El conflicto en torno al Sáhara tiene, por un lado, un marco legal claro respecto de los derechos políticos y económicos del pueblo saharaui sobre el territorio del Sáhara Occidental.
La Organización de Naciones Unidas considera al Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización y, en ese marco, la ONU estableció en 1991 una misión para la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental (MINURSO). Además de esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció en 2018 la propiedad del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, al tiempo que negaba la marroquí.
Pese a ello, desde hace décadas se incumplen año tras año estos derechos reconocidos sin que los principales actores del escenario político internacional muevan un dedo para acercar soluciones justas. Esta situación general ha empeorado recientemente con el ilegal avance de las tropas de ocupación marroquí en la frontera saharaui con Mauritania, que no ha recibido condena alguna por parte de las grandes potencias ni de España, potencia colonizadora responsable. Por si fuera poco, en uno de los últimos actos de desgobierno y sinrazón, el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, decidía reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, violando las resoluciones y el mandato de Naciones Unidas sobre un territorio que continúa pendiente de descolonizar y de un referéndum de autodeterminación.
En este escenario, el papel de España es fundamental como potencia administradora del territorio del Sáhara y por su especial vínculo histórico, político y social con la colonia. Por desgracia, la actitud del gobierno y de la mayoría de la oposición españolas, muy interesados en otros casos en cuestiones de derecho internacional, demuestra un desinterés voluntario basado en cálculos geopolíticos nunca explicados pero que parecen tener en cuenta algunos importantes intereses políticos y económicos al tiempo que excluyen los derechos del pueblo saharaui.
España debe reconstruir una posición digna con el Sáhara
La Unión General de Trabajadores considera que España debe reconstruir una posición digna con respecto al Sáhara, asumiendo sus responsabilidades históricas y con el derecho internacional en la mano. La contradicción de un país que alardea de su carácter democrático y de la defensa de los derechos humanos al tiempo que renuncia a la defensa de estos principios básicos cuando se trata del Sáhara Occidental debe parar. Por un lado, la política exterior de España (que en otros asuntos está demostrando estar muy por encima de lo que lo ha estado en épocas recientes) no puede seguir supeditándose a las supuestas amenazas de Marruecos en diferentes ámbitos. Y por otro, la oposición conservadora y ultraconservadora en el Parlamento debe aclarar ya su esquizofrenia y dejar de tener una postura tan cobarde en un problema que, aquí sí, exige de la valentía y del patriotismo que dicen siempre tener presentes (aunque es probable que la clave de esta actitud se encuentre en el factor de la inmigración africana y, en este sentido, la derecha española del siglo XXI haya priorizado su carácter racista y xenófobo en lugar de su muy repetido amor a la patria).
Sin embargo, la máxima responsabilidad recae en el gobierno, por lo que es necesario que éste asuma la urgencia de avanzar de manera valiente en este asunto, en el que la promoción de los derechos humanos sea parte irrenunciable de su mandato. El Sáhara y el pueblo español, siempre solidario con el pueblo saharaui, así lo demandan. El compromiso del gobierno de España con el derecho internacional también.
Fuente: https://www.ugt.es/ugt-reclama-el-compromiso-del-gobierno-espanol-con-el-sahara