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Un trabajador falleció el 24 de noviembre por el derrumbe en un centro educativo de Massanassa

Sindicatos de la enseñanza denuncian la gestión de la DANA por parte de la Generalitat

Fuentes: Rebelión

El estado español registró 573 muertes por accidentes laborales entre enero y septiembre de 2024 (en el centro de trabajo 466 y otras 107 in itinere –durante el trayecto al lugar de trabajo-), según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social; el total de víctimas mortales en el mismo periodo de 2023 fue de 524 (un total de 70 en el País Valenciano, durante los nueve primeros meses de 2024).

Con la huella presente de la DANA en el territorio Valenciano, el pasado 24 de noviembre se produjo uno de los últimos casos de accidente mortal; un trabajador de la empresa pública Tragsa, de 51 años, falleció en el municipio de Massanassa (10.150 habitantes), mientras trabajaba –en la limpieza- de un centro educativo afectado por la riada.

El origen del siniestro fue el derrumbamiento de parte de un techo en el centro educativo; otro obrero, de 35 años, resultó herido, por lo que requirió atención hospitalaria, informó la agencia Efe citando al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Se da la circunstancia que, el 7 de noviembre, el Ayuntamiento de Massanassa emitió un aviso en las redes sociales que prohibía –por motivos de precaución (“ante el aviso de posible derribo”)- la entrada en los colegios Lluís Vives y Ausiàs March.

¿Qué impacto tuvo la DANA en Massanassa? El balance hecho público el 14 de noviembre por el Centro de Información de Datos (CID) permite una aproximación; así, de las 216 muertes que se habían registrado hasta ese día –desde el 29 de octubre- en el País Valenciano (más de un centenar personas mayores de 70 años), 12 correspondían a Massanassa (el quinto municipio en defunciones tras Paiporta, Catarroja, Valencia y Alfafar).

Asimismo, el municipio de L’Horta Sud figura entre los 11 incluidos en el plan de refuerzo de extracción de lodos en bajos y garajes, dirigido por la Diputació de València (CECOPI, 26 noviembre).

Una muestra de la indignación popular se produjo el 24 de noviembre, cuando la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, del PSOE; y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, del PP, visitaron Massanassa tras el deceso por el derrumbe; las dos dirigentes políticas fueron increpadas por el vecindario (el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no acudió a la localidad por una “reunión de urgencia”).

El STEPV-Intersindical Valenciana (IV) publicó –el mismo día- una declaración de duelo, en la que criticaba la gestión de la Conselleria d’Educació, dirigida por José Antonio Rovira, del PP.

Así, la Conselleria “lleva desde el 29 de octubre desaparecida, dejando abandonadas a las direcciones de los centros (…); no ha enviado equipos de limpieza profesionales a las escuelas afectadas; ni Equipos de Protección Individual (EPIS), ni tan solo una escoba; los docentes, las familias y miles de personas voluntarias han limpiado los centros educativos”.

Fueron argumentos que se hicieron visibles en la manifestación convocada –el 23 de noviembre, en Valencia- por la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic; miles de personas reivindicaron en las calles la dimisión de Mazón y de Rovira. La movilización supuso, también, un reconocimiento al trabajo de las personas voluntarias.

Respecto a la gestión de la emergencia, la comunidad educativa denunció cómo “durante la alerta meteorológica, se mantuvieron centros escolares abiertos sin garantías de seguridad, y las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes”.

Además de la falta de apoyo psicológico, la Plataforma destacó que docentes y familias tuvieron que hacerse cargo de la reorganización de los centros; y la falta de las sustituciones necesarias entre el profesorado, o el “incumplimiento” de los acuerdos respecto a las plantillas.

También criticaron la “paralización” del Pla Edificant de la Generalitat en colaboración con los ayuntamientos, promovido en 2017 por el gobierno de coalición progresista (PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo de Unidas-Podemos), para la construcción y reforma de centros educativos (el recorte del PP “ha dejado muchas escuelas con graves deficiencias estructurales, poniendo en riesgo la seguridad del alumnado y el profesorado»).

Las organizaciones situaron las alertas en un panorama general de “desmantelamiento progresivo de la escuela pública”, por parte del actual Gobierno valenciano (del derechista PP en solitario; hasta julio de 2024 en coalición con el partido de ultraderecha Vox).

El manifiesto de la protesta del 23 de noviembre denunció, por otra parte, la denominada Ley reguladora de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana, aprobada en junio de 2024 (el Tribunal Constitucional admitió a trámite –el 19 de noviembre- el recurso de inconstitucionalidad que impulsó la coalición Compromís).

El nuevo modelo del PP y Vox (“y la consulta para la elección de la lengua base”) implica derogar la legislación de 2018; de hecho, representa una “amenaza para el uso del valenciano como lengua vehicular y pone en riesgo la cohesión social y la normalización lingüística”; además de  “arrinconar y perseguir el valenciano”, según la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.

El día anterior a la manifestación, CGT-València difundió un comunicado –La educación valenciana desde el fango- que encabezaba la fotografía invertida de Rovira; las críticas a la descoordinación se remiten al inicio de la catástrofe –el 29 de octubre-; declarada ya la Alerta Roja por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Conselleria d’Educació no emitió directriz alguna para la actuación de los centros.

De hecho, agrega la organización anarcosindicalista, “en algunos centros educativos los equipos directivos optaron por el desalojo; en otros muchos por la inacción absoluta y en la mayoría se enteraron de que había una alerta al día siguiente”; la situación de caos se repitió el 30 de octubre.  

¿Desinformación? 15 días aún se ignoraba la cifra exacta de centros y alumnos perjudicados, detalla la CGT; a las diferentes circulares, con anexos y subanexos “contradictorios”, se agregaba las cartas tanto a la dirección como al profesorado, y la profusión de notas de prensa; todo ello con la cita de “fases, subfases y muchos porcentajes”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.