una alta proporción, si se considera la población portuguesa de sólo 10,2 millones de personas y sin tomar en cuenta a unos 200.000 inmigrantes indocumentados, a los cuales el SEF no se refiere, pero que son citados con frecuencia en reportajes de la prensa local.
De ser atendibles estas cifras de la comunicación social, basadas en las asociaciones de inmigrantes, esa comunidad de extranjeros se traduciría en 6,5 por ciento de la población residente en el país, uno de los más altos porcentajes de la UE. Pero Jarmela Palos explica que «el SEF opta por no divulgar estimaciones de ilegales (indocumentados), porque, teniendo en cuenta la naturaleza y la condición de ilegalidad, toda cuantificación carecería de rigor».
La cuestión del flujo de personas de África subsahariana a la UE no se presenta tan urgente para Portugal, cuyos inmigrantes tradicionales provienen de sus ex colonias y de algunos países de Europa oriental.
La inmigración proveniente de los países que formaron parte hasta inicios de la década del 90 del llamado campo socialista europeo, en especial Ucrania, Moldavia, Rusia y Rumania, constituye una población cercana a las 180.000 personas.
Para Jarmela Palos, las comunidades más representativas por país, son la brasileña, la ucraniana y la caboverdiana, pero en su totalidad, «por razones históricas, los flujos migratorios provenientes de las naciones de lengua portuguesa asumen especial relevancia, constituyendo cerca de la mitad de la comunidad extranjera en el país».
Si bien es cierto que «cada país tiene ‘sus’ inmigrantes fruto de las herencias coloniales, que crearon lazos históricos, culturales y lingüísticos privilegiados, en Portugal se asistió últimamente a una mayor diversificación de nacionalidades», explicó el director del SEF.
Con sus documentos en regla, se encuentran extranjeros «de más de 140 nacionalidades, desde las tradicionales de los países de lengua oficial portuguesa, hasta la lejana Papúa-Nueva Guinea, alterando substancialmente el panorama de la inmigración en Portugal», afirmó Jarmela Palos.
Para Portugal, el problema de la inmigración mediante el comercio humano ilegal a través de las Islas Canarias, no representa un peligro inmediato, pero el gobierno ya está preparando planes de contingencia para impedir entradas clandestinas a través del mar.
La vasta y poco patrullada costa portuguesa, debido a la falta de medios, la convierten en vulnerable, muy especialmente en las regiones de Algarbe, en el extremo sur del país y en el archipiélago atlántico de Madeira, ubicado frente a Marruecos, a tan solo 450 kilómetros al norte de las Islas Canarias.
El coronel Aprigio Ramalho, ex comandante de la II Región de Guardia Nacional Republicana (GNR), que contempla la zona del centro del país, el área de Lisboa y una porción del meridional Alentejo, dijo a IPS que, «mientras las estaciones privadas de televisión tienen helicópteros para sus reportajes, la policía sólo tiene vehículos terrestres y unas cuantas lanchas».
La situación es tan precaria, que «muchas veces, la GNR logra detectar traficantes de drogas y comerciantes de seres humanos gracias a advertencias de los pilotos de los helicópteros de la Guardia Civil española que patrullan zonas fronterizas», deploró Ramalho.
Por ahora, la costa del océano Atlántico es menos atractiva que la del mar Mediterráneo para los flujos migratorios, pero a medida que van siendo «blindados» otros puntos de la frontera externa de la UE, como Italia, España y Malta, «el riesgo aumenta y no podemos crear la ilusión de que Portugal está inmune», apuntó por su parte el ministro luso de Interior, Antonio Costa.
La principal preocupación del gobierno luso se centra en Cabo Verde y en Madeira, que según los expertos reúnen todas las condiciones para asumir el papel de trampolines para el tráfico ilegal de inmigrantes hacia Canarias, cuyo destino final por ahora es España, la puerta de entrada al mundo de los ricos de la UE.
A pesar de que el ingreso por habitante canario está por debajo del promedio español y que ese archipiélago forma parte del grupo de regiones ultra periféricas de la UE, su nivel de vida deslumbra a los inmigrantes, que en 90 por ciento provienen de Mauritania, Malí, Gambia, Guinea-Bissau y de Guinea (ex Conakry).
En el caso más extremo, la riqueza de España es 26 veces mayor a la de Malí, según datos del Banco Mundial, mientras el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo revela que la esperanza de vida en Malí es de 48 años, en Mauritania de 52,7 y en Senegal de 55,7 años, frente a los 79,5 años de España.
Maria Teresa Tito de Morais, presidenta del Comité Portugués para los Refugiados, dijo a IPS que dentro de poco «nuestro país podrá enfrentar problemas similares a los de España, porque, «mientras no exista una política de desarrollo en el origen de estas vastas migraciones, ni el océano impedirá el deseo legítimo de estas poblaciones por cambiar de vida».