El derecho de los ciudadanos a la resistencia frente a las leyes injustas ha sido afirmado por todas las tradiciones políticas. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa pasando por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, […]
El derecho de los ciudadanos a la resistencia frente a las leyes injustas ha sido afirmado por todas las tradiciones políticas. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa pasando por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la rebelión activa y la desobediencia civil forman parte de la cultura y la práctica asociadas a la conquista de la Democracia.
Hoy en Madrid, la realidad es que mientras cientos de miles de madrileños tienen verdaderas dificultades para pagarse el transporte público (que es su derecho), muchos de los responsables de la crisis conducen vehículos de gama alta y se despiden de sus cargos en las entidades financieras que han arruinado con indemnizaciones millonarias. ¿Alguien podría negar que esta realidad y las leyes que la sostiene son injustas?
Mientras los recortes conducen a cientos de miles de personas a la desesperación, asistimos al rescate con dinero público de las entidades financieras responsables de la crisis. ¿Alguien puede negar que vivimos en una situación de emergencia social?
Al llamar saboteadores a los activistas de Toma el metro el debate sobre si la suya fue la forma más sensata de protestar pasa un segundo plano. Lo importante es que esta acción pacífica ha puesto sobre la mesa una injusticia que afecta a la mayoría de los madrileños.
La subida del precio del transporte público forma parte de una larga cadena de decisiones políticas que suponen un sabotaje sistemático y cotidiano de la Democracia y de los derechos sociales por parte de una clase gobernante que indulta a banqueros, desahucia familias, vende la soberanía a Merkel, modifica la Constitución para contentar a los mercados, regala a Bankia lo que recorta en educación y en sanidad y, en definitiva, gobierna a favor de una minoría de privilegiados y contra las mayorías.
Entender lo que vimos el martes en el metro como un mero sabotaje es no comprender la gravedad de la crisis social que estamos viviendo. Rajoy demuestra cada día, como le ocurrió a Zapatero, que no tiene ninguna solución y que forma parte del problema, mientras que la presidenta Aguirre tiene su propia agenda en la forma autoritaria de Tea Party.
El estilo franquista de la presidenta Aguirre criminalizando a todo el que protesta es de todos conocidos; demagogia y mano dura. Sin embargo, no debieran olvidar ni la presidenta ni sus palmeros que, en los tiempos que corren, alentar la represión contra los defensores de lo público es sembrar un campo de minas bajo sus pies.
Quienes representamos la oposición y la defensa de las mayorías no debemos perder de vista de qué lado estamos cuando la resistencia y la desobediencia son lo único que le queda a la ciudadanía para defender la Democracia.
Tania Sánchez Melero es diputada en la Asamblea de Madrid.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.