Mantener inmunes al estado de Israel y la ocupación militar de los territorios palestinos es el claro objetivo de la controvertida orden ha firmado EEUU sobre el antisemitismo en las universidades americanas, unos centros educativos que pueden perder la financiación federal si no promueven la libertad de expresión y la denuncia de las injusticias.
El miércoles el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite que las universidades de Estados Unidos sean penalizadas si autorizan en sus dependencias actividades «antisemitas», incluida la crítica de Israel, una decisión controvertida que ha causado polémica incluso dentro de la comunidad judía de ese país, donde los incidentes antisemitas han crecido significativamente en los últimos años.
La polémica se ha suscitado principalmente entre quienes consideran que se trata de una iniciativa destinada a ocultar la brutal ocupación militar israelí de los territorios palestinos y a tapar también la constante expansión colonial judía condenada en innumerables foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas.
En la ceremonia del miércoles, Trump estuvo acompañado por su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner, que son judíos. También estuvieron presentes senadores y congresistas, el embajador de Israel en Washington, Ron Dermer, así como una nutrida representación de judíos estadounidenses que celebraron con satisfacción la firma un documento que a muchos kilómetros de distancia fue saludado con entusiasmo por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Entre los asistentes al acto, que fueron obsequiados con vino y comida kosher, había figuras controvertidas en Estados Unidos, como el multimillonario Robert Kraft, que en febrero último se vio implicado en casos de prostitución, o el pastor evangélico Robert Jeffress, quien en una ocasión dijo que los judíos irán al infierno a causa de su religión.
«Como presidente», dijo Trump durante la ceremonia, «siempre celebraré y honraré al pueblo judío, y siempre estaré con nuestro querido amigo y aliado, el estado de Israel». En los últimos tres años Trump ha adoptado una serie de políticas proisraelíes que carecen de precedentes en Washington y que han conducido a la parálisis total del proceso de paz con los palestinos.
«Este acto deja claro que el Título VI del Acta de los Derechos Civiles, que prohíbe la financiación federal de las universidades y otras instituciones que practican la discriminación, se aplica a las instituciones que trafican con odio antisemita. De manera que el documento que firmamos hoy es muy poderoso», subrayó el presidente.
Aunque el Título VI del Acta de los Derechos Civiles de 1964 no incluía la discriminación por motivos religiosos ni por antisemitismo, Trump ha incluido en su orden el antisemitismo específicamente, y también la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto (IHRA) de 2016, aceptada por el gobierno de Israel y por otros gobiernos a pesar de haber suscitado encendidos debates y controversias en Occidente.
Particularmente controvertidas son algunas definiciones de antisemitismo que recoge la IHRA y están relacionadas con Israel. Por ejemplo, la comparación de las acciones de Israel con la Alemania nazi o «aplicar dobles raseros al requerir (de Israel) un comportamiento que ni se espera ni se exige a ninguna otra nación democrática». Aunque en la orden de Trump no se recogen estas dos situaciones, sí que se aceptan todos los ejemplos de antisemitismo que da la IRHA, incluidos esos dos.
En la práctica podría significar que los estudiantes universitarios estadounidenses no podrán criticar la ocupación israelí ni defender las injusticias que a diario sufren los palestinos a manos del ejército hebreo. Con la nueva orden en la mano, los campus norteamericanos perderán una cuantiosa financiación federal si permiten acciones de protesta contra Israel, y más específicamente contra la ocupación.
Ha habido organizaciones judías de Estados Unidos que se han felicitado por la orden, especialmente por recoger las definiciones de antisemitismo de la IHRA. Han sido las organizaciones más conservadoras, incluidos grupos judíos republicanos, pero ha habido otras organizaciones que han cuestionado la decisión de Trump.
La directora de Consejo Demócrata Judío, Halie Soifer, ha calificado la orden de «punto alto de la hipocresía». «Si Trump quiere afrontar el resurgimiento del antisemitismo que él ha ayudado a crear, tendría que aceptar su responsabilidad por su papel en alentar el nacionalismo blanco, perpetuar las teorías de la conspiración y repetir estereotipos que han conducido a la violencia contra los judíos».
La Unión de Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumenta que la defensa de los judíos ya estaba recogida en el Título VI, y advierte que «el gobierno no puede comparar las críticas a Israel con una discriminación ilegal», puesto que esto equivaldría a vulnerar la Primera Enmienda relativa a la libertada de expresión, algo que «no puede suprimirse».
Jeremy Ben-Ami, presidente de J Street, una organización judía progresista, calificó de «cínica» la orden ejecutiva. «Es particularmente indignante y absurdo que el presidente Trump pretenda que se preocupa por el antisemitismo en la misma semana en que él mismo ha lanzado locuciones antisemitas sobre los judíos y el dinero», dijo Ben-Ami en un comunicado.
Incluso el abogado judío-estadounidense Kenneth Stern, que fue quien acuñó la definición de antisemitismo de la IHRA, ha criticado en los últimos años el uso y la manipulación que se está haciendo de la definición para bloquear las críticas contra Israel. Para complicar las cosas, Stern se define a sí mismo como un sionista de derechas que defiende la libertad de expresión. «Los estudiantes y los profesores se van a asustar y van a callarse, y los administradores se equivocarán al suprimir o censurar la (libre) expresión», ha advertido.
No cabe duda de que la confrontación no ha hecho más que empezar y que las organizaciones estudiantiles plantarán cara en los tribunales. En un momento en el que el antisemitismo está creciendo en Occidente de manera clara, las políticas israelíes de ocupación no pueden ni deben permanecer ajenas a los derechos humanos porque así le convenga al presidente Trump.