Sudán del Sur emergió como país independiente tras una guerra intermitente de cincuenta años (1955-2005) contra el poder central de Jartum. Aunque recién alcanzaría el estatus de nación en 2011.
Apenas habían pasado dos años hasta que el entonces país más joven del mundo entró en una guerra civil. Esta guerra, que todavía no se ha resuelto, es entre el presidente Salva Kiir, de la etnia dinka, y su exvicepresidente, Riek Machar, de la etnia nuer. Datos nada menores en este contexto poscolonialista, que han llevado al continente entero a incontables guerras y conflictos.
La guerra civil larvada de Sudán del Sur siempre parece dispuesta al estallido que cuenta con todos los aditamentos de prácticamente todas las guerras africanas, a las que nunca les faltan, más allá de las rivalidades políticas e intereses económicos (Sudán del Sur es el noveno productor del continente), enfrentamientos de origen étnico, en este caso entre dinkas y nuers, y religiosos entre algunas formas primitivas del cristianismo y animismos.
En este contexto, no ha sido un hecho menor la guerra civil que sacude a Sudán desde abril del 2023, ya que ambos países, además de compartir una frontera de más de 2.500 kilómetros, tienen una historia en común que los mantendrá unidos de por vida: Numerosas etnias, tribus y clanes han quedado separados por una artificiosa línea fronteriza que no borra esos vínculos ni impide un activo tránsito comercial que permite la sobrevivencia de cientos de miles de personas a un lado y otros de los límites.
Estas características hacen que la guerra civil sudanesa entre los regulares de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), del general Abdel Fattah al-Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de Mohamed “Hemetti” Dagalo, tenga consecuencias sociales y afecte directamente su economía, ya que Sudán del Sur depende de Port Sudan y otros terminales sobre el mar Rojo para sacar sus exportaciones de petróleo, las que representan el 80 por ciento del PBI y un número incluso superior del total de sus ingresos. Por otra parte, las consecuencias sociales afectan a millones, ya que muchos de los propios radicados en Sudán se vieron obligados a regresar junto a varios cientos de miles de sudaneses que huyeron de la guerra en su país. Esta migración de aproximadamente unas quinientas mil almas ha vulnerado todas las posibilidades del prácticamente inexistente sistema de asistencia social y sanitaria, activando una crisis humanitaria grave.
Los acuerdos de 201 entre los bandos en pugna en Sudán del Su habían permitido la existencia formal de un Gobierno de “unidad nacional”, aunque en la realidad las estructuras del Estado se han mantenido en una inestabilidad constante para sus más de doce millones de habitantes.
A la actividad y presión de las milicias locales que jamás han sido desarmadas, a lo que se le suma un fuerte incremento del crimen organizado, focalizado en el armado de bandas juveniles a las que se manipula como piezas de un juego de los cárteles con terminales en la política. Esta situación permite que vastas regiones del país permanezcan solo controladas por autoridades tribales o clánicas, con muy poca o inexistente inserción del Estado.
Esta endeble arquitectura construida a partir de 2018 es la que ahora nuevamente está al borde del derrumbe tras choques intercomunitarios, disputas entre milicias y las tensiones dentro del propio aparato de seguridad del país, que pocas veces se sabe a quién responden.
En algunos estados como Jonglei, Alto Nilo o Warrap se han registrado enfrentamientos que ya suman centenares de muertos, provocando además desplazamientos masivos de población. Estos episodios no responden solo a las rivalidades preexistentes, como las disputas entre pastores nómades y agricultores, a bandas a favor del presidente o su archirrival, sino por militarización del territorio y la circulación de armas llegadas del conflicto sudanés. Que ha desestabilizado toda la región del Nilo superior y amenaza con desbordar al Chad y Etiopía.
Todas las áreas fronterizas de Sudán del Sur con Sudán se han convertido en una zona de alto tránsito de armas, combatientes y desplazados, utilizados por facciones armadas sursudanesas vinculadas a algunos de los bandos que se enfrentan en Sudán.
Cada cambio de rumbo en la guerra del norte impacta de lleno en Sudán del Sur, principalmente porque amenaza con interrumpir los oleoductos que recorren Sudán hacia el mar Rojo, lo que sería un golpe mortal para el Gobierno de Yuba, ya que con esas ganancias no solo se financia, sino que mantiene redes de patronazgo político y militar, vitales para mantenerse en el poder. Por lo que cualquier interrupción se puede traducir en el reinicio de la guerra civil en toda su magnitud, y no en sectores focalizados como ha sido hasta ahora.
Pese a las alianzas entre los bandos beligerantes del norte y las milicias sursudanesas, que incluso operan libremente a ambos lados de la frontera, el Gobierno del presidente Salva Kiir intenta mantener un equilibrio diplomático. Incluso se ha ofrecido a mediar, ya que de esa estabilidad depende no solo su Gobierno, sino que el país entero termine totalmente involucrado en el conflicto del norte.
La Administración sursudanesa ha intentado presentarse como mediador, ofreciendo su territorio para negociaciones y promoviendo incluso con otros estados de la región. Aunque su influencia es limitada, mientras que las tensiones internas del propio país debilitan cualquier representatividad diplomática.
Hacia una guerra abierta
El fantasma de que la guerra de Sudán termine por regionalizarse, desbordada al Cuerno de África y hacia el Sahel oriental, en Sudán del Sur, prácticamente se ha corporizado, donde los bandos en disputa en Sudán han comenzado a utilizar no solo el territorio sursudanés como retaguardia, sino a las innumerables milicias que han comenzado a alinearse abiertamente con el ejército o los paramilitares del norte.
Cada día se conoce acerca de bombardeos a poblaciones civiles y la destrucción de hospitales y se sabe de más y más filas de desplazados que recorren los caminos del Sudán del Sur buscando una seguridad que, si bien nunca les fue garantizada por el Estado, hoy parece todavía mucho más lejana.
Pueblos como el de Lankien, de más de 20.000 habitantes, en el estado de Jonglei, el que prácticamente ha quedado vacío tras los bombardeos de principio de febrero pasado, que destruyeron centenares de tukuls (las tradicionales viviendas de barro), junto a su único hospital, con capacidad para ochenta plazas, que era el único centro de salud de la región y brindaba atención a cerca de 25.000 personas que recibían servicios de salud materna e infantil, tratamiento para enfermedades crónicas, desnutrición grave y malaria, e incluso atención a supervivientes de violencia sexual. Sus ambulancias han sido robadas junto a todos los insumos médicos que conservaba en instrumental y medicamentos. Tras los bombardeos, la localidad pasó a ser ocupada militarmente, lo que terminó de provocar la fuga de gran parte de la población. Se ha conocido que los militares han asesinado a muchos ancianos y jóvenes con problemas de salud mental y alcoholismo.
El hospital de Lankien no ha sido el único destruido en el estado de Jonglei; según la agencia humanitaria de la ONU (UNOCHA), otros treinta centros de salud han sido saqueados o destruidos, dejando a un millón y medio de personas sin posibilidades de la atención médica.
Según estima Naciones Unidas, desde diciembre del año pasado hasta la fecha se han desplazado en Jonglei más de 300.000 personas, huyendo de los combates entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), el ejército gubernamental leal al presidente Salva Kiir, y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLM-IO), que apoyan al “suspendido” vicepresidente, Riek Machar.
La población civil no solo está siendo víctima de los combates entre ambos sectores, sino también de ataques indiscriminados que incluyen ejecuciones sumarias, secuestros y violencia sexual, saqueo de sus propiedades, incautaciones de bienes, vehículos y ganado, quema de cultivos pozos de agua y mercado vacíos.
A quince años de su independencia, Sudán del Sur, el país, sigue siendo una entelequia que se debate en la inestabilidad constante de guerras y limpiezas étnicas que coquetean con el genocidio.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
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