A pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) exigió la semana pasada a los gobiernos de Rwanda y Burundi que respetasen las convenciones internacionales para refugiados y condenó la deportación de 8.000 solicitantes de asilo rwandeses realizada por el gobierno burundés, ambos gobiernos se mantienen en sus trece. […]
A pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) exigió la semana pasada a los gobiernos de Rwanda y Burundi que respetasen las convenciones internacionales para refugiados y condenó la deportación de 8.000 solicitantes de asilo rwandeses realizada por el gobierno burundés, ambos gobiernos se mantienen en sus trece.
Los gobiernos de Rwanda y Burundi han expresado que los 8.000 solicitantes de asilo son inmigrantes ilegales y que se recurrirá a la fuerza, si es necesario, para expulsarlos.
Si, a través de un comunicado, ACNUR lamentaba que «pese a los reiterados llamamientos a los gobiernos de ambos países a cumplir con sus obligaciones y a buscar una solución constructiva acorde con las leyes internacionales, las autoridades tomaron una decisión violatoria de éstas», hasta ahora no ha habido una revisión.
Más aún, existe un acuerdo bilateral entre ambos países al respecto que, entre otras cosas, estaría afectando a unos 7.000 burundeses refugiados en Rwanda, quienes podrían correr la misma suerte.
Ahora, esta semana, ha sido la organización Amnistía Internacional quien emitiera un comunicado propio, pidiendo al gobierno burundés fuera detenida la expulsión de los miles de solicitantes de asilo, en virtud de que contraviene «de manera absoluta» el derecho internacional de los derechos humanos y sobre refugiados.
ACNUR había denunciado que se le había negado el acceso de su personal a los solicitantes de asilo, por lo que se volvía arduo determinar si el regreso masivo de refugiados desde Burundi, que comenzó a registrarse a partir de abril – la mayoría se encuentran en el campo de tránsito de Songore, en la provincia de Ngozi- fue voluntario en alguna medida, ya que las circunstancias indican que los deportados no han tenido otra opción.
Ron Redmond, portavoz del ACNUR en Ginebra, había explicado que Rwanda y Burundi habían anunciado que los solicitantes de asilo se estaban siendo reclasificados como inmigrantes ilegales y puntualizó que otros 2.000 rwandeses que aún se encontraban en Burundi, estaban siendo deportados esa misma semana.
Por su parte, esta semana, Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para África, ha señalado que «el uso de amenazas verbales o físicas para inducir a la gente a regresar a un país donde temen sufrir persecución es absolutamente contrario al derecho internacional, en particular al principio vinculante de no devolución».
Por esa razón Amnistía Internacional solicita al gobierno de Burundi «que aplique procedimientos de asilo imparciales y transparentes para determinar los riesgos que entraña el retorno para cada una de las personas que solicitan el asilo, a lo cual está obligado en virtud del derecho internacional».
Buena parte de los rwandeses que corren peligro de ser devueltos huyeron de la acción de los tribunales gacaca, que hoy día se dedican a reunir información sobre los crímenes cometidos en el genocidio de 1994 en Rwanda. Otros han aducido como razones para abandonar su país de origen los actos de intimidación, la persecución y los rumores de venganza.