Desde hace una década tres hermanos senegaleses, A. M. y K., residen en Cataluña. Todos ellos se dedican a la venta ambulante, uno de ellos tras laborar en el campo. El 28 de julio de 2016 una dotación de los Mossos d’Esquadra irrumpió con orden judicial en el piso donde residían los hermanos y otros […]
Desde hace una década tres hermanos senegaleses, A. M. y K., residen en Cataluña. Todos ellos se dedican a la venta ambulante, uno de ellos tras laborar en el campo. El 28 de julio de 2016 una dotación de los Mossos d’Esquadra irrumpió con orden judicial en el piso donde residían los hermanos y otros compañeros, en un dispositivo contra la venta ambulante no autorizada. Siete personas resultaron detenidas. Según la policía autonómica, el lugar operaba como uno de los principales centros de distribución del «top manta» en Barcelona. A ello se añadía, según la versión policial, los «numerosos antecedentes por agresión a agentes de la autoridad» de los detenidos. Las acusaciones por delito contra la propiedad industrial y pertenencia a organización criminal podrían suponer para A. M. y K. penas entre tres y seis años de prisión. Además, dos días después de la operación policial se decretó la prisión preventiva -como medida cautelar- para los acusados. Fueron víctimas de un «sistema racista», por las barreras que establece la Ley de Extranjería para acceder a un empleo regular, argumenta SOS Racismo; estas dificultades son las que le conducen a la venta ambulante no autorizada.
Las Oficinas de Información y denuncia de SOS Racismo recogieron durante 2016 un total de 309 denuncias por discriminación racista, según el informe de la ONG presentado en septiembre de 2017. La mayoría de los casos corresponden a racismo institucional (82), lo que incluye los trámites de extranjería y nacionalidad, la situación en los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) y los abusos de poder; el segundo capítulo por número de denuncias es el de «conflictos y agresiones racistas» en el espacio público y vecinales (51). Los capítulos de «racismo institucional» (26%) y «conflictos y agresiones racistas» (16%) suman más del 40% de las denuncias recibidas por SOS Racismo en las oficinas de Aragón, Cataluña, Galicia, Gipuzkoa, Navarra y Madrid.
La organización antirracista aclara que las cifras no reflejan la realidad de las prácticas discriminatorias, ya que muchas de las víctimas de xenofobia se abstienen de denunciar. Esto puede deberse a que hayan «normalizado» la discriminación, a la consideración de que las fuerzas de seguridad no ofrecerán respuesta y a otros supuestos, como no disponer de «papeles», el temor a posibles represalias o el desconocimiento de la legislación penal. El informe de SOS Racismo constata esta tendencia, ya que sólo 57 de los tres centenares de denunciantes en las oficinas de la ONG se hallaban en situación oficialmente «irregular».
El tercer bloque por número de denuncias es el de las relacionadas con los cuerpos policiales y el personal de seguridad privada (46), al que sigue el de la denegación de prestaciones y acceso a servicios privados (40), principalmente en relación con los locales de ocio, restaurantes y la vivienda; y sobre el acceso a prestaciones públicas (39), por ejemplo respecto a la asistencia sanitaria y el empleo; las denuncias por discriminación laboral (40) y las relacionadas -en las redes sociales y pintadas- con la extrema derecha y el discurso del odio (11) completan la tipología. Según el documento, el colectivo procedente del África Subsahariana sería el más discriminado, tendencia ya constatada en el informe «Sobre el racismo en el estado español» de 2016. Un total de 159 casos podrían calificarse como «delitos de odio», sostiene el documento.
SOS Racismo ha recibido denuncias como la de L. K. en Aragón. En noviembre de 2016 se hallaba en la calle, en un banco con sus amigos, cuando un policía pasó por su lado y le hizo señas. L. K. se aproximó y le preguntó qué ocurría, a lo que el agente respondió de malos modos. «Interceptado habitualmente en la calle para ser identificado, incluso yendo en compañía de sus hijos menores», detalla la oficina aragonesa de la ONG, se agregaba ahora otra circunstancia; L. K. recibió una notificación de inicio de procedimiento sancionador que se proponía una multa de 200 euros. En la exposición de motivos figuraba la «falta de respeto» y la actitud «excesivamente desafiante» a los agentes de la autoridad. La organización antirracista propuso al sancionado interponer un recurso de alzada ante esta resolución.
La oficina de SOS Racismo en Galicia también se hizo eco de la denuncia de B. A., un ciudadano de origen argelino que reside en España desde hace quince años, en un municipio cercano a A Coruña. Es un ejemplo de racismo institucional. En octubre de 2016 este ciudadano solicitó una cita en el ayuntamiento para demandar la Renta de Inserción Social de Galicia (RISGA), al carecer ya durante un tiempo de empleo e ingresos. B. A. denunció que, tras una entrevista de sólo diez minutos con la trabajadora social, en la que -entiende- recibió un trato despectivo, la petición resultó desestimada. Considera que la trabajadora social no mostró interés alguno en explicarle el procedimiento, ni realizar los correspondientes trámites.
Otro de los episodios difundidos por el documento tuvo como escenario las grandes superficies de la cadena Carrefour en el barrio barcelonés de Sants; y como protagonista a M., de nacionalidad española, nacido en Argelia y llegado a Cataluña hace más de 15 años. Solicitó entonces protección internacional, sin que el estado español le otorgara el estatuto de refugiado. Cuando se dirigía a la caja para pagar por los productos, el encargado de uniforme intentó mirarle en los bolsillos, a lo que M. se negó al considerar que ello iba contra su dignidad. El encargado y otros dos trabajadores no le permitieron abandonar el supermercado: uno de ellos le cogió por el cuello y otro por el brazo, lo que le causó una herida. La víctima denunció, con el apoyo de SOS Racismo, un «delito leve por lesiones» a los que se agregaría el prejuicio étnico. En noviembre un juzgado de Barcelona confirmó el sobreseimiento de la causa, decisión contra la que el abogado de la ONG presentó un recurso de apelación.
En el apartado de la discriminación laboral, la organización contra la xenofobia siguió en Madrid el caso de una chica venezolana de familia española, que trabajaba para la empresa Wonderbox-España desde un «call-center» en Portugal. Afirma que el supervisor le confirmó el motivo del despido: su ascendente sudamericano. En otras ocasiones se ha denunciado la discriminación religiosa en el ámbito educativo; como en el caso de una alumna musulmana de cuarto de primaria de un colegio público de Vitoria, cuyos padres rechazaron que tuviera que quitarse el pañuelo de la cabeza para asistir a clase; sin embargo, esta era la norma establecida por el centro. El Departamento vasco de Educación remitió entonces una circular a los centros educativos, con la recomendación de que no se impidiera la escolarización de alumnas que portaran el pañuelo.
Un ejemplo de la denegación de acceso a la justicia gratuita es el que afectó a S. C., senegalés residente en A Coruña. La oficina de SOS racismo en Galicia informa de que S. C. fue objeto de una agresión física en el municipio de Vilagarcía, cuando se dedicaba a la venta callejera de flores y abalorios. Al solicitar asistencia jurídica gratuita, recibió en abril de 2016 una resolución negativa por parte de la comisión de justicia gratuita de Pontevedra, en la que se argumentaba que S. C. es «una persona extranjera no comunitaria que no reside legalmente en España». Sin embargo, tras ganar el recurso planteado, el migrante senegalés accedió a la justicia gratuita regulado en la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita. También en Galicia, P., fotógrafo profesional, se ha visto con dificultades para encontrar una vivienda de alquiler en Ourense. Cuando telefonea a agencias inmobiliarias o pregunta por algún anuncio, a este latinoamericano y a su pareja les responden con la imposibilidad: la vivienda ya no está en arrendamiento. Pero cuando llaman por teléfono o visitan las inmobiliarias algunas de sus amistades gallegas, entonces la vivienda sí se encuentra disponible.
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