- Reporteros Sin Fronteras denuncia los procesos judiciales contra periodistas, a los que se imponen severas penas.
- En su informe sobre la Libertad de prensa RSF no hace referencia a la persecución que sufren los periodistas saharauis que luchan contra el bloqueo informativo que Marruecos impone en el Sáhara Occidental .
Marruecos presiona judicialmente a los periodistas, a los que se imponen severas penas, según denuncia la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su informe “La libertad de prensa en el mundo en 2020”.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 contenida en el informe, Marruecos ocupa el puesto 133 de 180, habiendo ascendido dos respecto al año anterior. RSF dice que es “un pequeño progreso” que se explica por la creación de un Consejo de Prensa, tras la eliminación del Ministerio de Comunicación, aunque esto no ha contribuido a crear un ambiente de trabajo más propicio para los periodistas y los medios de comunicación.
Reporteros Sin Fronteras señala que en Marruecos “las presiones judiciales persisten” y que “a los procesos judiciales emprendidos desde hace años contra medios e informadores se han sumado nuevos juicios contra periodistas, que han sido sancionados con severas penas”.
Se cita el caso de Taoufik Bouachrine, columnista y redactor jefe del diario en árabe Akhbar al-Yaoum, que fue condenado a 15 años de prisión incondicional y a pagar una multa equivalente a 255.000 euros, a pesar de que siempre negó los cargos que se le imputan y que denunció que se trataba de un “juicio político”.
Otro caso de “sentencia desproporcionada” es el de Omar Radi, periodista y defensor de los derechos humanos que fue “condenado a cuatro meses de prisión por un simple tweet en el que denunciaba un fallo judicial”.
En este informe, que habitualmente elabora Reporteros Sin Fronteras Francia, no se hace referencia a la situación de los periodistas saharauis que luchan contra el silencio informativo que Marruecos impone en el Sáhara Occidental ocupado, a pesar de que en junio de 2019 la sección española de esta organización publicó el informe “Sáhara Occidental: un desierto para el periodismo”, en el que se expone que la excolonia española es un “agujero negro” para la información y “un peligro extremo para los periodistas”.
Muestra de la persecución marroquí contra los periodistas saharauis son los cuatro informadores que fueron detenidos a finales de 2010 a raíz de las protestas de Gdeim Izik, y que se encuentran en prisiones de Marruecos: Abdalahi Lekhfauni (cadena perpetua), Hassan Dah (25 años de condena), Mohamed Lamin Haddi (25 años) y El Bachir Khada (20 años). A ellos hay que añadir a Mohamed Banbari, detenido en agosto de 2015 y condenado a 6 años de cárcel, y Walid Al-Salik, arrestado en junio de 2019 y condenado a seis años de prisión.
Walid Al-Salik, que en 2016 ya sufrió una condena de 14 meses de prisión, fue detenido en la ciudad de Smara en un acto de bienvenida al preso político y periodista de la RASD TV Salah Lebsir, que quedó en libertad el 7 de junio tras cumplir 4 años en una cárcel marroquí.
Del caso de Mohamed Banbari se ocupó el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que pidió su liberación al estar preso por su trabajo como periodista en la ciudad de Dajla, donde era corresponsal del grupo de comunicación Equipe Media.
La persecución a los periodistas saharauis adoptó un nuevo método de actuación con la informadora de Equipe Media Nazha El Khalidi, a la que un tribunal impuso una multa de 4.000 dirhams (unos 400 euros) por ejercer el periodismo sin título oficial. Fue juzgada el 24 de junio de 2019 en El Aaiún acusada de usurpación de funciones, lo que según el Código Penal marroquí podría haber supuesto una pena de tres meses a dos años de cárcel. Su “delito” fue informar de una manifestación saharaui el 4 de diciembre de 2018 en El Aaiún.
Este año, la periodista de Equipe Media Hayat Erguibi fue detenida el 2 de enero cuando transmitía cómo la policía marroquí impedía un homenaje a la activista de Derechos Humanos Aminetu Haidar por su Nobel Alternativo de la Paz, el premio Right Livelihood. La policía quitó a la periodista el móvil y la interrogó durante dos horas en un coche policial.