Cada año, entre los meses de marzo a junio, al hacer la declaración de la renta anual, en el impreso o pantalla, aparecen dos casillas para señalarlas o dejarlas en blanco. Se trata de indicar si queremos que de la recaudación total anual del IRPF, un 0,7% vaya a las “arcas de los obispos”, directamente desde Hacienda (unos 300 millones de euros cada año…) y, en su caso, otro 0,7% vaya a entidades sociales en general, cantidad que -por cierto- una gran parte determinan las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos, es decir que -evidentemente- los contribuyentes que señalan esa casilla no deciden a que entidad social desean que se les asigne. Por cierto, un porcentaje sustancial van a parar también a las arcas de entidades “controladas” por los obispos.
Si, a pesar de la “presión” (oculta y expresa) que ejerce la Agencia Tributaria o el organismo de recaudación vasco, decides no señalar ninguna casilla o sólo una de ellas, ese dinero forma parte de la recaudación total del IRPF, que el Estado destina a los servicios públicos (bienestar social, sanidad, educación, obra pública, etc. etc.) que utilizamos toda la ciudadanía. Esa sería la lógica tributaria de este impuesto muy importante (junto al IVA) de los ingresos del Estado.
Centrándonos en la casilla que se destina a la Iglesia católica, año tras año, no más de un tercio de los contribuyentes la señala, es decir que son muchos más las personas que no la marcan. Pero, sin embargo, esos aproximadamente trescientos millones de euros anuales se regalan a los obispos (del montante total del IRPF) por parte del conjunto de la ciudadanía, independiente de su ideología o creencias.
Desde hace años (por parte de algunas entidades, como Europa Laica) hay dos propuestas encima de la mesa tanto para el Gobierno, como destinadas al Congreso y Senado y a los diferentes grupos parlamentarios. La más lógica, que el Estado de esa recaudación no entregue ni un solo euro a una entidad privada e ideológica, como es la Iglesia católica, en suma, que desaparezca la casilla “Ic”. La otra propuesta, que está estipulada en algunos países de nuestro entorno, como Alemania, que quien señale la casilla (Ic) y/o (fines sociales) paguen (de su bolsillo ese 0,7%) y en el caso de las entidades sociales, la (o) el contribuyente decida a qué entidad se lo quiere entregar. Así sólo la Agencia Tributaria actuaría de intermediaria recaudadora, que no sería poco.
Parece una propuesta lógica, muy lógica y, sobre todo, justa y justificable desde un punto de vista tributario (incluso en el marco de la UE), porque, así, el Estado no dejaría de ingresar unos 300, más unos 325 millones de euros al año, por término medio (en total unos 625 millones de euros/año).
En el caso de las entidades sociales, podrían aplicarse esas subvenciones, como ya ocurre, directamente de los PGE y del de las CCAA. Porque -en realidad- la casilla de “fines sociales” se introdujo, en su momento, para (maléficamente) tratar de “justificar” la de los obispos.
Una persona que sea atea, agnóstica o profese otra religión no cristiana católica, no tiene por qué aportar una parte de sus impuestos (IRPF) a los obispos. Incluso me consta que hay católicos practicantes que piensan igual.
De hecho, hay confesiones religiosas e iglesias varias que han planteado al gobierno que ellos también desean participar del “pastel” recaudatorio. Sería lógico, pero siempre que se optara por la fórmula de que el contribuyente respectivo señalara la casilla a su credo correspondiente y pusiera el dinero de su peculio particular y no que los saraos, el proselitismo religioso, sus sacerdotes y obispos, sus canales de difusión propagandística, etc. etc. se los paguemos el conjunto de la ciudadanía.
Ya que, además de muy injusto, es de muy dudosa constitucionalidad.
Pues bien, esta cuestión se solucionaría de forma muy sencilla en la Ley anual de los Presupuestos Generales del Estado que estos días comienza su debate en el Congreso, al igual que -en su día- se introdujo, haciendo uso de las disposiciones adicionales que los respectivos gobiernos usan para legislar cada año y, así se revirtiera y desapareciera, con ello, esta forma de ilegítima de financiación de la Iglesia católica.
Un año más, me consta que ni el Gobierno, ni ningún otro grupo parlamentario, al igual que ha ocurrido en años anteriores, va a tomar esa decisión y, por lo tanto enmendar los PGE de 2023, en este sentido, cuya aplicación sería para la declaración de 2023, cuyo IRPF se liquidaría en 2024
Por ello yo les acuso a todos ellos, desde el ala izquierda hasta la derecha de ser cómplices de un hecho vergonzante. Son colaboradores activos un año más de una tremenda injustica fiscal y social, que roza el delito político… Y lo son aun más los que en sus declaraciones (con la voz más o menos pequeña) hablan de justicia social, laicidad, redistribución tributaria, etc.
Sí, me refiero a los que forman la actual gobernanza de España y a sus aliados… que por cierto suman más de la mitad de la Cámara. Luego sería muy posible “dar este paso”, en base a la laicidad de las instituciones del Estado.
Esta propuesta que aquí reclamo incluso debería ser motivo de consenso y apoyado por una gran mayoría de las Cámaras. Pero va a ser que no. Y cuando, llegue de nuevo los meses de marzo a junio… Europa Laica y otras entidades reclamarán a la ciudadanía que NO señalen ninguna de las dos casillas, como pataleta pedagógica de denuncia un año más… y vuelta a empezar.
Luego pasa lo que pasa… que llegan al poder ciertas ideologías no deseables… con las puertas muy bien abiertas y los pasillos confesionales plagados de buenas alfombras.