Per la Democràcia. País Valencià Antifexista. Es la consigna con la que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) convocó -el pasado 25 septiembre- concentraciones en Valencia, Castellón y Alicante contra las agresiones fascistas ocurridas durante la manifestación del 9 de octubre (Día Oficial de la Comunidad Valenciana) de 2017 en Valencia.
La concentración del día 25 en la capital valenciana se produjo en la Ciudad de la Justicia, media hora antes del inicio -según las previsiones- del juicio a los 28 acusados de los ataques (individuos de ideología ultraderechista) y tras un proceso de instrucción que se prolongó durante seis años.
Pero la vista en la Audiencia Provincial de Valencia quedó finalmente suspendida hasta los días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2024, “por desacuerdos entre acusaciones y defensas con las órdenes de alojamiento fijadas y que incluyen sedes de entidades” (Europa Press, 25 de septiembre).
El comunicado de ACPV, integrante de la Comissió 9 d’Octubre (movimiento que anualmente convoca la manifestación y se ha personado en el juicio) añade respecto a los presuntos autores de las agresiones y coacciones a manifestantes y periodistas: “Ha podido documentarse suficientemente con todo tipo de grabaciones de vídeo y fotografías su implicación en actuaciones criminales”.
La nota informativa caracteriza a los autores de las acciones violentas de 2017 como “grupúsculos marginales de fascistas blaveros (por la defensa de la franja azul –blau– en la bandera regional) y españolistas” (anticatalanistas), que trataron de impedir que se desarrollara la manifestación del 9 de Octubre por las calles de Valencia.
En los años anteriores a la apertura del juicio oral, se ha producido la disolución de la peña ultraderechista Yomus del Valencia Club de Fútbol, “protagonistas de todo tipo de incidentes y agresiones físicas y verbales” (miembros del grupo ultra estuvieron presuntamente implicados en la embestida violenta de hace seis años).
Por último ACPV ha pedido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, y los miembros del Gobierno valenciano (de coalición entre el derechista PP y el partido de extrema derecha Vox), una condena de la violencia ejercida contra el derecho de manifestación.
Tal vez algunos anuncios revelen las intenciones del ejecutivo actual; el pasado 26 de mayo, dos días antes que se celebraran las elecciones autonómicas, Mazón se comprometió a “impulsar una nueva ley de señas de identidad para defender nuestras tradiciones” y criticó el “reparto” de dinero a “entidades que dicen que somos ‘paisos catalans’”.
País Valencià Antifeixista es precisamente el lema de la convocatoria a la manifestación del próximo 9 de octubre de 2023 en la plaza de san Agustín de Valencia; junto a un puño y la bandera quadribarrada, el cartel de la Comissió 9 d’octubre especifica que el objetivo es construir un País Valenciano “libre” de valencianofobia, LGTBfobia, injusticias, machismo, racismo y odio.
La Comissió está formada por ACPV, la asociación Tirant lo Blanc, el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta; Comisiones Obreras del País Valencià e Intersindical Valenciana; los partidos Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)-IU, Podemos, Compromís y Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV); la Federació Escola Valenciana; la Plataforma per la Llengua; la Societat Coral El Micalet y Decidim.
¿A qué condenas se enfrentan los encausados en el procedimiento penal? Pocas fechas antes del inicio (previsto) del juicio, la Agencia Efe recordaba que la Fiscalía solicitaba penas que oscilan entre los tres y los siete años y medio de cárcel por los delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra; a estas peticiones se agregaba la de multas y pago de indemnizaciones.
La Comissió 9 d’Octubre, que ejerce la acusación, “añade el de daños, el de odio y pertenencia a grupo criminal y, por la reincidencia en algunos casos, pide penas de entre 5 y 11 años de prisión”.
Concluida la manifestación de 2017, el periodista Joan Cantarero tituló la crónica en el diario Público Los ultras revientan la manifestación del 9 d’octubre en València; y resaltaba cómo un “número importante de personas” (en aquel momento sin cuantificar) fueron heridas por la acometida de ultraderechistas que portaban palos y barras de hierro.
En las fotografías adjuntas al artículo puede observarse a miembros de estos grupúsculos (con banderas de España y el astado en el centro, o la enseña valenciana con la franja azul coronada) golpeando e increpando a ciudadanos que se manifestaban (se exhibió también simbología nazi).
El reportero daba cuenta de la “impunidad” con la que actúa habitualmente la extrema derecha en Valencia; en este caso, por circunstancias como las “exiguas unidades” de la policía antidisturbios (UIP) presentes, que separaron a manifestantes pacíficos de las bandas de ultraderecha “con mucha parsimonia” y “permitiendo situaciones de tensión” que llevaron a los primeros ataques.
Al finalizar la manifestación, lejos del punto previsto, “se han producido persecuciones y agresiones aisladas en las calles, a modo de cacería, que han provocado nuevos heridos”, escribió Cantarero en Público.
Canales como La Sexta difundieron imágenes de patadas en la cabeza, la espalda o las piernas, que también sufrieron ciudadanos que ya estaban en el suelo; hubo otros -rodeados- que asimismo recibieron puñetazos; la cadena televisiva informó que en el intento de “boicotear” la manifestación del 9 d’octubre participaron simpatizantes de España 2000.
Unas semanas después de los ataques -el 28 de octubre de 2017- decenas de colectivos y organizaciones de izquierda reunieron a varios miles de ciudadanos en el centro de Valencia, que se manifestaron contra la embestida fascista.
En una de las pancartas, situada en un lugar destacado, figuraba la consigna Totes contra el feixisme i les Llibertats. No passaran; la agencia Efe informó de un importante despliegue policial (a pie, a caballo y en helicóptero), así como de la presencia de un grupo de 50 individuos (“contramanifestantes”) que clamaban por la unidad de España.
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