«Pasé seis meses en una celda abarrotada con más de cien personas. Convivíamos con nuestros excrementos, que se apilaban en un rincón. El calor era insoportable. Cada día morían dos o tres personas». El senegalés Abdourahmane Gueye nunca pensó que vería al causante de sus sufrimientos sentado en el banquillo de un tribunal. De 62 […]
«Pasé seis meses en una celda abarrotada con más de cien personas. Convivíamos con nuestros excrementos, que se apilaban en un rincón. El calor era insoportable. Cada día morían dos o tres personas». El senegalés Abdourahmane Gueye nunca pensó que vería al causante de sus sufrimientos sentado en el banquillo de un tribunal.
De 62 años, casado y con seis hijos, este comerciante es una de las dos víctimas senegalesas que, hace 20 años, padeció la detención sin cargos por parte del régimen entonces en el poder en Chad. Al mando estaba un hombre llamado Hissène Habré. Cuando fue depuesto en 1990, Habré huyó a Senegal, donde ha vivido desde entonces plácidamente.
«Yo fui detenido cuando crucé desde República Centroafricana a Chad. Iba a vender joyas a los soldados franceses que estaban estacionados en Chad. A mi amigo y compañero Demba le detuvieron conmigo. Nunca volví a verlo con vida», cuenta Gueye.
Gueye tuvo suerte y la intermediación del ex presidente senegalés Abdou Diouf logró que le pusieran en libertad. Pero miles de chadianos padecieron torturas y tratos inhumanos en las prisiones de Habré. Documentos de la antigua Dirección de Seguridad abandonados y descubiertos por la organización Human Rights Watch (HRW) prueban la muerte de 1.208 personas en prisión. Una Comisión de Verdad y Reconciliación estimó en 40.000 los asesinatos políticos.
Demanda de las víctimas
Hoy Gueye tiene la posibilidad de soñar con ver a su torturador ante un tribunal, un privilegio que no han tenido la mayoría de las víctimas de abusos infligidos por los dictadores africanos. Gueye forma parte del grupo de víctimas que ha planteado una demanda contra Hissène Habré y, tras seis años de lucha, logró que la Unión Africana exigiera en 2006 a Senegal que le juzgara. Pero de eso hace dos años, y Dakar no se está moviendo para preparar el proceso a la velocidad que las víctimas querrían.
«No estamos nada satisfechos. Hay mucha declaración política y poco acto concreto. Mientras, hay víctimas de Habré que mueren todos los días sin ver que se haya hecho justicia», señala a Público Demba Ciré Bathily, abogado de las víctimas.
«No entendemos que lleve tres años hacer una mínima reforma legal», dice en referencia a la enmienda a la Constitución -aprobada finalmente el miércoles pasado- para permitir que los tribunales senegaleses puedan perseguir crímenes contra la humanidad cometidos en el pasado.
«Nos preguntamos si Senegal tiene voluntad política para juzgarle o si está jugando con la comunidad internacional. Nuestra impresión es que juegan con el tiempo. De hecho, en el entorno de Habré creen que nunca habrá juicio», se queja Bathily.
«Senegal ha perfeccionado el arte de retrasar este caso», opina Alioune Tine, de la Asamblea Africana por la Defensa de los Derechos Humanos. «Este caso es una prueba para la justicia africana. África no puede quejarse de que la justicia internacional se esté cebando con los líderes africanos mientras deja que el caso Habré languidezca en Senegal».
Si Habré llega a ser juzgado, se trataría de la primera vez que una demanda interpuesta por víctimas africanas logra sentar en el banquillo a un dictador. El abogado Bathily insiste en la importancia de este proceso: «África nunca ha luchado contra la impunidad. Es el único continente donde los dictadores se han librado y han tenido una jubilación de lujo, con la única excepción del ex presidente de Liberia, Charles Taylor [actualmente juzgado por el Tribunal Penal Internacional para Sierra Leona]», explica el letrado. «Por eso este caso envíaría una señal fuerte al mundo de que África quiere poner fin a la impunidad», opina Bathily.
«Para dos años, el proceso va muy lento», coincide Reed Brody, de HRW. «El Gobierno infló el presupuesto del juicio: pidió 66 millones de euros, cuando estimamos que puede costar 28 millones», explica Brody. Un equipo de la Unión Europea que visitó Senegal el pasado enero para evaluar las necesidades financieras derivadas del proceso con vistas a desembolsar una ayuda económica, pidió a Senegal que rehiciera el presupuesto.
«Nos mantenemos cautos», dice Stéphanie Masure, encargada del asunto en la Delegación de la Comisión Europea en Dakar. «Apoyaremos de una forma u otra los esfuerzos para juzgar a Habré pero nos hace falta saber qué es lo que podemos o no apoyar. Ahora mismo no se reúnen las condiciones para que nos puedan pedir ayuda financiera» explica.
Con la aprobación de la enmienda consitucional el pasado miércoles, se elimina cualquier obstáculo para juzgar a Habré. Ahora, al menos, podrá comenzar la instrucción del caso. Pero puede pasar otro año por lo menos hasta que ésta se complete y dé paso a la vista oral. Hay otros factores preocupantes. El actual ministro senegalés de Justicia, Madické Niang, es el antiguo abogado de Habré.
«Los documentos están ahí. Las pruebas están ahí», recuerda Brody. «Retrasar la justicia -concluye- es negarla justicia.