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¿Quiénes ganan con el cierre de la minería del carbón?

Fuentes: Rebelión

Mientras el gobierno de Mariano Rajoy condena al cierre la minería del carbón en Asturias, Goldman Sachs, una de los principales responsables de la crisis de Wall Street y rescatada por Bush y Obama, comenzó a acumular en El Musel hasta seiscientas mil toneladas de carbón. De ese carbón ya están en Xixón cerca de […]


Mientras el gobierno de Mariano Rajoy condena al cierre la minería del carbón en Asturias, Goldman Sachs, una de los principales responsables de la crisis de Wall Street y rescatada por Bush y Obama, comenzó a acumular en El Musel hasta seiscientas mil toneladas de carbón. De ese carbón ya están en Xixón cerca de 200 mil toneladas extraídas en la mina de El Cerrejón, en Colombia.

En la minería del carbón en Colombia se sobre-explota a los mineros, varios de cuyos dirigentes sindicales han sido asesinados y se generan enormes impactos ambientales.

De quién es el «carbón colombiano»

El carbón de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande del mundo- es de empresas como La Jagua, propiedad de Xstrata, subsidiaria de la Suiza Glencore, junto a un consorcio de multinacionales en el que están Anglo American y BHP Billiton.

Por su lado la Drummond explota carbón en otros sitios de esta cuenca carbonífera, en sociedad con la japonesa Itochu.

Glencore-Xtrata -que está relacionada con Goldamn Sachs- entró a El Cerrejón tras la privatización de la estatal colombiana Carbocol, poco rentable debido a que su socio al 50%, la Exxon, sobrefacturaba inversiones y subfacturaba ventas. Colombia invirtió el 75% endeudándose con el Chemical Bank (propiedad del Chase, banco de los Rockefeller y de la Exxon) y recibía a cambio sólo el 25%.

Colombia ponía los gastos, la mano de obra barata, entregaba el territorio indígena, pagaba los intereses y daba su carbón a los que le sisaban las ventas. De esa manera la Exxon ejecutó una de los más grandes robos al pueblo y al estado colombiano.

Pero Exxon no es la única que juega sucio.

Drummond tiene graves antecedentes por represión sindical. Y aunque El Cerrejón suscribió el Pacto Mundial de la ONU, reconociendo que tiene una responsabilidad social, ratificando el respeto de los derechos humanos, laborales, medioambientales, y su compromiso en la lucha contra la corrupción, pero «no con proclamas ideológicas sino con buenos ejercicios en la actividad de cada una de las empresas comprometidas»1, en la realidad los avances son pocos y muchas las quejas.

Impacto social y ambiental

La mina de El Cerrejón genera un impacto ambiental y humano, que destruye el territorio y la cultura del pueblo indígena Wayúu, que la señaló como «un mal vecino» ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el 2008:

«Desde que comenzó la explotación las comunidades hemos perdido miles de hectáreas hasta el punto que ya los Wayúu no tenemos acceso al río desde Albania, porque las tierras aledañas las ha privatizado el Cerrejón; El resguardo está a menos de 500 metros de la mina, comiendo polvillo de carbón, durmiendo con las vibraciones del botadero de desperdicio y de las detonaciones; el resguardo de San Francisco lo atraviesa la vía férrea y una carretera de acceso en la mitad del resguardo. «

La comunidad indígena de Media Luna, en el embarcadero de Puerto Bolívar, lamentó en el Tribunal su situación:

«Nos lamentamos de no hablar español por que cuando llegó la empresa nos dijeron bonitas palabras, y hoy el desastre es total, no se puede pescar, ni pastorear, ya no hay animales Da mucha rabia recoger a muchos de nuestros hijos muertos por el tren o en accidentes en la vía, ya vale más un chivo que un Wayúu. Nos dicen que fue por descuido de no leer las advertencias. Pero ¿Y qué vamos a leer? No entendemos mucho español, ¿cómo vamos a entender inglés?»

Las comunidades rivereñas y el pueblo wayúu están preocupadas por el impacto del proyecto de ampliación de la mina de El Cerrejón, que contempla mover 26 kilómetros el cauce río Ranchería, para extraer el carbón de su lecho. El Ranchería es la principal fuente de agua para los pueblos de La Guajira y su desierto. El próximo 1º de agosto habrá movilizaciones contra el desvío del río y contra las multinacionales.

Capítulo aparte merece la violación de derechos laborales y la persecución sindical.

Las multinacionales que explotan carbón en Colombia, suelen violar los derechos laborales y sindicales, precarizando la relación laboral a través de un enjambre de empresas contratistas y sub contratistas. Sobre una de ellas denuncia SINTRACARBÓN en un comunicado de julio del 2009:

«SINTRACARBON condena y rechaza las políticas de coerción, hostigamiento y persecución a las que están sometidos estos trabajadores por parte de esta empresa tercerizadora, chupasangre y negrera SOTRANS, a la que declaramos enemigo de la clase trabajadora».

Son empresas que pagan salarios miserables, obligan a reponer el tiempo que el obrero esté de baja por enfermedades propias de la explotación minera; trabajan turnos de 14 X 7; 12 X 6, «convirtiendo las jornadas y sitios de trabajo en campos de concentración para esclavos», según denunció la CUT Seccional Guajira.

Las empresas, además, tienen estrategias para que no se reconozca como enfermedad profesional la silicoantracosis y los problemas artromusculares, que afectan a unos 800 mineros expuestos al polvo de tierra, rocas y carbón, así como a los grandes esfuerzos físicos.

Persecución sindical

Hace tres años fueron despedidos 35 trabajadores a los dos días de haber presentado el pliego de peticiones y como retaliación por haber creado el sindicato SINTRANS, y por intentar sindicalizar a los obreros tercerizados y temporales. Hace tres meses SINTRACARBÓN consiguió que una convención colectiva de trabajo amparare a una parte de los obreros tercerizados.

Las multinacionales del carbón en Colombia se benefician directamente de los bajos costos laborales producto de la tercerización y de la persecución sindical, de las amenazas y asesinatos de los sindicalistas.

Varios dirigentes de sindicatos del carbón han sido asesinados en medio de conflictos laborales, a pesar de haber denunciado ante el Ministerio del Interior que eran víctimas de amenazas por su actividad:

– El 18 de febrero del 2001 fue sacado de su casa y asesinado delante de sus familiares por un grupo paramilitar, el dirigente sindical de SINTRAMIENERGETICA-CUT, CANDIDO MÉNDEZ.

– Los dirigentes sindicales de los obreros del carbón en la DRUMMOND, VALMORE LOCARNO RODRIGUEZ y VICTOR HUGO ORCASITA AMAYA, fueron bajados del autobús de la empresa y asesinados por un grupo paramilitar el 12 de marzo del 2001. Eran presidente y vicepresidente de SINTRAMIENERGETICA-CUT. En este doble crimen han sido involucrados por los autores materiales, personas como el funcionario de seguridad de la mina, Coronel retirado del ejército colombiano Luis Carlos Rodríguez; Alfredo Araújo, Gerente de Relaciones de la DRUMMOND, Jaime Blanco Maya, concesionario de alimentos de la empresa, y el ciudadano norteamericano James L. Adkins, jefe de seguridad de la empresa y viejo agente de la CIA. Los testigos afirman que estos sujetos pagaron en dólares el crimen de los sindicalistas cometido por narco-paramilitares al mando de Oscar Ospino, alias «Tolemaida» y Rodrigo Tovar Pupo, Alias «Jorge 40». Los jefes narco-paramilitares extraditados a los EUA denunciaron que las empresas del carbón continuaron haciendo pagos a los paramilitares.

– Siete meses después, el 6 de octubre del 2001, fue asesinado GUSTAVO SOLER MORA, quien reemplazó en la nueva junta directiva al asesinado VALMORE LOCARNO. Gustavo había denunciado una alianza entre las empresas y los asesinos de sus compañeros.

– El 22 de marzo del 2008 fue brutalmente torturado y asesinado en su residencia en la ciudad de Riohacha -Guajira, el dirigente sindical ADOLFO GONZALEZ MONTES. A raíz de este asesinato la Junta Directiva Nacional de SINTRACARBON denunció públicamente que las amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales «coincidencialmente» se arrecian en épocas anteriores a las negociaciones colectivas de trabajo, por lo que el sindicato le exigió al consorcio multinacional «la aplicación y el respeto por los derechos humanos».

La persecución sindical en el enjambre de empresas que trabaja para las multinacionales carboneras queda patente con este testimonio que dio -hace menos de dos meses- ante la VIII Delegación Asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia, un sindicalista de SINTRAIME-CUT, trabajador del tren que transporta el carbón:

«La empresa FENOCO no respeta derechos sindicales, hace 4 años despidió a toda la junta directiva del sindicato como represalia por organizarse y luego dividió a los obreros creando un sindicato de bolsillo, nos tocó hacerle una huelga de 27 días en el 2009, entonces nos reprimió el ESMAD; nos explotan como trabajadores y no dejan nada en la región, no hay ni un paso a nivel, ni una barrera de protección en muchos kilómetros que recorre el tren con carbón pasando por poblados, agrietando las casas, hiriendo y matando gente, la empresa nunca responde, nunca indemniza. Varios obreros de la Drummond han sido asesinados, vivimos sobre una riqueza y sumidos en la pobreza»

Por su parte los pobladores de Orihueca, pueblo partido en dos por la vía férrea de 150 kilómetros, denunciaron ante la Delegación Asturiana que el tren carbonero les destroza las viviendas y causa graves accidentes pues no hay pasos a nivel.

«En medio de la riqueza somos muy pobres, no hay acueducto para la gente pero si grandes canales de riego para los enormes cultivos de palma y banano, ¿dónde está la inversión social de las carboneras? FENOCO tiene un tren que ha matado a unas cien personas, pasan a mucha velocidad y nos hay ni barreras de protección. Las barreras sólo las ponen en Santa Martha por los turistas, nada más. Nos repartieron una «Cartilla de Convivencia con el ferrocarril» que es una lista de advertencias si nos metemos con el tren. En el centro de salud no hay ni una bombona de oxígeno, hay tal contaminación que los habitantes de la zona bananera no somos admitidos como donantes de sangre. Ni el banano ni el carbón han mejorado nuestra vida, no hay ni un hospital que funcione, compramos hasta las jeringuillas para el centro de salud; la DRUMMOND no ayuda, sólo nos saquea, sus trenes cargados de carbón van sin carpa regando de polvillo nuestras casas, más de cinco mil niños pasan varias veces al día las líneas del tren sin protección alguna, no hay alcantarillado, y a quien reclama lo persiguen, lo tildan a uno de «terrorista», un día de estos nos vamos a rebelar y no les dejaremos pasar ni el agua»

Así es como ganan las multinacionales que explotan minas que debían ser del estado, en Colombia y en España, para evitar el saqueo y la irresponsabilidad de empresas como la Exxon, el consocio de El Cerrejón, la Drummond, o empresarios captadores de subsidios, como Victorino Alonso.

Sigue ganando Goldman Sachs, tres de cuyos hombres imponen los recortes sociales en España, al controlar la presidencia del Banco Central Europeo (Mario Draghi, directivo de Goldman), la división del Fondo Monetario Internacional para Europa y la Agencia griega de Deuda Pública.

El gobierno español empuja al cierre la minería del carbón y Asturias que está parada sobre él, ve cómo su carbón es reemplazado por mineral importado de Colombia a bajo precio, gracias al negrerismo del siglo 21, para beneficio de especuladores y saqueadores. Asturias verá más desempleo y más despoblación de las comarcas mineras. Y cuando Hidrocantábrico compre el carbón acumulado en El Musel y la Goldman Sachs se haya ganado más de 25 millones de dólares, entonces se verá quiénes pagan el sobrecoste vía tarifas.

Colectivo de Colombianos/as Refugiados en Asturias «Luciano Romero Molina»

Nota:

1 León E. Teicher, Presidente de Cerrejón, en la presentación del «Informe 2006 Avances del Cerrejón comprometido con el Pacto Mundial»