23 de enero de 2017, Marruecos está dando otra patada a la legalidad internacional con la celebración de un juicio contra 21 presos políticos saharauis (inicialmente eran 25) en relación con los sucesos de Gdeim Izik (2010), campamento de protesta levantado por los saharauis de los territorios ocupados donde se inició la fallida ‘primavera árabe’. […]
23 de enero de 2017, Marruecos está dando otra patada a la legalidad internacional con la celebración de un juicio contra 21 presos políticos saharauis (inicialmente eran 25) en relación con los sucesos de Gdeim Izik (2010), campamento de protesta levantado por los saharauis de los territorios ocupados donde se inició la fallida ‘primavera árabe’.
Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia determina que Marruecos carece de legitimidad sobre territorios allende sus fronteras reconocidas y que el Sahara no está entre ellas, estableciendo la prohibición de incluir productos saharauis en el acuerdo comercial comunitario con Marruecos. ¿Qué hace el Estado español para cumplir esa sentencia y que no se descargue en sus puertos aceite de pescado embarcado en los territorios ocupados de El Aaiún, por ejemplo?
Igualmente, la incapacidad de la ONU para imponer a Marruecos la celebración del referéndum de autodeterminación, aprobado mediante el Plan de Paz de 1990, deja en evidencia a la llamada comunidad internacional, que nos acostumbra a hacer la vista gorda con regímenes donde se vulneran a diario los derechos humanos de sus pueblos, como México y Marruecos, que también se caracterizan por ser narcoestados.
¿Por qué se permite que kilos y kilos de hachís producidos en Marruecos se distribuyan por Europa, lo que supone el 38% de un negocio que factura entre 21 y 31 mil millones de euros al año?
¿Por qué se permite a Marruecos la vulneración sistemática de los derechos humanos? ¿Por qué esa impunidad de uno de nuestros principales vecinos, con quien compartimos frontera sur? ¿Qué hacían dos altos significados dirigentes del Gobierno marroquí y Emilio Botín en una cena con Colin Powell y el secretario general de la OTAN en casa de la ex ministra Ana Palacio, en el contexto de la Conferencia de Países Donantes creada tras la invasión de Irak?
¿Por qué no se suspenden los tratados comerciales con Marruecos hasta que su régimen no acate el Plan de Paz 1990 de la ONU? ¿Por qué este asunto no figura como punto fundamental en la agenda electoral francesa? ¿Por qué tampoco es un punto prioritario en la agenda internacional en el Estado español? ¿Sigue siendo España la potencia administradora del Sahara, como indica la ONU en un informe de 2002? Si es así, ¿por qué no se involucra en la resolución del conflicto?
«En su Auto 40/2014, la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar la actuación 2010 de las fuerzas de seguridad marroquíes contra los habitantes del asentamiento saharaui de Gdeim Izik, sobre la base de que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental de iure y por tanto debe dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso», se recuerda en la pregunta parlamentaria de Unidos Podemos al Gobierno.
¿Qué ha investigado la Audiencia Nacional en estos más de seis años en relación con el ataque marroquí al campamento saharaui de Gdeim Izik? ¿Va a decir algo el Gobierno español respecto a la farsa de juicio que se celebra en Rabat contra el grupo de presos políticos de Gdeim Izik, uno de ellos con el estatus de refugiado político concedido por España contra quien Marruecos ha retirado su acusación -por razones obvias- tras alcanzar el asilo político?
El juicio contra los presos políticos saharauis que se ha celebrado este lunes en Rabat es una verdadera farsa. La comunidad internacional debe hacer cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el referéndum en el Sahara Occidental y no puede seguir eludiendo su responsabilidad con un Estado que viola los derechos humanos de su propio pueblo y de seres humanos de otros pueblos como el saharaui. O los intereses económicos son más importantes, como ocurre en el caso de las relaciones con la dictadura de Arabia Saudí, y entonces reconocemos que ni el Derecho Internacional, ni resoluciones de la ONU, ni la Carta de los Derechos Humanos se aplican…que todo es pura hipocresía.
El nuevo Consejo de Seguridad de la ONU tiene una última oportunidad para emitir una nueva y última resolución para cumplir con los acuerdos del Plan de Paz de 1990 y promover la celebración del referéndum del Sahara Occidental. O su credibilidad, como en el caso palestino, caerá definitivamente por los suelos.