Los movimientos de protesta en la capital tunecina y en Khartoum lamentan verse de nuevo bajo el yugo de líderes totalitarios a pesar de las transiciones democráticas que impulsaron.
Están llamados a votar en unas elecciones generales pero ellos no acudirán a las urnas. Es la situación que atraviesa la oposición en Túnez, donde mañana sábado tendrán lugar los primeros comicios desde que se escribiera la nueva constitución a la que consideran ilegítima. En Sudán, los golpistas militares llegaron a un acuerdo con la élite de la sociedad civil para iniciar una nueva transición hacia la democracia que los movimientos pro-democracia no se creen.
Estados Unidos consiguió la custodia de un supuesto criminal que desapareció hace unos días de su residencia en la capital de Libia, mientras que en Irán, el régimen de los ayatolás recurre por primera vez a la ejecución de manifestantes detenidos en las protestas como medida para poner fin al pulso popular contra las autoridades.
La oposición llama a boicotear las elecciones en Túnez
El círculo se cierra. El país que encendió la mecha que prendió las primaveras árabes continúa su camino hacia un nuevo régimen dictatorial. Por lo menos, eso es lo que afirman voces de la oposición, que llaman a boicotear las elecciones que este sábado se celebrarán en Túnez.
Se trata de los primeros comicios que tendrán lugar bajo la nueva constitución, que la oposición considera ilegítima. Así lo han hecho saber durante esta semana por las calles de Túnez, la capital del país del mismo nombre, donde han gritado “Fuera Said!” en referencia al presidente tunecino, al que acusan de estar llevando a cabo un golpe antidemocrático.
Los del sábado son los primeros comicios que tendrán lugar en Túnez bajo la nueva constitución, que la oposición considera ilegítima. El presidente disolvió el parlamento el pasado marzo
“Toda la oposición está de acuerdo en una misma postura, que es rechazar este golpe y llamar al retorno de la democracia”. Estas palabras las pronunció en una de las protestas de esta semana Samira Chaouachi, la presidenta adjunta del parlamento que el mismo Saíd disolvió en marzo de 2022. El golpe final contra la cámara llegaba meses después de que en julio de 2021 suspendiera la actividad del parlamento.
El ataque contra el parlamento tunecino ha sido uno de los movimientos clave con los que el presidente Said ha desarbolado las instituciones democráticas del país. En febrero de 2022, cuando redujo el poder del sistema judicial, dio otro de los pasos con los que ha alejado al país del rumbo democrático. En aquella ocasión, Said disolvió el Consejo Judicial Supremo, la entidad que se encarga de asegurar que exista independencia judicial. El Consejo era, precisamente, una de las instituciones creadas en el Túnez posterior a las primavera árabe.
Solo alrededor de un cuarto de la población votó “sí” en el referéndum que el pasado julio preguntaba a la ciudadanía su opinión acerca de la nueva constitución, que da al presidente autoridad por encima de los poderes ejecutivo y judicial.
Said siempre ha defendido sus acciones como necesarias para sacar al país de la crisis en la que ha estado instalado durante los años posteriores a las revueltas de 2011. En este Túnez fuertemente golpeado por dificultades económicas, parte de la población ve a Said como un baluarte contra las élites políticas a la que acusan de su precariedad financiera.
Los golpistas y la élite civil acuerdan una nueva transición en Sudán
Han muerto 120 personas asesinadas por el camino, pero al parecer, el camino no llega a ninguna parte. Los comités de resistencia, como se llaman los grupos civiles que organizan las protestas pro-democracia durante los últimos años en Sudán, denuncian el acuerdo que cerraron el lunes los generales golpistas del país junto con la élite de la sociedad civil. Los firmantes del acuerdo afirman que el documento inicia una nueva transición democrática en el país, pero el movimiento pro-democracia considera que se trata de una operación que echa al traste el ciclo de movilizaciones que miles de personas han sostenido durante los últimos años en un intento por instaurar la democracia en Sudán.
Los grupos civiles que organizan las protestas pro-democracia durante los últimos años en Sudán, denuncian el acuerdo que cerraron el lunes los generales golpistas del país junto con la élite de la sociedad civil
“Creemos que estamos repitiendo el mismo ciclo”, dijo en declaraciones a Al Jazeera el sudanés Ahmed Ismat, portavoz de uno de los comités operativos en Jartum. “Pensamos que si no se hace justicia, las matanzas y las violaciones continuarán”, añadía Ismat. Los líderes militares de Sudán lanzaron un golpe de estado en octubre de 2021 que puso fin al gobierno transicional sudanés. Se trataba de un entramado con representantes civiles y militares encargado de pilotar el país hacia la democracia. El golpe lo lanzó el propio Abdelfattah al-Burhan, quien era líder del ejército y miembro de ese gobierno bicéfalo, con el apoyo inestimable de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar acusado de crímenes contra la humanidad en su propio país.
Aquel golpe hizo descarrilar el proceso de transición por el que navegaban las instituciones de Sudán después de que un ciclo de protestas masivo supusiera el fin del régimen de Omar al-Bashir, quien había sido dictador en el país durante casi tres décadas. El acuerdo alcanzado el lunes entre políticos y militares llega después de varios intentos de la comunidad internacional de sentar en una mesa tanto a generales golpistas como a grupos civiles defensores de la democracia. Aunque a pie de calle nadie lo ve así, algunos observadores ven el acuerdo como un paso hacia la estabilidad.
EEUU habría cooperado con mafias libias para detener un supuesto terrorista
Las autoridades estadounidenses se niegan a relatar cómo lo capturaron y trasladaron hacia los EEUU, pero el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se felicitó el lunes: “hoy es un buen día, porque Mohamed Abouagela Masud se enfrentará a la justicia por su supuesta implicación en el atentado de Lockerbie”.
La noticia de la detención de Masud y de la custodia estadounidense sobre él resuena más allá de su país. Este ciudadano libio estaría detrás del peor atentado que jamás haya tenido lugar en territorio británico. En concreto, Masud habría sido el creador de la bomba que en 1988 hizo explotar un avión que salía de Londres y que se dirigía a Nueva York. La nave sobrevolaba territorio escocés cuando estalló. Murieron las 259 personas que viajaban a bordo y 11 personas sobre el terreno a causa del impacto de los restos del avión.
Un funcionario libio conocedor del caso habría declarado a The Guardian que Masud habría sido recientemente abducido de su residencia en Trípoli, la capital del país, por parte de unos milicianos. Cuando la familia del supuesto criminal se puso a buscarlo y contactó la milicia que lo retenía, se les afirmó que Masud estaría pronto de vuelta en casa. Pero la familia no supo nada de él hasta pocos días después, cuando Masud apareció el lunes en las noticias sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal en Washington.
Según la fuente del The Guardian, los combatientes
que tenían secuestrado a Masud afirman que “unos estadounidenses” se lo
llevaron con un jet privado cuando este estaba arrestado en un centro de
detención. El Departamento de Justicia de los EEUU ha declarado que la
detención de Masud se ha producido de forma legal y que “ha sido producto de un
trabajo intenso por parte de aliados en todo el planeta”.
Masud había sido liberado seis meses atrás después de cumplir 10 años de cárcel
por crímenes cometidos bajo el régimen de Muamar el Gadafi. La Autoridad de
Apoyo Estable (SSA, por sus siglas en inglés), que es como se llama la milicia
que lo capturó, está liderada por Abdel Ghani al-Kikili, un señor de la guerra
múltiples veces denunciado por grupos como Amnistía Internacional, que le acusan de diversos crímenes contra la humanidad.
La milicia SSA trabaja a las órdenes del Gobierno de Unidad Nacional radicado
en Trípoli, una de las dos administraciones que se disputan el poder en el país.
Este grupo paramilitar es precisamente una de las mafias que capturan embarcaciones precarias de refugiados en el Mediterráneo y que los detienen, encerrándolos en centros de detencion libios que son agujeros negros de los derechos humanos. “Legitimar líderes de milicias abusivas y ponerlos bajo sueldo del estado les empodera para seguir cometiendo crímenes horribles contra ciudadanos libios, contra migrantes y contra refugiados”, lamentó Diana Eltahaway, directora adjunta de Amnistía Internacional en Oriente Medio y el Norte de África.
Teherán ha ejecutado por primera vez a manifestantes detenidos durante las protestas que desafían las a autoridades desde hace tres meses, una operación que pretende aterrorizar a las miles de personas que se resisten a abandonar las calles
El régimen de los ayatolás pone en marcha ejecuciones contra manifestantes
El régimen de los ayatolás se
siente más liberado de la presión internacional que sufría durante los últimos
meses. Al menos, eso es lo que parece a juzgar por las ejecuciones que ha
puesto en marcha. Durante esta semana, Teherán ha ejecutado por primera vez a
un manifestante detenido durante las protestas que desafían las autoridades
desde hace tres meses, y lo ha hecho por partida doble: Mohsen Shekari y Majid Resa Rahnavard son las víctimas de
esta nueva operación, que pretende aterrorizar a las miles de personas que se
resisten a abandonar las calles.
Ambos jóvenes fueron ejecutados tras ser acusados de algo que se podría
traducir como “enemistad con Dios”. Se trata de la misma acusación que las
autoridades han lanzado contra Amir Nasr-Azadani, un jugador de fútbol
profesional que había mostrado su apoyo de forma pública hacia las mujeres que
luchan por sus derechos en las protestas del país. La pena de muerte que pesa
sobre Nasr-Azadani fue anunciada por la Federación Internacional
de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO, por sus siglas en
inglés), que exigió a Teherán la suspensión de la pena: “FIFPRO está
conmocionado y asqueado por las informaciones que indican que el futbolista
profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de
hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su
país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su
castigo”.
La cadena de ejecuciones iniciada en Irán trata de doblar las rodillas de quienes mantienen el pulso contra las autoridades, que han logrado quitarse la atención de la comunidad internacional de encima. A inicios de mes, el fiscal general del estado anunció “la suspensión” de la policía de la moral, el cuerpo dedicado a imponer la obligatoriedad del velo entre otras imposiciones estéticas sobre las mujeres. De ser eso cierto, se hubiera tratado de una pequeña-gran victoria de las manifestaciones, pero las declaraciones del fiscal no han sido confirmadas por ninguna otra institución del estado, y todo parece indicar que se trataba de una operación para relajar la presión sobre el régimen iraní. Ahora que lo han conseguido, introducen las ejecuciones como medida disuasoria para poner fin a un ciclo de protestas en el que han muerto asesinadas centenares de personas.