Después de dos años de su entrada en vigor, el acuerdo de paz en Libia se enfrenta al desdén de sus opositores mientras la ONU lucha por mantenerlo en pie.
Escena tras el atentado en Benghazi, enero de 2018. Abadullah Doma/AFP/Getty Images
Seis años después del derrocamiento de Muammar Gadafi Libia sigue inmersa en una guerra civil que ha provocado miles de víctimas y el desplazamiento de cientos de miles de personas. El Acuerdo Político Libio (LPA, por sus siglas en inglés) firmado en diciembre de 2015 pretendía marcar la hoja de ruta del proceso de paz en Libia. Sin embargo, dos años después de su entrada en vigor, los actores en el este siguen sin reconocer su legitimidad.
El ataque ocurrido la madrugada del 24 de enero en Bengasi, cuando dos coches bomba acabaron con la vida de 34 personas, es una muestra de cómo los opositores del acuerdo de paz dificultarán el camino hasta las próximas elecciones. Aunque ningún grupo ha reclamado la autoría, el control de la ciudad no está claro pese a que el general Khalifa Haftar declaró la victoria en julio sobre la rama de Daesh en Libia y el Consejo de la Shura de los Revolucionarios de Bengasi. Sin embargo, militantes de estos grupos siguen atacando de forma esporádica a las fuerzas de Haftar, el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés).
Por su parte, el general anunció el pasado 17 de diciembre que el acuerdo político había expirado, sembrando nuevos interrogantes sobre la viabilidad del marco político y las elecciones. Mientras tanto, la situación económica continúa siendo pésima y las milicias se fortalecen con el tráfico de seres humanos hacia Europa.
Un acuerdo de paz apresurado
Miembro del Ejército Nacional Libio en la ciudad de Benghazi. Abdullah Doma/Getty Images
El Acuerdo Político Libio fue firmado en diciembre de 2015 en Skhirat, Marruecos con el objetivo de abrir una vía de concordia frente a la situación creada tras las elecciones de 2014. En junio de ese año, un nuevo parlamento fue elegido para suceder al Congreso General Nacional (GNC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, su legitimidad no fue reconocida, lo que llevó a los ganadores a establecer la Casa de Representantes (House of Representatives, HoR en inglés) en Tobruk. Por su parte, el GNC permanecería en Trípoli, estableciéndose así dos gobiernos paralelos.
Para solventar esta situación y restablecer una única autoridad, el enviado especial de la ONU, Bernardino León, puso en marcha un proceso de mediación a varios niveles que dio como resultado el LPA, ya bajo la mediación de su sucesor Martin Kobler. El principal objetivo del acuerdo era reunificar a las dos facciones políticas mediante la creación de un Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, en inglés) y del Consejo de la Presidencia.
«Quizás fue un error presionar para lograr este acuerdo que, esencialmente, otorga el poder a un gobierno que no tiene control del territorio», señala en una entrevista la analista Claudia Gazzini. Y es que el gobierno creado por el LPA operaba remotamente desde Túnez y, posteriormente, se trasladó a una base militar a las afueras de Trípoli, mostrando así la ausencia de apoyo social al mismo. «Si hubieran esperado, podrían haber logrado un consenso entre los distintos grupos y haber construido una estructura política y una estructura militar unificadas, que no lucirían como lo que vemos hoy», añade Gazzini.
Sin embargo, en la actualidad el LPA representa el único marco político viable para resolver el conflicto en Libia, pese a las lagunas que presenta, como Crisis Group señala. Unas nuevas elecciones y la formación de un nuevo gobierno y separar sus deberes de los del Consejo de la Presidencia «ofrecerían una salida plausible al actual punto muerto», argumenta el think tank. Pero para ello es necesario que el nuevo enviado especial de la ONU desde 2017, Ghassan Salamé, reciba todo el apoyo diplomático e institucional, especialmente por parte de los actores internacionales más implicados en el conflicto.
Como señalaba Gazzini, Estados Unidos y la UE, no así otros actores «están fuertemente involucrados en un proceso político que ha llevado al reconocimiento internacional de un Gobierno que Crisis Group considera erróneo». Pese a ello, ya es difícil dar marcha atrás y la única solución posible es que otros actores que han actuado por su cuenta como Francia, Rusia, Egipto, Argelia y Qatar apuesten por el LPA de forma seria.
El protagonismo de Khalifa Haftar
El Presidente francés, Emmanuel Macron, en el centro, junto al Primer Ministro libio, Fayez al Sarra (izquierda) y el general Khalifa Haftar (derecha) en París. Jacques Demarthon/AFP/Getty Images
Tras años de conflicto, si alguien ha emergido como un actor determinante en Libia es el general Haftar, que nunca ha reconocido al GNA y ha preferido una política de hechos consumados sobre el terreno. Ello ha sido facilitado por el poder militar logrado en la lucha contra Daesh, tras el lanzamiento de la Operación Dignidad contra el grupo yihadista en mayo de 2014. En la actualidad, el LNA bajo el mando de Haftar controla el este del país, desde la frontera con Egipto hasta el centro de Libia y lo que es más importante, gran parte de la infraestructura petrolífera en torno al Golfo de Sirte.
El pasado 17 de diciembre, cuando se cumplían los dos años de vigencia del Acuerdo Político Libio, Haftar declaró en una aparición televisiva que «las instituciones creadas por el LPA no tienen validez», señalando que la expiración del acuerdo les previene de toda legitimidad, algo que por otra parte nunca les ha concedido. Para Naciones Unidas, el acuerdo sigue en vigor pues su desaparición supondría un vacío legal que dificultaría aún más la posible resolución del conflicto. Salamé urgió a todas las partes a «abstenerse de realizar acciones que puedan debilitar el proceso político».
Sin embargo, resulta difícil lograr que Haftar respete el proceso político y se atenga a formar parte de él, no solo por sus éxitos militares y el control territorial que posee en este momento, sino porque actores como Francia y Rusia le han apoyado militarmente para derrotar a Daesh, al mismo tiempo que le fortalecían políticamente.
La declaración de Haftar plantea varios interrogantes. El primero de ellos es si ha declarado la muerte de las instituciones civiles y, gane o no las elecciones, pretende instaurar un gobierno militar en todo el país, tal y como ya ha hecho en el territorio que controla. Esta posibilidad podría desatar movimientos preventivos por parte de sus opositores, degenerando en mayor lucha, especialmente en áreas como Sirte o Sabratha.
Otro interrogante, como señala Issandr el Amrani, de Crisis Group, es ver «hasta cuándo Haftar puede continuar desafiando el consenso internacional para encontrar una solución política al conflicto en Libia». Hasta ahora, la lucha contra Daesh lo ha hecho posible, pero actores como Francia y Rusia deben ser determinantes en forzar al general a formar parte del proceso político con garantías de respetar los resultados electores y lograr compromisos.
Elecciones 2018: ¿el principio del fin del conflicto?
Teniendo en cuenta la situación sobre el terreno resulta lógico cuestionarse la posibilidad de que las elecciones previstas para este año lleguen a celebrarse. En primer lugar, porque la situación de seguridad sigue siendo precaria y los distintos grupos armados y milicias pueden utilizar la fuerza para encaminar el proceso electoral hacia sus intereses.
Pero hay otros factores de interés. Haftar ha expresado su intención de presentarse a las elecciones para refrendar así el poder que posee sobre el terreno. Para ello cuenta con el Ejército Nacional Libio, que podría utilizar en caso de que los resultados electorales no colmen sus expectativas. Por otro lado, el hijo de Gaddafi, Saif al Islam, ha declarado su intención de participar como candidato en los comicios, aupado por el apoyo de ciertas tribus.
Así pues, los libios se dirimen entre dos candidatos denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y un gobierno que muchos ven como un títere de Occidente. En cualquier caso, los comicios son la única vía para restablecer una única autoridad en el país que permita abordar problemas acuciantes como la falta de liquidez financiera y restaurar la producción de petróleo para paliar la difícil situación que los libios viven a diario.
El futuro del acuerdo de paz en Libia depende directamente de que las elecciones se celebren y del resultado de las mismas, pero también de la ambición de Haftar y de cómo la comunidad internacional y los actores locales sepan acomodarla.