«El objetivo de la UCO no es combatir la corrupción. Es destruir personas». Así resumió Arnaldo Otegi el proceder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Euskal Herria. NAIZ analiza protagonistas y actuaciones de la UCO y de la UDEF en este país.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española (UDEF) han copado titulares en las últimas semanas. Sus informes han desencadenado detenciones, registros e infinidad de informes que han puesto contra las cuerdas al PSOE, al Gobierno español y al propio presidente, Pedro Sánchez, que ha visto como juzgan a su hermano, David Sánchez, y procesan a su esposa, Begoña Gómez.
Las dos unidades han dado munición a la derecha mediática, dejando en un segundo plano los juicios contra los cargos del PP implicados en la ‘trama Gürtel’ y en el ‘caso Kitchen’. Pero no todo lo que dicen guardias civiles y policías se traduce en verdad judicial, ni responde a una actuación imparcial, como queda claro en los precedentes vascos.
La UCO y la unión con intxaurrondo
La UCO se creó hace casi cuatro décadas, el 8 de septiembre de 1987, como una organización del servicio de Policía Judicial, es decir, «bajo la dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal». En un primer momento se dedicó a la investigación de delitos económicos y delincuencia internacional, así como incendios y grandes catástrofes. Pero con el tiempo fue creciendo hasta superar los 600 agentes, que tienen entre sus funciones la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el «cibercrimen». También se encargan de desapariciones, homicidios y delitos financieros, incluyendo los casos de corrupción.
Investigaron la ‘trama Gürtel’, que se saldó con 29 condenados, entre ellos el extesorero del PP, Luís Barcenas; la ‘operación Púnica’, que propició penas para seis exalcaldes del PP en la Comunidad de Madrid; y el ‘caso Kitchen’, en el que están siendo juzgados ahora el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Se libraron del banquillo cargos relevantes de la formación conservadora, como la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y sobre todo el expresidente español, Mariano Rajoy. Y eso que en los papeles del extesorero aparecían pagos en ‘b’ dirigidos a «M. Rajoy».
Ahora la UCO está detrás del ‘caso Koldo’, de la investigación sobre el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del denominado ‘caso Leire Díez’, que ha dado pie a registros en las sedes de Tubos Reunidos en Bilbo y Amurrio, y del proceso abierto contra David Sánchez en Extremadura.
Esta última causa pivota de hecho sobre un informe de la UCO que ha sido puesto en entredicho por decenas de testigos durante el juicio celebrado hace un par de semanas en la Audiencia Provincial de Badajoz. Es importante tener en cuenta a uno de los protagonistas de la vista oral, Antonio Balas, teniente coronel de la UCO que empezó su andadura como teniente en el Grupo de Información de la Guardia Civil en Gipuzkoa, entre los años 2000 y 2005.
Tal como recoge un informe realizado por Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) al que tuvo acceso NAIZ el pasado mes de febrero, durante la etapa de Balas en Euskal Herria «fueron decenas las personas que declararon haber sido torturadas en las instalaciones del Cuartel de Intxaurrondo. El teniente Balas dirigía uno de los grupos de Información de aquel engranaje, lo que le valió para proyectar su carrera profesional».
Y Balas no es el único miembro de la UCO al que se ha vinculado con abusos y torturas. De hecho uno de los jefes de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, fue condenado por torturar a Kepa Urra tras ser detenido en Basauri en enero de 1992. Fue sentenciado por la Audiencia de Bizkaia en 1997 a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación. Un año después, el Tribunal Supremo rebajó la pena a un año de cárcel y cuatro de inhabilitación, pero la sanción nunca se hizo efectiva ya que en 1999 fue indultado por la ministra de Justicia durante el primer mandato de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante. Fue ascendido por los sucesivos dirigentes al frente del Gobierno español, hasta ser condecorado con la Cruz de Plata.
Félix Hernando Martín, al frente de la UCO desde el año 2000 hasta el 2008, cuando fue ascendido a general, también fue encausado por participar en la guerra sucia contra ETA. Estuvo a las órdenes de la Secretaría de Estado de Interior dirigida por Rafael Vera, condenado por los GAL, y fue imputado por Baltasar Garzón en uno de los sumarios de la trama.
José María Fuster-Fabra, con pasado en Fuerza Nueva y abogado del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, se refirió a él sin nombrarlo en un artículo publicado el pasado verano en “La Razón”. El titulo es elocuente: «La UCO y su origen en la lucha contra ETA».
En la lista de uniformados que han recalado en tierras vascas antes de llegar a la UCO también figura Diego Bravo Aragón, herido en el asalto del barrio de Morlans que costó la vida a tres militantes de ETA –Jokin Leunda, Patxi Itziar e Iñaki Ormazabal–; Pedro Garrido Roca, que fue destinado al Servicio de Información de la Comandancia de Araba, y de ahí a la Unidad de Servicios Especiales de la Dirección General; Alfonso Alberto López, que a principios de los 90 se incorporó al Servicio de Información de la Guardia Civil en Gipuzkoa; y Rafael Vicente Yuste, que, según GEBehatokia, fue jefe del Grupo de Apoyo Operativo, «los encargados de practicar seguimientos, escuchas y colocación de cámaras espía».
La UDEF, de Catalunya a la ‘Kitchen’
Precisamente el espionaje es una de las losas que pesan sobre la UDEF, una unidad de la Policía española creada en 2005 para investigar delitos económicos y fiscales. En el marco del procés, se vinculó a la UDEF con la denominada ‘Operación Catalunya’, diseñada para investigar a políticos independentistas a través la denominada «policía patriótica».
‘El Mundo’ no dudó en utilizar un informe falso de la citada unidad para relacionar a Artur Mas con las cuentas en Suiza de Pujol días antes de las elecciones de noviembre de 2012, en la que CiU perdió doce diputados. «¡Quién nos iba a decir que en la redacción de ‘El Mundo’ tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña!», se jactó Pedro J. Ramírez.
Las siglas de la UDEF también están vinculadas a investigaciones ilegales a cargos de Podemos. De hecho, el pasado 1 de junio el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó al comisario de la UDEF durante el Gobierno de Rajoy, José Manuel García Catalán, por el espionaje a la formación morada entre 2015 y 2016. Podemos denunció investigaciones prospectivas y filtraciones interesadas a los medios para desprestigiar al partido. Un modus operandi que guarda muchas similitudes con la ‘Operación Catalunya’.
Cabe señalar que en el proceso abierto por el espionaje a Podemos figuran como investigados el ex secretario de Estado Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía española Eugenio Pino, juzgados por el ‘caso Kitchen’ junto a Fernández Díaz. Los tres se enfrentan a una pena de 15 años de prisión por participar en la operación que tenía por objeto robar información a Luis Bárcenas para obstaculizar las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.
Una trama por la que también han sido procesados el comisario Andrés Gómez Gordo y el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera. Este último declarará el día 28 de junio. En 2021 se presentó en el Congreso como «la apisonadora de la Gürtel», pero según el excomisario José Manuel Villarejo, otro de los nombres propios del ‘caso Kitchen’ y con un oscuro pasado en Euskal Herria, Olivera habría intervenido a favor de algunos miembros del PP en el ’caso Gürtel’. El comisario Manuel Morocho desveló hace un par de meses que Olivera filtró a María Dolores de Cospedal un fax de Pablo Crespo dirigido a Luis Bárcenas con indicaciones de cómo debían actuar las empresas implicadas. «Me quedé estupefacto», declaró.
García y Olivera no son los únicos responsables de la UDEF envueltos en procesos judiciales. Otro exjefe de la unidad, Óscar Sánchez Gil, está imputado por blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos. Tenía 20 millones de euros emparedados en su domicilio. En sede judicial describió como una «práctica sistemática» en el seno de la unidad falsear el origen de las informaciones que dan pie a los grandes decomisos de droga. «Se confeccionan así para ocultar fuentes de información ilícitas o encubrir a confidentes», apuntó ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional.
Estos casos, algunos en fase de vista oral, han pasado desapercibidos en grandes cabeceras y en canales cercanos a la derecha española, que llevan semanas filtrando extractos de los informes de la UCO y de la UDEF. Y hay coincidencias que no parecen fruto del azar o de la mera casualidad. El día 28 de mayo, el día que declaró Fernández Díaz en la Audiencia Nacional, comenzó el juicio contra David Sánchez. ¿Se imaginan qué noticia copó los grandes titulares de medios conservadores y pseudomedios digitales financiados por la extrema derecha?