Tres de los ciudadanos españoles expulsados por las autoridades marroquíes de la ciudad de El Aaiún se encuentran en Rabat, con el objetivo de denunciar lo ocurrido ante la embajada española. Habían conseguido entrar en el Sáhara Occidental en la mañana del martes 6 de noviembre, pero finalmente fueron expulsados al mediodía. El objetivo de […]
Tres de los ciudadanos españoles expulsados por las autoridades marroquíes de la ciudad de El Aaiún se encuentran en Rabat, con el objetivo de denunciar lo ocurrido ante la embajada española. Habían conseguido entrar en el Sáhara Occidental en la mañana del martes 6 de noviembre, pero finalmente fueron expulsados al mediodía. El objetivo de este viaje, organizado por CEAS-Sáhara y el colectivo Sahara Thawra era permanecer en el territorio para dar testimonio de la represión que está sufriendo la población saharaui en los últimos días y ante las posibles manifestaciones de celebración del segundo aniversario del desmantelamiento de Gdeim Izik. Según las últimas informaciones, hasta este momento 23 ciudadanos españoles y 4 noruegos que intentaron entrar en el territorio con el mismo objetivo han sido expulsados sin recibir explicaciones. Algunas de estas personas habrían iniciado acciones similares en el Consulado español en Agadir.
El grupo formado por Amancay Villaba, Íñigo Gutiérrez y Adrián Gallero, va a presentar una queja formal en el Consulado de la capital marroquí, en la que denuncian lo ocurrido, y exigen explicaciones a la legación diplomática española. Después tienen previsto dirigirse a la Embajada para protestar en el mismo sentido y solicitar un encuentro con el Embajador, Alberto José Navarro González.
«No pueden acusarnos de nada, ya que en el momento de la expulsión no habíamos hecho absolutamente nada ilegal» asegura Íñigo Gutiérrez quien añade que «nuestra única misión era ejercer como observadores de derechos humanos, y nuestra expulsión evidencia que Marruecos tiene algo que ocultar en el territorio».
Sobre las limitaciones a la libertad de circulación, los organizadores de esta misión de observación aseguran que «Las autoridades marroquíes están violando todos los tratados y convenciones de derechos humanos que se supone que han firmado y ratificado» y añaden «El Gobierno español aplaude los supuestos avances de Marruecos hacia la democracia mientras la población saharaui es brutalmente reprimida y se prohíbe cualquier intento de investigar lo sucedido». «Exigimos una respuesta contundente e inmediata del Gobierno español.» Los tres activistas han asegurado que no abandonarán la ciudad hasta que la Embajada española les dé explicaciones sobre lo sucedido, transmita sus quejas al Gobierno marroquí y condene lo sucedido.
En anteriores crisis relacionadas con el conflicto saharaui la expulsión de ciudadanos españoles del territorio solo ha obtenido respuestas tibias por parte de la diplomacia española. Incluso la anterior titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, tuvo que rectificar algunas declaraciones polémicas de miembros de su partido que tras acontecimientos similares legitimaban la actuación marroquí reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el territorio.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo según la ONU, un territorio pendiente de descolonización cuya administración de iure sigue ostentando el Estado español. La soberanía de Marruecos no ha sido reconocida por ningún país, ni siquiera por Francia, principal aliado del Reino alauí.