Durante más de una década, Alaa Abd el-Fattah ha entrado y salido de las cárceles de Egipto, nunca libre del acoso del aparato estatal militar.
En 2011, en el punto álgido de la revolución, Alaa surgió como una importante voz de su generación y desde entonces ha sido una brújula moral firme a pesar de los intentos de su país por silenciarlo. El 25 de enero de 2014, para conmemorar el tercer aniversario del derrocamiento del gobierno de Hosni Mubarak, Alaa y el poeta Ahmed Douma escribieron una emotiva epístola desde su calabozo en la prisión de Tora, en El Cairo. Esta prisión, que alberga a Alaa y a otros presos políticos, no está lejos del hermoso Nilo y —según el tráfico— no demasiado lejos de la oficina de Mada Masr en Garden City, donde se publicó la carta. En ciudades como El Cairo, las cárceles en las que se tortura a los presos políticos suelen estar situadas en barrios bastante normales.
“¿Quién dijo que éramos inigualables? ¿O que somos una generación encantada?», escribieron Douma y Alaa, reflexionando sobre la idea de que el levantamiento de 2011 fue de algún modo excepcional. “Somos humanos», dijeron, «pero en la oscuridad anhelamos la luz». La Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos estima que hay 65.000 presos y presas políticos en Egipto desde que el presidente Abdel Fattah al-Sisi tomó el control del Estado en 2013. Alaa está detenido por varios cargos, pero la mayoría de ellos se derivan de la acusación infundada y maliciosa de que organizó una protesta que duró unos quince minutos. Por esos quince minutos ha estado encarcelado durante gran parte de la última década.
¿Cuántas personas sensibles de todo el mundo están recluidas en cárceles, acusadas de cargos ridículos? Los informes que inundan Internet —muchos de ellos de grupos de derechos humanos con sede en Occidente— no son del todo creíbles, ya que ignoran o minimizan el historial de los gobiernos occidentales y de los regímenes prooccidentales. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, niega que tenga presos políticos a pesar de que existen campañas internacionales para liberar a personas como Álvaro Luna Hernández (La Raza), los cinco de la Fundación Holy Land, Leonard Peltier (Movimiento Indio Americano), Marius Manson (Frente de Liberación de la Tierra), Mumia Abu-Jamal (MOVE) y Mutulu Shakur (Ejército Negro de Liberación). Estas personas están detenidas sin causa justificada, a menudo porque ejercieron pacíficamente sus derechos humanos —como la libertad de expresión— o defendieron los derechos de otrxs. «Pueden haber organizado un partido de la oposición. Haber denunciado los abusos y la corrupción. Haber participado en una protesta pacífica». Estas son las palabras del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken del 7 de diciembre de 2021. Irónicamente, sus palabras se aplican a los disidentes dentro de su propio país, así como a los disidentes de los aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí y Colombia.
El 20 de diciembre de 2021, menos de dos semanas después de que Blinken hiciera estas declaraciones, el Tribunal de Seguridad del Estado de Egipto condenó a Alaa a otros cinco años de prisión, junto con Mohamed al-Baqer y Mohamed «Oxígeno» Ibrahim, quienes fueron condenados a cuatro años cada uno. En ese momento, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo en sus declaraciones semanales que Estados Unidos estaba «decepcionado» por estos veredictos. Unas semanas más tarde, Ahmed Hafez, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, respondió diciendo que «es inapropiado comentar o topar las sentencias de los tribunales egipcios». Eso fue todo. Cada año, el gobierno estadounidense proporciona a Egipto 1.400 millones de dólares en ayuda, la mayor parte para el ejército; y cada año, EE. UU. hace un gran alboroto al retener algo más de 100 millones de dólares de este dinero con el argumento de defender los derechos humanos, aunque el dinero se libera posteriormente con la excusa de la «seguridad nacional». Se habla mucho de los «derechos humanos», pero no hay ninguna preocupación real por el estrangulamiento de los procesos democráticos en el país. «En la oscuridad», escriben Douma y Alaa, «anhelamos la luz». Pero en la oscuridad, los negocios de armas y la «seguridad nacional» dejan de lado las cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos humanos.
La Primavera Árabe —cuyo centro era una losa de piedra de la plaza Tahrir— está en ruinas. Túnez, donde se inició todo el proceso, lucha con un gobierno que ha suspendido sus instituciones democráticas con la esperanza de hacer frente a una crisis social que es anterior a la pandemia del COVID-19, pero que se ha visto agravada por ella. El 14 de enero, aniversario del derrocamiento del presidente Zine el-Abidine Ben Ali en 2011, el Partido de los Trabajadores de Túnez encabezó una marcha desde la Plaza de la República de Túnez hasta el Banco Central con la consigna «No al populismo, no al fundamentalismo, no a los reaccionarios». Se oponían al antiguo régimen de Ben Ali, a los islamistas y ahora a la presidencia «populista» de Kais Saied. El Partido de los Trabajadores señaló que la crisis económica, exacerbada por el Fondo Monetario Internacional y que provocó la revolución de 2011, sigue sin resolverse. Naciones Unidas también ha expresado su preocupación por el uso de las fuerzas de seguridad internas en Túnez para reprimir derechos políticos básicos.
En Marruecos, la situación es grave. El régimen político centrado en el rey Mohamed VI se llama el Majzén (término que significa «almacén», refiriéndose al lugar donde se pagaba a los subordinados del rey). El rey posee entre 2.100 y 8.000 millones de dólares en un país en el que casi una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de la pobreza y en el que el descontento social ha aumentado durante la pandemia. En 2015, después de que el movimiento del 20 de febrero sacudiera a la sociedad en 2011, visité la oficina de Rabat de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y escuché un informe realista sobre la falta de libertades políticas básicas en el país. Al igual que lxs valientes defensores de los derechos humanos de otros países, los marroquíes con los que me reuní enumeraron los nombres de las personas que habían sido detenidas injustamente y expusieron un panorama de la dificultad de construir «un Estado de verdad y de derecho» en el país.
En ese momento, me enteré del caso de Naâma Asfari, que había sido detenido en 2010 y estaba cumpliendo una condena de treinta años por su activismo sobre la ocupación del Sahara Occidental. Su caso y el de Khatri Dadda, un joven periodista saharaui detenido en 2019 y condenado a veinte años, llamaron la atención de Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de lxs defensorxs de los derechos humanos. En julio de 2021, Lawlor declaró: «Los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Marruecos y el Sahara Occidental no sólo siguen siendo criminalizados injustamente por sus actividades legítimas, sino que reciben penas de prisión desproporcionadamente largas y, mientras están encarcelados, son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y a torturas». En las oficinas de las organizaciones de derechos humanos y de lxs abogadxs que trabajan incansablemente en su favor se encuentran a menudo fotografías de estos dos hombres y de muchas otras personas. Es gente como Alaa y sus compañeros y compañeras, con luchas similares en lugares tan lejanos como Colombia e India.
Durante los últimos años, el Majzén ha intentado estrangular al principal partido de la izquierda marroquí, Vía Democrática. Ha reprimido y difamado a los activistas que intentan organizarse en público, y está impidiendo que el partido utilice locales públicos para celebrar su 5º Congreso este año. A pesar de los obstáculos, lxs activistas de Vía Democrática han comenzado el nuevo año llamando a la lucha unida de las fuerzas populares y han exigido que se respeten las libertades y los derechos humanos y que se libere a los presos políticos, incluidos lxs miembros del Movimiento del Rif, que ha movilizado a cientos de miles de personas para exigir derechos sociales y justicia después de que un vendedor de pescado fuera asesinado por un compactador de basura de la ciudad en 2016. Vía Democrática también se opone al represivo Majzén y apoya la autodeterminación del pueblo saharaui.
Desde 1975, el Estado marroquí se ha anexionado el Sahara Occidental, pero tiene poca base legal para esta ocupación. En agosto de 2020, el gobierno de Estados Unidos firmó los Acuerdos de Abraham, lo que significaba que Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos reconocían a Israel (y, de hecho, la ocupación permanente de Palestina) a cambio de acuerdos sobre armas y del reconocimiento de EE. UU. de la toma del Sahara Occidental por parte de Marruecos. El Frente Polisario (el movimiento de liberación del pueblo saharaui) se opuso a estos acuerdos a medida que aumentaba la tensión en la frontera entre Marruecos y Argelia. Vía Democrática también adoptó una postura valiente contra los acuerdos, lo que le valió una mayor represión por parte del Majzén.
Reporteros sin Fronteras sitúa a Marruecos en el puesto 136 de los 180 países que componen su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021. Una de las razones de esta mala evaluación es la violación de la libertad de expresión de periodistas y escritorxs marroquíes como Omar Radi, Maati Monjib, Hicham Mansouri y Abdel-Samad Ait Ayyash. Fátima al-Afriqi escribió un texto potente sobre las amenazas a las que se enfrentaba: «Mensaje recibido. Oh guardias con sus ametralladoras tras los sacos de arena de los recuerdos y los sueños de mi cráneo… Los he entendido a ustedes que inspeccionan mis debilidades y mis posibles errores. Levanto la bandera blanca y declaro mi derrota, y me retiro del campo de batalla». Fátima continúa su valiente vigilia.
Omar Radi, al igual que Alaa, está sentado en su celda de la prisión de Oukacha, en Casablanca. Nos envía un mensaje: “La tiranía no es el destino; hay que conseguir la libertad, aunque tarde mucho tiempo. Además, si me ha llegado la hora de pagar el precio en nombre de esta desdichada nueva generación, que nació antes del Antiguo y del llamado Nuevo Régimen, estoy dispuesto a pagarlo con todo el valor, e iré a mi destino con el corazón tranquilo y sonriente, con la conciencia relajada”.
Omar, Alaa, Fatima, Ahmed y otrxs presxs políticxs de todo el mundo no correrán su misma suerte. Nos pondremos de pie a su lado. Estamos aquí. Mientras estemos con vida, nos mantendremos en pie.
Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/prision-politica/