Posada Carriles: ¿Absuelto en Venezuela?

El cacareo es el mismo en los medios, clones simultáneos de la noticia: «Luis Posada Carriles fue absuelto dos veces por la justicia venezolana y la extradición, por tanto, no procedería».

Si alguien se toma el trabajo de revisar los buscadores informativos de Google, servicio que permite rastrear en Internet lo que han publicado las versiones digitales de la prensa mundial en inglés y en español, encontrará 1 229 referencias a la supuesta doble absolución del terrorista en Venezuela, de ellas 953 en el idioma de Shakespeare. Una mentira insistentemente repetida es ya, en apariencias, una verdad.

La impresión que deja semejante letanía es que el gobierno venezolano lo persigue injustamente, pues -se dice- los tribunales liberaron de cargos comprometedores a Posada Carriles, en juicios que tuvieron lugar hace más de 20 años.

De una afirmación falsa siempre se deduce una conclusión errónea. No importa que la premisa sea incierta. No importa que este señor haya dirigido la voladura de un avión que mató a 73 personas -más una criatura que iba en el vientre de su madre. No importa que la CIA y el FBI no dejen dudas de la participación de este hombre en el acto terrorista, según consta en documentos recientemente desclasificados por los Archivos de Seguridad Nacional. Lo que parece ser decisivo en este caso es la voluntad de atenerse a un falso tecnicismo legal que pudiera liberar a un asesino de su condena, pisoteando esa máxima del poeta latino Publio Siro que todo aspirante a abogado comienza a recitar en su primer día de clases en la escuela de Derecho: «La absolución del culpable es la condenación del justo».

El primero que lanza al ruedo la pista mentirosa fue el abogado de Posada Carriles. En uno de sus recurrentes testimonios a The Miami Herald afirma que «mi cliente fue absuelto dos veces en Venezuela». Luego, en la rocambolesca conferencia de prensa en Miami, minutos antes de que el terrorista fuera apresado por autoridades de los servicios de inmigración norteamericanos, Eduardo Soto repite el bocadillo y añade: «Los problemas que tenían hace 29 años para poder probar el caso siguen siendo los mismos problemas, y aún más hoy en día.»

«Casualmente», el Departamento de Estado vuelve a repetir la teoría absolutoria, cuando rechaza, el 27 de mayo pasado, la solicitud del gobierno de Venezuela por la detención preventiva de Luis Posada Carriles: «no se hace mención -afirma el documento entregado a la Embajada de Venezuela en Washington- al hecho de que Posada fue absuelto por un tribunal militar en Venezuela, en un procesamiento anterior, y el efecto legal que esa decisión tendrá bajo la ley venezolana».

¿Por qué se ha echado a andar esta premisa falsa?¿Qué ocurrió realmente?

LOS HECHOS

La hemeroteca de la Biblioteca Nacional venezolana, un moderno edificio en el centro de Caracas, es probablemente una de las más modernas del mundo. Usted puede localizar, revisar y fotocopiar en minutos cualquier publicación o informe de casos judiciales en Venezuela, fechados en los últimos 200 años. Los fondos están perfectamente organizados y digitalizados, y allí está, por supuesto, toda la historia de Luis Posada Carriles y sus cómplices, registrada en las crónicas de los diarios a partir del 7 de octubre de 1976, fecha en que se publicó la primera noticia de la voladura del DC-8 de Cubana de Aviación, ocurrida un día antes frente a las costas de Barbados.

Hay tal aluvión de datos en los registros públicos que el propio Freddy Lugo, uno de los dos autores materiales del sabotaje, le llegó a comentar a la periodista Alicia Herrera, testimonio que ella recoge en su libro Pusimos la bomba, ¿y qué?: «Imagínate que algunos periódicos publicaron la acción casi igual a como sucedió, ¡y pensar que yo jamás hubiera creído que alguien sospechara!»

Una rápida ojeada a los hechos no deja ninguna duda de la responsabilidad de Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Hernán Ricardo y Freddy Lugo: «Confesó venezolano haber puesto bomba», titula la portada de El Mundo, el lunes 18 de octubre de 1976. El diario vespertino abunda en detalles: el avión se incendia a causa del explosivo que Hernán Ricardo plantó en el baño trasero de la nave. La confesión la hacen ambos terroristas a las autoridades de Trinidad y Tobago, donde habían sido apresados los delincuentes, pocas horas después del atentado.

Desde la primeras declaraciones, Lugo y Ricardo admiten -afirma el diario- que «Luis Posada Carriles fue uno de los organizadores del hecho. Posada Carriles es propietario de una Agencia Privada de detectives, donde la policía dijo haber encontrado ‘documentos y equipos’ que lo vinculan con los individuos de Trinidad».

Cuando se publica este reportaje, ya Posada y Bosch están detenidos. Según el diario El Nacional, a partir de las evidencias presentadas por las autoridades trinitarias, que incluían «copias de cheques pagados a los autores confesos por el ex funcionario de la DISIP Luis Posada Carriles», el 11 de octubre se dictó la orden de Detención Preventiva contra él y un día después, fuerzas de la División 57 de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), capturaron al terrorista en su propia casa, en Caracas. El 13 de octubre se le instruye «por los delitos de coautor de Homicio Calificado y Fabricación de Armas de Guerra», asegura El Mundo.

Las evidencias son abrumadoras. En una lucha por dar el «palo periodístico» los principales periódicos nacionales envían corresponsales a los países caribeños involucrados en los hechos, que rastrean como sabuesos todas las pistas, mientras en la redacción otros reporteros persiguen a las autoridades locales y acosan las embajadas de Trinidad, Barbados y Cuba. No dejan de notar que el caso se ha convertido en una «papa caliente» que pasa de los tribunales militares a los civiles, mientras el proceso se dilata.

El 25 de agosto de 1977 la jueza instructora especial designada para el caso, Delia Estava Moreno, envía el expediente a un tribunal militar, con el argumento de que Posada había sido un alto funcionario de la DISIP venezolana durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Casi un año después, el 20 de julio de 1978, el fiscal castrense instruye a Posada solo por el cargo de Traición a la Patria, en medio de polémicas, conspiraciones e intentos de fuga del terrorista.

Los diarios recogen el momento en que el Tribunal Militar dispone la absolución de culpabilidad de Luis Posada Carriles, donde probablemente esté el origen de la falsa premisa de la liberación de cargos contra el terrorista. Y, también, registran lo que vino después, y que se intenta escamotear ahora: no hubo «absolución», sino una declaración en la que la máxima instancia militar, la Corte Marcial de la República, reconoce que no tiene competencia en este caso. Después de revisar la causa, sencillamente decidió que los tribunales militares no tenían potestad jurídica para procesar a individuos que, a todas luces, debían comparecer ante los tribunales ordinarios.

Así lo registraron los periódicos. El viernes 25 de marzo de 1983, El Nacional le dedica una página completa a la decisión de la Corte Marcial y reseña un documento de 25 páginas que expresa abiertamente la incompetencia de ese tribunal para juzgar a Posada Carriles: «como los encausados en el Caso de Avión Cubano, derribado frente a Barbados el 6 de octubre de 1976 son personas civiles y los delitos que se les imputa comunes, y la jurisdicción militar es de naturaleza especial, es decir aplicable a los militares por infracciones militares, los civiles y los delitos comunes no están sometidos a las disposiciones del Código de Justicia Militar... La Corte Marcial considera necesario esclarecer que no posee la capacidad procesal subjetiva para decidir en el presente juicio.»

Al terminar la declaración del tribunal, poco antes del mediodía del 24 de marzo, El Nacional logra unas declaraciones exclusivas del presidente de la Corte Marcial. Víctor Manuel Reinoso lanza una difícil pregunta al magistrado: ¿si fuera competente, usted condenaría a los procesados?. El General Elio Antonio García Barrios responde sin titubear: «La pregunta es buena, pero no puedo contestarla. Otros lo harán, porque, simplemente, este caso no me compete.»

ES COMO SI EL PROCESO NUNCA HUBIERA OCURRIDO

¿Qué quiso decir el magistrado?: Absolución nula. Es como si en vez de procesar al famoso futbolista estadounidense, O.J. Simpson, ante la corte estatal de California por el asesinato de su ex-esposa Nicole Brown Simpson, el fiscal presentara el caso a un tribunal militar en Guantánamo. Cualquier decisión que hubieran tomado los jueces militares sería nula, porque Simpson no lo encausaron por delitos militares y tampoco era militar. A Simpson lo encausaron por homicidio en primer grado, y fue absuelto de culpabilidad. Su absolución es válida precisamente porque el foro en que fue procesado era el foro correcto: la Corte Superior del Estado de California. En el caso de Posada Carriles en Venezuela, al declarar el proceso en el tribunal militar de primera instancia improcedente, la Corte Marcial anuló la supuesta absolución del terrorista. Es como si el proceso nunca hubiera ocurrido, porque se tramitó en un foro equivocado.

Tanto los abogados de Posada Carriles como el Departamento de Estado padecen de una inusitada amnesia. Olvidan que después de anular el proceso militar contra Posada Carriles, el tribunal civil de Venezuela retomó nuevamente el caso y la Fiscalía formuló los cargos de homicidio calificado y traición a la patria en 1984.

El caso fue asignado al foro correspondiente: el Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal del Estado Miranda. En ese tribunal civil se practicaron las diligencias necesarias para esclarecer los hechos a través de la evidencia.

LA EVIDENCIA EN LOS EXPEDIENTES Y EN LOS MEDIOS VENEZOLANOS

Tal y como reseñaron los medios venezolanos después de la captura de los terroristas -consultamos para este trabajo las ediciones de El Mundo, El Universal y El Nacional de Venezuela-, en los expedientes judiciales hay suficiente evidencia para concluir que Luis Posada Carriles es autor intelectual de la voladura del avión de Cubana de Aviación:

1.‑ Luis Posada Carriles declaró que conocía desde hacía años a Hernán Ricardo. Señaló que este trabajaba como investigador privado en su compañía de Investigaciones Comerciales e Industriales C.A. (conocida como ICICA), y se había reunido dos o tres veces con Orlando Bosch, quien solía viajar a Venezuela con el fin de captar cubanos para la causa «anticastrista».

2.‑ Otro de los involucrados en la causa, José Ricardo Guerrero Zambrano, afirmó que Posada Carriles le presentó a Hernán Ricardo. Este último le comentó cuán fácil sería hacer estallar un avión en vuelo, utilizando explosivos que podrían ser detonados con un aparato de relojería.

3.- Nelson Palacios y Elena Bonet Vives, de la línea Aeropostal en Caracas, afirmaron haberle vendido mediante pago en efectivo los pasajes aéreos a Fredy Lugo y Hernán Ricardo, cómplices de Posada Carriles. El diario El Mundo reseñó además que «ellos no tomaron el vuelo regular de esa línea que sale todos los días a las 10:30 de la mañana de Maiquetía, ni tampoco lo hicieron en el de Viasa que lo hace a las ocho de la mañana, sino el de Panamerican que salió a las 12.30 am de la madrugada y que llega a Trinidad a la una y media de la madrugada. Era evidente que querían arribar a ese país con suficientemente tiempo para abordar el avión cubano, que saldría rumbo a Barbados al filo del mediodía del 6 de octubre.»

4.- Charles Murray, asistente de tráfico de la BWIA, en el Aeropuerto de Piarco, Trinidad -empresa que representaba a Cubana de Aviación-, manifestó que estando a punto de cerrar la venta de boletos, los ciudadanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo se acercaron al mostrador de Cubana de Aviación y le manifestaron textualmente: «Cubana a Barbados». Él les ofreció dos pasajes, pero por BWIA, la línea trinitaria, pero ellos exigieron viajar en Cubana de Aviación. Él les vendió los boletos.

5.‑ Tres autoridades policiales de Trinidad y Tobago (Dennis Elliot Ramdwar, comisionado adjunto de la Policía; Gordon Waterman, inspector mayor, y Oscar King, cabo número 6823), declararon que el grupo que se atribuyó el atentado, «El Cóndor», era un frente denominado CORU (Comando de la Unidad de la Organización Revolucionaria), cuyo jefe era Orlando Bosch. Esta información la obtuvieron los oficiales a través de Hernán Ricardo y Fredy Lugo, quienes habían salido de Caracas el 5 de octubre de 1976 para efectuar trabajos de inteligencia en un avión de Cubana de Aviación que volaría entre Trinidad y Barbados. Ambos estaban conscientes de todas las actividades de Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. En junio de ese año, Bosch y Posada Carriles asistieron a una reunión secreta en Santo Domingo, en la cual decidieron incrementar las actividades terroristas en el Caribe. En esa reunión se había planificado colocar 16 libras de TNT en un avión de Cubana de Aviación en Trinidad que sería activada por control remoto, pero la operación fue abortada a última hora. La reunión secreta en Santo Domingo es descrita con amplitud en un cable del FBI fechado el 16 de agosto de 1978, recientemente desclasificado y publicado en la página web de los Archivos de Seguridad Nacional.

6.El Mundo, en su edición del 20 de octubre de 1976, reseña parte de las averiguaciones sumariales de Venezuela en torno al avión siniestrado, donde se confirma que: «el médico cubano Orlando Bosch y el cubano venezolano Luis Posada Carriles figuran entre los detenidos. Bosch fue apresado en una de las habitaciones del Anauco Hilton y portaba un falso pasaporte costarricense. Había llegado a Venezuela de República Dominicana. Se supo que un ginecólogo domiciliado al este de la ciudad de Caracas, amigo de Orlando Bosch, ofreció a este una cena donde concurrieron unos 150 cubanos anticastristas, y donde se recaudaron fondos para los planes logísticos de los diversos grupos antirrevolucionarios cubanos en América. Eso ocurrió antes del sabotaje al avión.»

7-Durante la solicitud de extradición presentada por Venezuela a Panamá en el 2001, el magistrado Rafael Pérez Perdomo comentó a la prensa venezolana que la evidencia que apoya los cargos contra Posada Carriles demuestra que este formaba parte de una organización terrorista denominada «CORU», cuyo objeto era unificar las acciones de los grupos «anticastristas». A esta organización se le atribuía hasta el día 22 de agosto de 1977 alrededor de veinte actos terroristas, que incluían atentados contra varias embajadas de Cuba en el mundo, el disparo con bazuca contra un avión militar venezolano en Miami y la voladura del avión de la línea Cubana de Aviación que transportaba 73 personas.

NI ABSUELTO NI PRESCRITO

Todas estas evidencias pesaban como rocas de granito en el expediente de Posada Carriles. Sabía que no tendría escapatoria cuando llegara la hora de la verdad frente al tribunal, a pesar de las irregularidades en la cárcel y las dilaciones del proceso.

En vísperas del pronunciamiento de la sentencia, el 8 de agosto de 1985, el terrorista se fugó de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, localidad del Estado Guárico, donde había sido recluido después de dos frustados intentos anteriores de evasión de la cárcel.