El 27 de febrero de 1976, el mismo día en que el último soldado español abandonaba el Sáhara Occidental, el Frente Polisario, representante único y legítimo de la población del Sáhara Occidental para la ONU, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 33 años después, más de 80 países reconocen a la RASD. Además, esta […]
El 27 de febrero de 1976, el mismo día en que el último soldado español abandonaba el Sáhara Occidental, el Frente Polisario, representante único y legítimo de la población del Sáhara Occidental para la ONU, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
33 años después, más de 80 países reconocen a la RASD. Además, esta es miembro fundador de la Unión Africana (UA), lo que no ha impedido que aproximadamente un 75% de su territorio permanezca ilegal y militarmente ocupado por Marruecos.
33 años después de la escapada de España del territorio, cabe preguntarse por las razones y/o intereses que perpetúan un conflicto sobre el que la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, en su dictamen sobre el Sáhara Occidental consideró aplicable la Resolución 1514 de la Asamblea General y, en particular, el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui.
El Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia. Sin embargo, los distintos gobiernos españoles, lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales con la población de su ex colonia culminando el último proceso de descolonización pendiente del continente africano, han sacrificado siempre a la parte más débil, el pueblo saharaui. En su juego del gato y el ratón con la dictadura marroquí han ejercido, dicho sea de paso, casi siempre el papel de ratón complaciente frente a un tirano feudal que se ríe descarnadamente de la legalidad internacional.
El Estado español puede y debe, al igual que hizo retirando sus tropas durante la ocupación de Irak, posicionarse del lado de la legalidad internacional. Debe para ello abandonar falsas posturas de neutralidad activa -rechazando propuestas que pretenden imponer el hecho colonial marroquí, además de contener aspectos abiertamente contrarios a la legalidad internacional como la premisa de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos- y persuadir a su amigo marroquí de la obligación moral y política de garantizar el efectivo y genuino derecho de autodeterminación en el Sáhara Occidental a través de la celebración del ansiado referéndum.
Recuperar parte de nuestra memoria histórica, recordando más de un siglo de colonización en el que consideramos a los saharauis como españoles, nos implica, en primer lugar, en la búsqueda de una solución justa y pacífica que respete el derecho a la autodeterminación, como ha ocurrido con todos los pueblos africanos después de la larga noche colonial. Mantener una postura de «ambigüedad retórica» estimula a Marruecos para seguir en su posición intransigente, no aceptando la aplicación de las resoluciones de la ONU y poniendo condiciones previas en próximas negociaciones. Si algo demuestran los más de 30 años que perdura el conflicto es que este no se cerrará mientras el pueblo saharaui no decida libremente su futuro.
¿Y la ONU? Las Naciones Unidas dejaron clara desde hace largo tiempo la ausencia de cualquier título de soberanía de Marruecos sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Más de 50 resoluciones han abordado el tema y todas ellas, una tras otra, han pasado al olvido por la cerrazón del reino alauí, ocupante ilegal de unos territorios a los que ha convertido en una especie de Guantánamo gigante a escasos 100 km de Europa (torturas, desapariciones, juicios sumarísimos y un largo etcétera, tal y como atestiguan las denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, o el propio informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que se hizo en 2006 sobre la situación de los derechos humanos y que aún hoy sigue pendiente de publicación).
La ONU se ha mostrado incapaz de obligar a Marruecos a que cumpla los acuerdos firmados pese a que han pasado más de 18 años desde que, bajo los auspicios de la propia ONU y la UA, firmara con el Frente Polisario el Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental, que establecía la celebración de un referéndum libre con el objetivo de que el pueblo saharaui decidiera su futuro. En lugar de ello, el Consejo de Seguridad ha permitido que Marruecos obstaculice de forma reiterada tanto el citado Plan de Arreglo de 1991 como los posteriores acuerdos de Houston de 1997 firmados entre las partes.
Junto a esa incapacidad para hacer valer los acuerdos internacionales, la ONU está siendo testigo mudo, a través de los cascos azules desplegados bajo la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), de las constantes violaciones de los derechos más elementales padecidas por el pueblo saharaui bajo la ocupación marroquí. La semana pasada, el representante del Frente Polisario ante la ONU solicitaba la ampliación del mandato de la MINURSO, con el fin de proteger los derechos humanos de la población saharaui.
El mes pasado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estimaba «en breve el lanzamiento de nuevas negociaciones» entre Marruecos y el Frente Polisario, al tiempo que destacaba la figura de su nuevo enviado personal, el diplomático norteamericano Christopher Ross, de gira la semana pasada por la región para preparar un próximo encuentro entre las partes. Nueva ronda de conversaciones que comenzarán, al igual que las anteriores, con una de las partes, el reino alauí, aferrado a su postura de no considerar la autodeterminación, reconocida en los propios documentos de quien media en las negociaciones, es decir, la propia ONU.
Hoy, nadie discute ya que el derecho internacional está abiertamente del lado del pueblo saharaui, un pueblo que renunció a su legítima lucha armada confiando en las promesas de las Naciones Unidas.
¿No son acaso posibles la decencia y el respeto a la legalidad en la política internacional? Confiamos en que sí. Ambos, la ONU y el Estado español, pueden demostrarlo. Se lo debemos a la Justicia pero, sobre todo, a nuestra propia dignidad.
José Manuel Taboada Valdés es Presidente de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con el Sáhara