La crisis del gobierno se acelera. El retroceso democrático que supone la propuesta de reforma de la Ley del aborto está provocando fisuras dentro de las propias filas del PP, y a su vez acrecienta la respuesta social de colectivos feministas, sumándose a las protestas contra el saqueo de los derechos de las mujeres de […]
La crisis del gobierno se acelera. El retroceso democrático que supone la propuesta de reforma de la Ley del aborto está provocando fisuras dentro de las propias filas del PP, y a su vez acrecienta la respuesta social de colectivos feministas, sumándose a las protestas contra el saqueo de los derechos de las mujeres de la clase trabajadora en el estado español. El «escrache feminista» que tuvo lugar el 16 de mayo en varias ciudades del estado y en Madrid a las puertas de la sede del PP y de la casa de Gallardón, se suma a las protestas que espontáneamente surgen en las calles para enfrentar el acoso brutal al que nos están sometiendo.
La verdadera cara de este régimen se expresa con cada decretazo, reforma y recortes impuestos por este gobierno en favor de los intereses de la Troika y de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, que ya están saliendo a escena para defenderse con uñas y dientes.
Transición: un derecho democrático que no se llegó a conseguir
La reforma propuesta por el Ministro de Justicia para equiparar la actual ley con la establecida hace 30 años, evidencia la gran mentira que supuso la Transición española para el conjunto de la clase obrera y popular y de los sectores oprimidos de la misma: mujeres, juventud y nacionalidades. Las restricciones que quieren imponer y la penalización del derecho al aborto son una demostración más de la limitación a los derechos democráticos que realmente supuso la Transición. El esfuerzo de aquellas mujeres que pusieron sus esperanzas en ella, y que lucharon por la igualdad y la libertad de decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, se ve constreñido dentro de los límites de este régimen antidemocrático, pese a que nos lo vendieran como la panacea de la «moderna democracia europea». La realidad que vivimos las mujeres trabajadoras dentro de un régimen heredero directo del franquismo, demuestra que es imposible siquiera mantener los pocos derechos conquistados en todos estos años de lucha dentro de sus límites y que, por lo tanto, la única salida real está fuera de él.
La Transición fue en realidad una gran traición, fruto del pacto de las direcciones sindicales y políticas tradicionales del movimiento obrero con la burguesía y el aparato franquista, con el objetivo de frenar el peligro revolucionario que venía de la clase trabajadora encabezando el movimiento de oposición al régimen. Por eso el operativo que se dispuso promovía reformas controladas desde arriba, es decir limitadas, que asegurasen el orden social burgués. Y para que la propia debilidad del régimen no saliese a la luz se hizo de forma parcial y en torno a la figura del propio rey que, pese a ser el pilar central de continuidad y legitimidad del régimen anterior, aparecía como una moderna monarquía parlamentaria.
El discurso hipócrita de la Iglesia Católica
Vivimos, o mejor dicho, malvivimos en un régimen sucesor del franquismo y de sus propias instituciones e ideología. Por eso la institución que jugó un papel más activo en la época franquista, la Iglesia Católica, sale ahora a la palestra con su séquito más reaccionario, las asociaciones pro-vida, para atacar los derechos democráticos de las mujeres, alegando la protección del derecho a la vida de los «niños no nacidos».
La hipocresía de la Iglesia no tiene límites. Una entidad que ha mantenido durante siglos su fortuna acabando con la vida de millares de inocentes; principal cómplice y responsable de miles de muertes de niños, mujeres y hombres asesinados durante el franquismo; con los hábitos ensangrentados y los bolsillos repletos de riqueza ajena, y se atreven a decir que la normativa del aborto «se basa en el absurdo ético y jurídico de que existe un derecho de alguien a quitarle la vida a los seres humanos que van a nacer» (cardenal Rouco Varela). Una Santa Sede encubridora de pedófilos y traficantes de recién nacidos, promotora de negocios oscuros y que en el estado español es una de las mayores propietarias inmobiliarias. Una Iglesia católica española que, además de estar exenta de impuestos, se beneficia del erario público (cada año recibe más de 11.000 millones de euros), mientras cientos de familias son desahuciadas y condenadas a la miseria.
Negocio y salud
La criminalización de la interrupción del embarazo no salva vidas, sino todo lo contrario. Aboca a las mujeres sin recursos, mujeres de la clase trabajadora, a acudir a lugares clandestinos, arriesgando sus vidas en condiciones insalubres y sin ningún tipo de garantía, mientras las mujeres ricas podrán optar por pagar lo que haga falta en clínicas privadas, extranjeras o no, para poder tener acceso a un aborto seguro.
El trasfondo de esta reforma de la ley que quieren aplicar es parte del nuevo modelo de explotación y de la política de recortes del gobierno, quitando derechos a los más desfavorecidos y negociando con el sufrimiento de la clase trabajadora. Forma parte de la privatización de la salud y de los servicios sociales, con la única intención de sacar beneficios en las clínicas privadas, mientras nos roban el derecho fundamental a decidir sobre nuestra sexualidad y nuestra maternidad.
Por eso la reivindicación democrática por el derecho al aborto legal, libre y gratuito, debe y tiene que ser parte de las reivindicaciones de toda la clase trabajadora en la lucha para derrumbar a este gobierno y este régimen corruptos. Nuestras vidas no son moneda de cambio para seguir pagando esta deuda que no es nuestra.
Las claves de la ley de Gallardón
-
Eliminar la ley de plazos para la Interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas y volver a la legislación de supuestos.
-
Eliminar el aborto por malformaciones fetales.
-
La actual ley establece que las chicas de 16 y 17 que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que aleguen un conflicto grave que motive una situación de desarraigo o desamparo. El programa del PP prevé la eliminación de este supuesto.
-
La vuelta a una normativa de supuestos, podría suponer incluir de nuevo el delito de aborto en el Código Penal (como en 1985).
Artículo publicado en Página Roja nº 19, publicación mensual de Corriente Roja/Corrent Roig.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.