SINTEL era el acrónimo que daba nombre a la empresa Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones, pretencioso nombre que la Compañía Telefónica decidió imponer a su filial, creada para la instalación y montaje de sus sistemas de telecomunicaciones. Un trabajo especializado realizado por unos profesionales muy cualificados.
El gobierno de Felipe González había designado a Cándido Velázquez, un viejo conocido del presidente en el PSOE y la UGT, para presidir Telefónica en 1989, después de haberlo tenido unos años al frente de Tabacalera. Tras varios años gobernando el buque insignia de las telecomunicaciones españolas, allá por 1996, cuando los socialistas ya habían perdido las elecciones frente a Aznar, en plena transición de un gobierno a otro, Cándido Velázquez decidió malvender SINTEL a MasTec.
MasTec era una empresa liderada por la familia Mas Canosa, conocidos anticastristas afincados en el exilio cubano de Miami. El precio no llegaba a los 5.000 millones de las antiguas pesetas. Se trató de una de aquellas privatizaciones que nos vendieron como la modernización y la salvación que España necesitaba.
Pronto aquellos cubanos anticastristas de Miami, comenzaron a hacer su negocio de expoliación desviando carga de trabajo y recursos económicos de la empresa. Es lo que ahora hacen los fondos de inversión, esos a los que llamamos buitre. Por su parte el nuevo presidente de Telefónica, Juan Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar, comienza su tarea de desviar carga de trabajo y recursos hacia otras contratas externas. SINTEL comienza a sufrir una alarmante falta de liquidez.
Para el año 1999 la empresa es ya insostenible y los cubanos anticastristas comienzan a dejar de pagar los salarios de sus trabajadores. Comienzan las movilizaciones, las concentraciones, las huelgas, las manifestaciones ante la empresa y frente a los ministerios, hasta que, cuando la situación ya es insostenible, la familia Mas Canosa abandona a su suerte a la plantilla.
A finales del 2000 los trabajadores deciden realizar una acción atrevida, arriesgada, audaz. Desde todos los lugares de España las cuadrillas de trabajadores de SINTEL comenzaron a confluir en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, lugar para influyentes ministerios, grandes bancos, poderosas corporaciones.
Así nació el Campamento de la Esperanza, un 18 de enero de 2001. Primero unas pocas tiendas, luego un campamento, una ciudad con sus alojamientos, almacenes, cocinas, comedores, plazas de reunión, centro de prensa, salones con televisores, enfermerías, bibliotecas. Por allí comenzaron a desfilar asociaciones vecinales, las organizaciones todas de las CCOO de Madrid, la UGT y el resto de sindicatos, personalidades como José Saramago, o José Luis Sampedro, cantautores, actores y rapsodas como Indio Juan.
No era una lucha fácil. Reportajes, manifestaciones, muestras de solidaridad. La inspección de trabajo, los tribunales declaran la quiebra de SINTEL. Aznar tiene mayoría absoluta desde hace un año, pero la situación es cada vez más dura. La presión social de cientos de tiendas y casi 2.000 acampados es cada vez más insostenible para el gobierno de derechas y para la propia Telefónica, a estas alturas gobernada por César Alierta, apuesta personal de Aznar.
El acuerdo final no fue sencillo. El gobierno quería una solución para salir del paso, los sindicatos, tras toda la reconversión industrial a cuestas, estaban acostumbrados a negociar cierres con medidas de acompañamiento. Los trabajadores querían la continuidad de la empresa. Hacerse cargo de su propio futuro. Algo que históricamente la clase trabajadora habían reivindicado, pero que cuarenta años de dictadura y una democracia posibilista nos había hecho olvidar.
El acuerdo fue complicado. Al final se impusieron las tradicionales medidas de recolocación de parte de la plantilla en compañías cercanas a Telefónica, indemnizaciones, prejubilaciones para los mayores de la plantilla y un pequeño párrafo que permitía explorar soluciones de viabilidad para la empresa.
Así, bajo esas condiciones, fue como el 3 de agosto los trabajadores de SINTEL, reunidos en el Salón de Actos de CCOO de Madrid, al que luego daríamos el nombre de Marcelino Camacho, tras 187 día de movilización, decidieron comenzar el desmantelamiento del campamento. Poner fin a una experiencia de esas que pocas veces se abren paso en la triste historia de este país.
Aún quedaba por delante un largo camino de demandas, procesos judiciales. Los Mas Canosa nunca entraron en la cárcel, aunque fueron condenados a pagar una indemnización de 35 millones de euros. Esta es la triste historia de casi cada una de las privatizaciones que ha vivido nuestro país.
Se han escrito tesis, trabajos de investigación, libros. Se han rodado reportajes, algunos de los cuales, como El efecto Iguazú, han recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como el Goya. Los nombres de Adolfo Jiménez, de Valeriano, de la lucha de SINTEL, forman ya parte de la historia del movimiento obrero español.
Las privatizaciones anteriores y posteriores han sido siempre un desastre recurrente del que aún no hemos aprendido. En el que nos seguimos embarcando cada vez que una alcaldesa vende vivienda pública a fondos buitre. Cada vez que fondos de sanidad privada se embolsan recursos de todas y todos, previo pago de comisiones a amigos, novios, testaferros, intermediarios de los poderes públicos.
Cada vez que un gobernante en activo, o un emérito, o expresidente, actúa como intermediario para que empresas de la construcción, o de cualquier otro sector, encaucen y se hagan con negocios en el extranjero, o en nuestra propia tierra. Momento de aprender la lección y luchar para que estos desmanes nunca vuelvan a repetirse. Esa es la lección que nos legó el Campamento de la Esperanza.