Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino
Al día siguiente de la caída de Ben Ali la asociación RAID y la red CADTM de la que forma parte, lanzaron una campaña internacional destinada a plantear la suspensión del pago de la deuda tunecina mientras no se realizara una auditoría de la misma que permitiera determinar qué parte es odiosa: es decir, aquella que con la complicidad de los acreedores no benefició al pueblo tunecino y que, por lo tanto, debe ser anulada incondicionalmente. Esta campaña produjo (1) ya varios efectos positivos: en Europa el llamado lanzado por el CADTM y dos eurodiputados, Marie Christine Vergiat y Gabi Zimmer, a favor de una moratoria y de una auditoría sobre los acreedores de Túnez fue firmada por más de 120 parlamentarios europeos (2) y en el 2011 fueron aprobadas además varias resoluciones parlamentarias sobre la realización de una auditoría sobre la deuda tunecina. También en Túnez también se produjeron movilizaciones: el presidente Marzouki se pronunció a favor de la auditoría de la deuda pública externa del país y el 20 de julio una diputada de la Asamblea Nacional constituyente presentó un proyecto de ley.
Pero esta campaña también tiene sus detractores, como el profesor Moëz Labidi (miembro del Consejo de Administración del Banco Central de Túnez), que en un artículo titulado «La deuda odiosa: cuando la globalización flirtea con el populismo» publicado en julio último en la revista El Economista Magrebí interpela directamente al CADTM sobre la oportunidad de realizar una auditoría y anular la parte odiosa de la deuda. Según el autor, Túnez no tiene ningún interés en tomar esa iniciativa porque le sería financiera, económica y políticamente perjudicial. Esta toma de postura no es para nada sorprendente teniendo en cuenta la decisión del anterior gobernador del Banco Central de Túnez, Mustapha Nabli, de pagar las deudas heredadas de la dictadura.
Usaremos aquí nuestro derecho a responder, aunque por limitaciones de espacio nos limitaremos a los argumentos del autor contra una iniciativa tunecina sobre la deuda sin mencionar otras medidas que Túnez podría poner en marcha para favorecer el desarrollo de la población y conquistar su soberanía.
Según el autor, la propuesta del presidente Marzouki de realizar una auditoría de la deuda pública externa de Túnez «padece una doble insuficiencia, una visión ingenua anegada en un enfoque selectivo de la auditoría. En primer término una visión ingenua como si los Ben Ali y los Trabelsi no esperaban más que un préstamo del Banco Africano de Desarrollo o del Banco Mundial para desviar una parte. (…) Luego, la decisión presidencial ha caído en una concepción selectiva de la auditoría dedicada solo a la deuda externa. ¿Por qué nuestros expertos presidenciales eluden las demás oportunidades de desvíos (deuda interna, cuenta 26-26, impuestos, llamados de licitación)? ¿Constituye el caso tunecino una extrapolación abusiva de la tesis de la deuda odiosa formulada por la red internacional CADTM?».
Resulta lamentable que el autor no se tome el trabajo de recordar la definición de deuda odiosa.
Según esta doctrina del derecho internacional formulada por Alexandre Sack en 1927 (3), «Si un poder despótico contrae una deuda no para responder a las necesidades del país y el interés del Estado, sino para fortalecer su despotismo, para reprimir a la población que lucha contra él, etc. esa deuda es odiosa para toda la población del Estado […] Esa deuda no obliga a la nación: es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la contrajo de modo que, por lo tanto, desaparece con la caída del poder.»
En el caso tunecino esta estricta definición de la deuda odiosa se aplica por lo menos a la deuda contraída bajo el despótico régimen de Ben Alí. Los resultados obtenidos por él en las cinco elecciones presidenciales oscilan entre el 90% y el 99,5% y los informes de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las libertades denunciando graves violaciones no dejan lugar a dudas. Los acreedores conocían la naturaleza despótica del régimen de Ben Ali.
Destaquemos que la deuda tunecina forma parte de aquellas que fueron explícitamente calificadas de odiosas por el Parlamento Europeo en su resolución del 10 de mayo de 2012 (4) y por el Senado belga en una resolución aprobada en julio de 2011 (5). El Parlamento Europeo y el Senado belga ¿habrían hecho una extrapolación igualmente abusiva de la tesis de la deuda odiosa?
El autor continúa escribiendo: «resulta siempre muy delicado detectar la parte odiosa de la deuda pública. Un gobierno podría muy bien haber orientado la ayuda externa a la construcción de hospitales o a la infraestructura vial y usar el dinero de los contribuyentes para equiparse con bastones y bombas lacrimógenas».
Ahora bien, en el caso de dictaduras notorias como el caso de Ben Ali, el destino de los préstamos no es fundamental para la caracterización de la deuda debido a que el apoyo financiero a un poder dictatorial, aunque fuere destinado a hospitales y escuelas, lo consolida y le permite mantenerse. Haciéndole préstamos a un régimen despótico como el de Ben Ali, los acreedores han cometido una acto hostil con relación al pueblo, de modo que, por lo tanto, no pueden esperar que un país desembarazado de un poder despótico asuma las deudas odiosas, que constituyen deudas personales de ese poder, según la doctrina Sack.
Pero el debate sobre la deuda odiosa no debe limitarse al período Ben Ali. En efecto, el concepto de deuda odiosa fue ampliado, luego de la teoría de Sack en 1927, para incluir ciertas deudas contraídas por algunos gobiernos llamados democráticos. Algunos autores y algunos gobiernos como los de Ecuador y Noruega (citados por el autor) utilizan igualmente el concepto de «deuda ilegítima» Entre tales deudas se pueden citar claramente las contraídas por Túnez antes y durante la dictadura de Ben Ali en el marco de los programas de ajuste estructural comandados por el Banco Mundial y el FMI. En efecto, estos condicionantes, conocidos bajo el nombre de Consenso de Washington, empobrecieron considerablemente a la población y entregaron el país a las transnacionales, totalmente incompatibles con el derecho del pueblo tunecino a disponer libremente de sí mismo.
Túnez tiene mucho interés en poner en tela de juicio las deudas multilaterales con el objeto de liberarse de la tutela de las instituciones financieras internacionales. Se trata de la soberanía del pueblo tunecino. Es llamativo comprobar también que el autor no menciona jamás la dimensión política de la deuda. En efecto, tanto aquí como en otras partes la deuda no es simplemente una herramienta de transferencia de riqueza de los pobres hacia los ricos (hacia el interior y hacia el exterior del país). Se trata también de un arma poderosa en manos de los acreedores que les permite imponer sus políticas neoliberales (las famosas condicionalidades) en flagrante violación de la soberanía de los Estados y en detrimento de los derechos económicos y sociales de la población. El último préstamo de 500 millones de dólares acordado por el Banco Mundial en junio de 2011 (antes de que hubiera elecciones) es un ejemplo reciente (6). Para establecer una relación de fuerzas política favorable a Túnez que justifique la anulación de las deudas odiosas e ilegítimas preconizamos una auditoría integral y participativa de la deuda tunecina (interna y externa), como hizo Ecuador en 2007/08. Es de destacar que la auditoría de la deuda tunecina no excluye de ninguna manera las otras investigaciones tendientes a recuperar otros fondos desviados por el clan Ben Ali/Trabelsi identificados anteriormente por el autor.
Como podía esperarse, el autor trata inmediatamente de moralizar el tema de la deuda escribiendo más adelante: «Un país que no honra sus deudas es un país que no honra sus compromisos».
Pero ¿se puede hablar razonablemente de honor en reembolsar una deuda odiosa e ilegítima? Recordemos que en materia de derecho internacional no existen para los Estados obligaciones incondicionales que les obliguen a respetar sus compromisos. En efecto, el principio «pacta sunt servanda» que manda a las partes respetar los acuerdos alcanzados, se halla atemperado por otros principios, como el cambios fundamental de circunstancias que puede poner en tela de juicio las obligaciones de un acuerdo. Destaquemos que el último informe del Experto de Naciones Unidas sobre la D (7) subraya que «un cambio de circunstancias que escapen al control del estado deudor» como lo fue la caída de Ben Ali, justifica una moratoria de la deuda y la renegociación de los contratos de préstamos.
Del mismo modo, si un Estado invoca el estado de necesidad no puede ser perseguido por no haber respetado sus obligaciones. Teniendo en cuenta la situación social tunecina, se podría invocar el estado de necesidad para suspender inmediatamente el pago de la deuda en espera de los resultados de la auditoría. En efecto, la mayoría de los recursos financieros del país se hallan prioritariamente destinados a reembolsar a los ricos acreedores residentes y extranjeros en detrimento del empleo y de los presupuestos sociales. A modo de comparación, el presupuesto destinado al reembolso de la deuda pública en 2012 equivale a seis veces el presupuesto en gastos sociales, seis veces al del desarrollo regional, tres veces al de salud y casi cinco veces al de empleo y formación.
En síntesis, como lo subraya el informe de 2010 dedicado a la deuda odiosa (8) de la CNUCED, el principio «pacta sunt servanda» se halla limitado por consideraciones de equidad como la ilegalidad, el fraude, la mala fe, la incompetencia del firmante, el abuso de derecho, etc. Dicho de otro modo, los acuerdos firmados con los acreedores dependen de varios de estos elementos. Para verificar la validez de esos acuerdos y, por consiguiente, de la deuda, la auditoría se vuelve imprescindible. En efecto, la auditoría de la deuda permitirá que se haga la luz sobre el destino de los fondos prestados, las circunstancias que rodearon la firma de los contratos de préstamos, la contraparte de esos préstamos (los condicionantes), así como sus impactos ambientales, sociales y económicos.
Existe un doble objetivo. Por una parte, la auditoría de la que deben participar representantes de la sociedad civil, como lo hizo el gobierno de Ecuador, permitirá a la población tunecina comprender el «sistema de la deuda» en sus múltiples dimensiones (social, económica, política y ambiental) respondiendo especialmente a las siguientes preguntas: ¿Porqué se llevó al Estado a contraer una deuda que no deja de crecer? ¿Al servicio de qué elecciones políticas y de que intereses sociales se contrajo la deuda’? ¿A quién benefició? ¿Era posible o necesario encontrar otras opciones? ¿Quiénes son los acreedores? ¿En qué condiciones se otorgaron los préstamos? ¿Cómo se encontró comprometido el Estado, mediante que decisión, realizada a título de qué? ¿Cuál es el monto de los intereses pagados, a qué tasas, cuánto capital se ha reembolsado ya? ¿Cómo está financiando el Estado el reembolso de la deuda? etc. De este modo la auditoría aportará las pruebas de cómo la deuda sirve de palanca a los acreedores para imponer políticas antisociales y que han empobrecido al pueblo tunecino. Según datos del Banco Mundial, solo entre 1970 y 2009 Túnez reembolsó 2.470 millones de dólares más de lo que había tomado prestado en el mismo período.
Por otra parte, la auditoría debe sobre todo concluir en resultados concretos para la población despejando unos márgenes financieros de maniobra importantes (para la creación de empleo, la educación, la salud, etc.) gracias a la anulación sin condiciones de las deudas identificadas como odiosas e ilegítimas. Esto permitirá al país liberarse del cerco de los acreedores que aún hoy en día deciden en lugar de los representantes del pueblo tunecino.
De modo que rechazamos toda fórmula que intente convertir las deudas en proyectos de inversión en Túnez, como lo anunciaron los presidentes Moncef Marzouki y François Hollande en la reunión que mantuvieron en París en julio último. En efecto, este tipo de iniciativa constituye una verdadera operación de blanqueo de las deudas odiosas de Túnez con Francia.
Rechazamos igualmente la propuesta del autor de convertir «los proyectos bilaterales en proyectos de desarrollo». Esta propuesta sirve en realidad a los intereses de las transnacionales que tienen su sede en los países acreedores. Además ¿permite a estos últimos seguir imponiendo reformas neoliberales en violación de la soberanía del pueblo tunecino?
Pero para el autor, «aunque la opción del reembolso se haga en detrimento de los objetivos del desarrollo el costo de la anulación de la deuda supera ampliamente el costo del pago. Tal propuesta para Túnez parece incontestable a varios niveles. Primero, es financieramente costosa. La decisión de la anulación no tiene en cuenta los riesgos financieros que genera y que podrían comenzar con una fuerte degradación de su calificación soberana y el aumento de los costos financieros (aumento del Spread) hasta la exclusión de Túnez del mercado internacional y la degradación de su calificación soberana. En segundo, lugar es económicamente contraproducente. Desencadenaría un efecto de anuncio negativo que afectaría las IDE. Los inversores extranjeros dudarán de dirigirse a Túnez. Su desconfianza se apoya en el siguiente razonamiento: ahora es la anulación de la deuda, mañana serán las restricciones sobre la repatriación de beneficios y pasado mañana el riesgo de nacionalización».
Por una parte, es necesario recordar que la auditoría de la deuda realizada por Ecuador le permitió ahorra 7.000 millones de dólares. Esto le permitió al gobierno contar con nuevos medios financieros y aumentar los gastos sociales en salud, educación, ayuda social y en el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones. Esta iniciativa llevada a cabo unilateralmente por Ecuador no le valió la exclusión de los mercados financieros.
Por otra parte, la anulación de la deuda es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar la satisfacción de las necesidades fundamentales del pueblo tunecino. Debe ir acompañada de otras medidas, como las mencionadas por el autor (y a las que parece temer) tales como la reglamentación de las IDE con respecto a los derechos del pueblo tunecino, el control de los movimientos de capitales, la nacionalización de sectores estratégicos pero también la denuncia de los tratados comerciales que perjudican al pueblo tunecino, la salida del CRID (el tribunal del Banco Mundial en materia de litigios sobre inversiones), etc.
El objetivo es que Túnez se libere de las presiones externas como las de los acreedores, de los mercados financieros y de las agencias de calificación que, recordémoslo, reaccionaron nada más conocer la caída del dictador, gracias a la acción revolucionaria del pueblo, bajándole la calificación a Túnez.
El autor cita inmediatamente el caso argentino diciendo que «la disminución de las reservas de cambio y el endurecimiento de las condiciones de importación para los industriales tunecinos podrían bloquear el aparato productivo. Podremos comprender así por qué Argentina, que anuló el pago de su deuda en diciembre de 2001, debió reembolsar anticipadamente al FMI en 2005. Y en tercer lugar, es políticamente desestabilizante. La exclusión del mercado internacional de capitales y la caída de las IDE pesarán sobre el presupuesto estatal, aumentando así las desigualdades sociales y regionales y fragilizando, de este modo, los procesos democráticos. Nuestros «expertos» en el montaje de las operaciones de anulación de la deuda deben describirnos honestamente lo que nos espera. Cuando citan el défaut argentino del 19 de diciembre de 2001, no deben ocultarnos las consecuencias de aquella opción. Durante los veinte días que siguieron a la decisión de la anulación se sucedieron tres presidentes (De la Rua, Adolfo Rodríguez Sáa, Eduardo Duhalde)».
Ahora bien, el autor vuelve a equivocarse una vez más. Primero, Argentina pagó anticipadamente al FMI para librarse de su tutela. Por otra parte, parece ignorar que Argentina, gracias a la moratoria unilateral de los títulos de la deuda por un monto de alrededor de 100.000 millones de dólares, renegoció su valor en 2005 en un 45% menos. El país ha podido reactivar su crecimiento (8 a 9% de crecimiento anual entre 2003 y 2010) (10) gracias al no pago de la deuda. Argentina tiene aún una deuda de 6.000 millones de dólares con los miembros del Club de París, que representa los intereses de los países acreedores ricos. Pero desde 2001 no ha vuelto a hacer ningún pago a esos países.
Así pues, el autor razona al revés cuando escribe que «Túnez honrará sus deudas y reencontrará su autonomía financiera, a condición de que se renueve con un crecimiento sólido cuyas tasas superen ampliamente las tasas de interés de sus préstamos». En efecto, los recientes ejemplos de Argentina y Ecuador muestran su situación económica y social ha mejorado debido a que estos países decidieron tomar medidas unilaterales sobre sus deudas. Además, esta voluntad política es la que les permitió a los presidentes Kirchner y Correa tener el apoyo de sus pueblos y sus propias reelecciones.
El autor considera de inmediato que «la anulación de la deuda es históricamente inoportuna para un país como Túnez: la historia de nos ha enseñado que los pocos casos de «éxito» de la anulación de la deuda se limitan a países ricos en recursos naturales (Ecuador en 2006). Lo que está lejos de ser el caso de un pequeño país con recursos limitados como Túnez».
El autor establece final y erróneamente una escala geográfica «país pequeño» y riquezas naturales «recursos limitados». Nos falta espacio para refutar como se debe esta mentira muy extendida. Mencionaremos solo las más importantes riquezas minerales (reservas) que guarda el subsuelo tunecino (11), petróleo y gas (4.000 millones de barriles); fosfatos (20.000 millones de toneladas) y uranio (3.000 de toneladas), sin mencionar el plomo, el zinc, el oro, la plata, etc que contiene el subsuelo tunecino. Constituyen un verdadero maná: 600.000 millones de dólares en hidrocarburos (a razón de 150 dólares/barril) 5.000.000 millones de dólares por los fosfatos a razón de 250 dólares la tonelada) y 300.000 millones de dólares por el uranio, a razón de 100 dólares el kilo. En consecuencia, es la naturaleza y no la política lo que debemos cuestionar sobre las razones de esta insostenible injusticia.
Contrariamente a lo que afirma el autor, la auditoría de la deuda y la anulación de su parte odiosa son totalmente realistas para un país como Túnez. Como en Argentina, Ecuador y también Islandia (que cita el autor) solo se necesita voluntad política que también depende de la fuerza de las movilizaciones populares sobre el tema de la deuda y más generalmente sobre las decisiones políticas.
Aunque le disguste al autor, la auditoría de la deuda tunecina permitirá cuestionar el conjunto del modelo económico y político del Estado que se ha basado hasta ahora en el endeudamiento externo. Más allá de la anulación de las deudas, permitirá hacer más responsables a los acreedores y a los futuros gobernantes de Túnez. Esta exigencia es tanto más importante en este período de transición democrática en que la justicia transicional está en el centro de los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente. Se podría incluir igualmente en la constitución tunecina la auditoría permanente de la deuda, como lo está en la Constitución ecuatoriana. Por lo tanto, la auditoría no se reduce a un simple control financiero. Tiene un papel eminentemente político, vinculado a las necesidades básicas de la sociedad: la transparencia y el control democrático y de los gobiernos por los ciudadanos.
Fathi Chamkhi, es portavoz del RAID
Ranaud Vivien, jurista del CADTM
Artículo publicado en la revista tunecina L’economiste maghrebin
Notas:
* CADTM, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
(1) Esta campaña se halla igualmente activamente apoyada en Europa por el colectivo ACET (Auditemos a los Acreedores Europeos de Túnez)
(2) http://cadtm.org/appel-des-parl…
(3) Alexander Sack, 1927: «Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras».
(4) http:// www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012– 0201&language=FR&ring=A7-2012-0104
(5) http://www.senate.be/www/?MIval=/pu. ..
(6 ) http://cadtm.org/Encore-de-nouvelle. ..
(7) Documentos que hay que considerar durante la XX sesión del HRC. Número del documento: A/HRC/20/23.
(8) Ver el document de la CNUCED de Robert Howse «The concept of odious debt in publica international law»
(9) Ver en árabe el libro editado por RAID en junio último: لنُجر تَحقيقا في المديُونيّة . دليل التّدقيق في دُيون العالم الثالث
(10) Con toda seguridad, la tasa de crecimiento del PBI como medida del éxito social de un país es totalmente insuficiente.. Eso es solo un indicador sobre el estado de la economía(11) Conferencia de Mohamed BALGHOUTHI en Túnez el 10 de julio en el marco de la sesión de creación de la Universidad popular de Túnez del RAID coorganizada con la red CADTM África y el ACET.
Fuente: http://cadtm.org/Lorsqu-une-certaine-science-flirte
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