Decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de Niamey al día siguiente de la publicación de un decreto del presidente Mamadou Tandja, en el que convocaba para el 4 de agosto a un controvertido referéndum constitucional. La protesta fue organizada el pasado domingo por el Frente para la Defensa de la Democracia […]
Decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de Niamey al día siguiente de la publicación de un decreto del presidente Mamadou Tandja, en el que convocaba para el 4 de agosto a un controvertido referéndum constitucional. La protesta fue organizada el pasado domingo por el Frente para la Defensa de la Democracia (FDD), la más importante coalición contraria al Gobierno. Mahamadou Issoufou, líder del FDD volvió a denunciar en una asamblea los poderes extraordinario asumidos por Tandja después de haber disuelto al parlamento y reemplazado a los jueces de la Corte Constitucional.
La gravedad de la crisis política de Níger fue señalada por el actual presidente francés Nicolás Sarkozy, en línea con las posiciones recientemente asumidas por la ONU y por los Estados Unidos.
Por otra parte, no se hizo alusión alguna a los enfrentamientos de Niamey en el documento difundido por la Unión Africana (UA) al término de la cumbre de los jefes de Estado que se llevó a cabo en Libia la semana pasada.
En caso de una victoria del «sí» en el referéndum, Tandja podría postularse para un tercer mandato consecutivo en las elecciones presidenciales programadas para fin de año.
La semana pasada el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó la decisión del presidente de disolver la Corte Constitucional, que se oponía a su proyecto de modificar la Carta Magna. «Lamenta la reciente decisión adoptada por el Gobierno de Níger, que dificulta al extremo que las instituciones democráticas y la Corte Constitucional desempeñen sus papeles de garantes del estado de derecho», dijo Michele Montás, portavoz de Ban.
Tandja se arrogó el 26 de junio poderes excepcionales invocando un artículo de la Constitución que permite al jefe del Estado, en caso de amenaza para el país, gobernar por decreto.