El magnate norteamericano Sheldon Adelson, propietario de la todopoderosa firma Las Vegas Sand, negocia desde hace meses con el gobierno y las autoridades españolas la construcción de un macrocentro de ocio emulando a los ya existentes en Las Vegas, Singapur y Macao. Según las diversas informaciones vertidas en los medios de comunicación, la inversión supondría […]
El magnate norteamericano Sheldon Adelson, propietario de la todopoderosa firma Las Vegas Sand, negocia desde hace meses con el gobierno y las autoridades españolas la construcción de un macrocentro de ocio emulando a los ya existentes en Las Vegas, Singapur y Macao. Según las diversas informaciones vertidas en los medios de comunicación, la inversión supondría la creación de alrededor 250.000 puestos de trabajo -164.000 directos y 97.000 indirectos- así como la proyección de unas infraestructuras hoteleras que, en días venideros, podría albergar un salón de convenciones y una sede de conferencias para la Europa del sur y el norte de África.
Si bien, la alcaldesa de Madrid y la presidenta de la Comunidad reiteran que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo en lo relativo al emplazamiento y las concesiones administrativas atinentes a la legislación vigente en materias tales como extranjería o fiscalidad, lo cierto es que la sola mención de un proyecto de semejante calado y envergadura, levanta una densa humareda de requerimientos en términos medioambientales, económicos y sobre todo legales. Al ya de por sí delicado equilibrio medioambiental de un ecosistema mermado tras la alarmante sequía de estos últimos meses, se le suman los problemas tanto legales como económicos derivados de un proyecto que, Esperanza Aguirre, no dudaría en calificar de salvavidas para salir a flote de la tan complicada situación en la que nos hallamos es un rayo de luz en estos momentos de oscuridad (El País, 23-01-2012).
A pesar de las declaraciones entusiastas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, las aspiraciones lúdico-empresariales del magnate norteamericano no son tan halagüeñas como, a la postre, se trasluce de esas calurosas palabras, porque, a la verdad escamoteando sus mil rostros y las afirmaciones sesgadas de la presidenta, cabría añadirle las onerosas condiciones impuestas por el magnate americano sine quoi non la instalación definitiva del complejo lúdico no podría llevarse a cabo en España. El elenco, aunque pueda resultar sorprendente, recoge los siguientes y nada desdeñables compromisos: cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería, dos años de exención en las cuotas de la Seguridad Social y todos los impuestos estatales, regionales y municipales, un préstamo de 25 millones de euros solicitado a la Unión Europea y avalado por el gobierno español, el traslado del vertedero de Valdedomínguez y del asentamiento de la Cañada Real, la cesión de todo el suelo público de la zona reubicando las viviendas protegidas, la expoliación de suelo privado y la modificación de la ley antiblanqueo de capitales.
De este modo, y con los siempre imprescindibles puntos sobre las ies, la hipotética inversión del magnate se trastoca, como por ensalmo, en un abracadabresco y encubierto movimiento de capitales, garantizado y cofinanciado por el gobierno español, en justa medida a las facilidades legales y las ventajas fiscales brindadas al proyecto del acaudalado norteamericano. Una inversión, en ese aspecto, destinada a desbrozar el terreno en España para implantar un islote de producción-explotación laboral similar al de las perversas cadenas de montaje deslocalizado propiciadas por la mundialización y encaminadas a abaratar los costes de producción aprovechando la carencia de una sólida legislación laboral en los denominados países en vías de desarrollo. En el caso de España, se cuenta de antemano con la connivencia del gobierno que infiere estudiará la propuesta sin entrar en los pormenores del contrato y ni tan siquiera mentar una palabra sobre la posible derogación de diversas garantías laborales recogidas en el marco de la Constitución. El interés siempre prima por encima de todo y dada la difícil coyuntura económica más valdría hacer un esfuerzo colectivo y allanar el camino de una inversión extranjera tan suculenta. Aunque in parole povere, esa misma interpretación adquiere un sesgo del todo diferente si la enfocamos desde una óptica opuesta: la sola accesión del gobierno a dialogar sobre las condiciones sangrantes impuestas por el multimillonario norteamericano -la revista Forbes lo aupa hasta el decimosexto puesto en el ranking de personas más ricas del planeta- delata la aparición sintomática en nuestro país de un fenómeno de nuevo cuño: el colonialismo financiero. Un remozado proceso de colonialismo, en este caso financiero, desenmascarado por Pablo Olalla en su denuncia del caso griego y que ahora, a resultas de los planes del magnate norteamericano, y aunque con matices dispares, comienza a dar sus primeros pasos en España para acabar finalmente apoderándose de la franja europea de los países englobados como PIGS (Portugal, Irlanda-Italia, Grecia y España).
Para tratar de maquillar las cláusulas leoninas de la bienvenida inversión extranjera, Esperanza A guirre, en un juego de malabares propio de una asendereada gestora del vademecum democrático, aducía que se cambiarían todas las normas que hubiera que cambiar siempre dentro de unos vagarosos principios ético-legales, dado que la idea no es que sea un casino, a los de mi edad y tengo sesenta años no nos gusta Las Vegas. Pero es que Las Vegas ha cambiado absolutamente, es el centro de congresos más importante de Estados Unidos. Tienen deportes, cultura, unos ballets, es un destino para los viajes de novios de los madrileños… ¡Y tienen hoteles como el Venice que es como si estuvieras en Venecia! Pero vaya, no se trata de poner un casino, sino de poner en Madrid el gran complejo de congresos de congresos de Europa y de Oriente Medio (El País, 25-01-2012). Tanta parla indolente de un discurso vacío y recurrente, enhestado con la finalidad de emborronar los contornos visibles de un proceso de desestabilización democrática a favor de la especulación y el lucro; de tergiversar las consecuencias destiladas de una inversión aclimatando a su guisa y antojo el marco jurídico-legal del Estado; de ocultar los manejos bochornos de la grandes fortunas y la perentoria lanzada a las Autoridades Españolas para instarlas a negociar los cabos sueltos de un convenio sembrado de las trampas y los subterfugios concomitantes a un colonialismo financiero que, si como todo hace preveer las reformas llegan al puerto deseado, acabará cerniéndose sobre el futuro a corto, medio y largo plazo de España. Y ello, sin traer a colación funestas experiencias del pasado que demuestran sin ningún menoscabo la inviabilidad de una política de desarrollo basada en la construcción indiscriminada de similares macro-complejos de ocio y diversión: desde Isla Mágica en Sevilla hasta el Paramount Park en Murcia sin olvidar Terra Mítica en Alicante o el Parque Warner en Madrid. Y es que el ser humano no tropieza tres, sino infinitas veces en la misma piedra.
La elección de España por parte del magnate norteamericano no responde a un azar caprichoso y fortuito. Todo lo contrario. Es el resultado de un cálculo frío y sopesado. Procede de la necesidad de incentivar los engranajes económicos de un país compelido a cumplir nolens volens las recetas de ajuste impuestas desde Bruselas para combatir el déficit dentro de la política económica acaudillada por la troika -que ya en el verano del 2010 Jacques Sapir vaticinaba estaba condenada a provocar una crisis terminal sumergiendo la zona euro en una especie de atonía económica. Y es así mismo es el resultado pronosticado de que tales exigencias acabarán contrayendo la economía de los países más expuestos a los ataques especulativos del mercado y las agencias de notación, al aplicar los ajustes a un ritmo superior a sus posibilidades reales de re-estructuración. De ese modo, y a redropelo de lo estipulado en Bruselas, los planes de estabilización y el Pacto de Competitividad bosquejado a iniciativa del eje franco-alemán y ulteriormente ratificado por los países de la zona Europa, frena en seco la recuperación, destruye empleo, contribuye a la merma de la garantías sociales, degrada las condiciones laborales y fomenta la afluencia de capitales deseosos de medrar a expensas de una mano de obra barata y desamparada frente a las condiciones laborales vindicadas por los emporios y firmas empresariales aprovechando la pavorosa flexibilización del mercado laboral y los temidos recortes sociales.
En esta línea, en la editorial del mes de marzo de la edición española del Le Monde diplomatique Ignacio Ramonet, siguiendo el patrón expuesto por Nigel Farage en noviembre del pasado año ante los miembros del Parlamento Europeo, alude a la instauración subrepticia en Grecia de un régimen de protectorado debido a la cesión de una gran parte de su soberanía económica a la troika. Ésta última será la encargada de gestionar los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste así como de asegurar el pago a los acreedores del gobierno heleno. Sin embargo, en el caso de España, mientras ésta no se vea obligada a acceder a un plan de rescate, cabría seguir aplicando los criterios inherentes a la dinámica colonial en lugar de acudir al régimen de protectorado. Ello es así porque aún no se ha producido una cesión de iure de los derechos soberanos -aunque de facto estemos ante una situación del todo diversa- y, por ende, las fuerzas del mercado, los mercachifles y el capital dependen, en primera instancia, de las decisiones soberanas del gobierno y, en última instancia, de sus propios manejos para sortear las trabas legales y jurídicas del país e imponer sus reglas de juego en provecho de sus intereses. Mas, en el caso de España, contando con la ventaja implícita en la necesidad de impulsar el crecimiento económico en un país afectado de tal manera por la crisis económica y financiera que las autoridades se muestran favorables a escuchar y negociar sus condiciones.
El connubio alevoso, y ahora más que nunca estrecho, entre los poderes financieros y los poderes vicariales de la Comisión Europea, se empeña en tensar los cordajes de la maquinaria económica y apretar los cinturones hasta producir la asfixia luctuosa y selectiva de la ciudadanía. Y todo acredita la irreversibilidad de las reformas: desde Bruselas no cejan de recalcar la necesidad de tales sacrificios aduciendo a una maquiavélica y farisaica retórica de la expiación necesaria. Pero mientras así lo predisponen en las altas esferas de la política europea, entre las bambalinas del discurso oficial de la austeridad y el sacrificio, se fragua un escenario propicio para la implantación definitiva de un sistema de colonialismo financiero destinado a medrar en favor de un poder mercantil que, desde el inicio de la crisis, lastra el despegue económico de Europa y exige reformas en su política económica y laboral. Grecia, Italia, España, Irlanda y Portugal son las víctimas escogidas para consumar el holocausto requerido por bancos y especuladores.
Es por ello que el más mínimo atisbo o brizna de malestar social será inmediatamente contestado con la violencia propia de unos dispositivos policiales encomendados para sofocar el descontento y coartar la palabra a un sector de la población, ejerciendo su derecho democrático a manifestarse, en detrimento de aquellos que, exhibiendo la lealtad incondicional a los poderes establecidos, no dudarán ni un instante en tacharlos de «enemigos» porque la retórica del sacrificio necesario preconiza la censura de todo signo de disconformidad, acentuando, de esa forma, su machacona insistencia en la ineluctable necesidad de comenzar a burilar un futuro sobre pilares firmes y duraderos. En definitiva, todos somos culpables del desaguisado económico. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y ahora no es tiempo de protestas sino de enmendar el error, retomar las bridas de nuestra economía y arrimar el hombro. Al menos eso se desprende de las postreras declaraciones del presidente Mariano Rajoy en Lucena, pueden hacer una huelga general, pero no servirá de nada [porque] estamos poniendo bases sólidas, los cimientos para que este país sea el que nos merecemos. Ahora hacen falta gobiernos que tengan convicción en lo que hacen (El País, 03-03-2012). ¡El país que nos merecemos, claro! Y aquél que reclaman los mercados financieros para la especulación, la almoneda y el agiotaje desenfrenado de los bancos, oligarquías y monopolios trenzando los mimbres de un nuevo y acicalado mecanismo de esclavitud: sueldos miserables y la desaparición de las garantías sociales de una gran masa de jóvenes y desocupados obligados a transigir frente a las condiciones laborales impuestas por el mercado. Y ello dista de ser una fábula: edénicos paraísos de la esclavitud moderna en donde la figura legal del trabajador se desdibuja a costa de su paulatina reconversión en mera «carnaza laboral» desprotegida frente a los mercados y abandonada al albur despiadado de sus reclamos y exigencias.
Si la nueva estrategia del gobierno en su empeño de promover las reformas pasa por desplegar un discurso fatalista sobre el escenario apocalíptico que nos espera si no se aprobasen los ajustes, las orejas del lobo cobijado entre las líneas no enunciadas de ese discurso redentor, asoman ya en las declaraciones de la patronal. A sabiendas del país que nos merecemos los líderes patronales arremeten contra la haraganería de los trabajadores refugiados en los supuestos «privilegios» de la prestación por desempleo. Una prestación que no hace, a su sano juicio, sino ralentizar su reingreso en el mercado laboral -insinuando que éstos encuentran siempre un puesto de trabajo cuando se les agota la paga por desempleo- y frenar su accesión a un empleo ofrecido en Laponia o en las Quimbambas. Pero la cosa no queda ahí. Hace unas semanas, la ministra de empleo Fátima Báñez anunció la posibilidad de forzar a los parados a realizar tareas sociales. Para el uno y el otro, el trabajador se asemeja a un pelele supeditado a la voluntad antojadiza del mercado. Sin amparo, ni garantías sociales ni voz ni voto para decidir sobre su futuro inmediato. Porque el futuro, no puede ser sino el fruto exclusivo de un mecanismo de esclavitud al servicio del colonialismo financiero y los mecenas del mercado, que como el magnate estadounidense Sheldon Adelson, pescarán en la aguas revueltas de una crisis mucho más agravada en los países agrupados bajo el marbete de PIGS que, si alguien no lo remedia, acabarán convertidos en el campo de maniobras soñado para aplacar la codicia glotona de un mercado siempre dispuesto a sacar una buena tajada del tan propicio pastel horneado a conciencia en las cocinas de Bruselas.
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