Para acabar con el capitalismo de Estado y el socialismo de las elites del Sur de la década de los 70 y provocar el consiguiente abandono por parte del Estado de la «economía del desarrollo», los Estados Unidos utilizarán las Instituciones Financieras Internacionales y los Programas de Ajuste Estructural, cuyo resultado hoy no es la […]
Para acabar con el capitalismo de Estado y el socialismo de las elites del Sur de la década de los 70 y provocar el consiguiente abandono por parte del Estado de la «economía del desarrollo», los Estados Unidos utilizarán las Instituciones Financieras Internacionales y los Programas de Ajuste Estructural, cuyo resultado hoy no es la promoción del desarrollo y la prosperidad de los Estados africanos, sino su descomposición política y económica (con consecuencias sociales devastadoras) y su recolonización neoliberal. Estos Estados han retrocedido para caer a su nivel de 1960.
En este nuevo escenario de la globalización neoliberal los EE UU han impuesto su sistema político y económico (el «Consenso de Washington») a los países del Sur y han puesto su política petrolera al servicio de la política externa, utilizando para ambos objetivos las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como instrumentos de la mundialización: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto a las multinacionales y las instituciones prodesarrollo de las Naciones Unidas.
El sendero parecía trazado de antemano por los doce años de la Administración Reagan-Bush, que coincide con la famosa década perdida de los 80: el debilitamiento del capitalismo de Estado de las elites del Sur, la quiebra de los Estados, el fin de la retórica del NOEI (Nuevo Orden Económico Internacional) y la institucionalización de las jerarquías políticas y económicas.
Instrumentos de la recolonización neoliberal
En definitiva, las IFI manifiestan constantemente que todos los continentes (con excepción de África, hundida por los conflictos étnicos, la pobreza y el SIDA) han mejorado sustancialmente sus economías con efectos positivos sobre la creación de empleo y los mercados financieros, como consecuencia de la mundialización. El objetivo no declarado de esta ofensiva intelectual neoliberal es conducir a los países del Sur a adoptar la economía de mercado, considerada como superior a todos los demás modelos de organización económica y la única que puede permitir a los países del Sur resolver sus problemas de desarrollo y luchar contra la pobreza. Estas instituciones manifiestan que los países que han aplicado correctamente sus Programas de Ajuste Estructural o PAE (liberalización, privatización y respeto de los equilibrios macroeconómicos, es decir las leyes del mercado) han mejorado considerablemente su situación económica.
En realidad, estas políticas obligan a los países pobres a reducir los sueldos y a eliminar las normas sociales, para atraer a los inversores extranjeros. La pobreza en estos países ha aumentado como consecuencia de las reformas estructurales. Las IFI sostienen, sin demostrarlo, que la pobreza habría empeorado sin dichas reformas. La realidad es que el 89 por ciento de los pobres del planeta, que no viven en los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), han visto sus gastos de sanidad y educación sacrificados para rembolsar el servicio de la deuda. El África subsahariana, con una deuda estimada en unos 231.000 millones de dólares, reembolsó en la década de los 90 unos 105.000 millones en concepto del servicio de la deuda a sus acreedores de la OCDE, el club de los países más ricos del mundo, convirtiéndose la región más pobre del planeta en un neto exportador de capitales.
El punto flaco de la argumentación neoliberal es referirse exclusivamente a los aspectos económicos y monetarios (economicismo) y a partir de los criterios de las sociedades industriales, sin tomar en consideración el conjunto de la situación, es decir, falta un análisis global, a la vez económico, político, social y cultural.
Consecuencias y contraverdades de estas políticas
En la mayoría de los 80 países pobres que han sido sometidos a los PAE, el resultado ha sido: revueltas sociales en Latinoamérica, ascenso del islamismo en el mundo árabe y del etnicismo en África, resultado de la desaparición del Estado o del abandono de sus funciones económicas y sociales, con la consiguiente proliferación de los conflictos identitarios. En 1981, el 41 por ciento de la población subsahariana vivía bajo el umbral de la pobreza, para alcanzar el 46 por ciento en 2001.
Existe una clara relación entre la globalización capitalista y la agudización de la pobreza en el mundo: 20 países africanos tienen una renta per cápita más baja que hace dos décadas; África ha pasado de ser un continente autosuficiente hace 20 años a caracterizarse en la actualidad por el déficit alimentario; más de cien países en el mundo han retrocedido, en cuanto a ingresos per cápita se refiere, en relación con sus niveles de hace dos o tres décadas, 44 países en el mundo viven peor que hace unas décadas y la diferencia entre los países ricos y los pobres se ha duplicado. Un país como Bélgica (10 millones de personas), que representa más o menos entre el 2,5 y 3 por ciento del comercio mundial, tiene el mismo peso económico que el África subsahariana (750 millones de personas).
Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (ECA), no existe una diferencia significativa entre los países ajustados y los que no han adoptado los PAE en los aspectos de desarrollo o mejora del bienestar social. En los aspectos sociales los PAE que han conseguido mejorar las tasas de crecimiento en países como Ghana, Uganda o Etiopía, no han podido reducir las desigualdades. La reducción drástica de los gastos sociales de educación y sanidad, convertidas en tantos otros mercados y tan sumamente útiles aunque no directamente productivas, ha afectado negativamente el nivel de vida de las clases trabajadoras y de las capas urbanas pobres, en particular las mujeres y los niños.
En el sistema internacional globalizado África está en la periferia de la economía y de la política globales, tanto en la nueva división internacional del trabajo como en la nueva configuración internacional del poder. Su marginación, que empezó en décadas anteriores, se ha profundizado con la imposición a los países africanos de las políticas macroeconómicas y exteriores de las IFI, es decir del modelo librecambista de desarrollo, responsable de la descomposición política y económica de muchos Estados y su subsiguiente desindustrialización [1].
Muchos gobiernos africanos han abandonado la vía de desarrollo tercermundista autocentrada a favor del capitalismo «desenfrenado» y «deshumanizante», cuyas consecuencias son la ofensiva contra los servicios públicos, el aumento de la deuda externa y la profundización de los sufrimientos humanos. La mundialización ha destruido las bases del «Estado providencial», manteniéndolo sólo como un aparato de opresión, un Estado deslegitimado y desestabilizado al someterse a los deberes externos en detrimento de los deberes y desarrollo internos.
La recolonización neoliberal
En el marco de un mundo unipolar, basado en el mercado único universalizado, África ha perdido su importancia geoestratégica y geopolítica de la época de la Guerra Fría, -importancia que parece recuperar en la actualidad sólo por la lucha antiterrorista y el acceso a su petróleo-, ha sido puesta bajo tutela internacional de las IFI y de las multinacionales. Es decir, estamos ante la recolonización neoliberal.
El Estado debilitado en lo interno por razones históricas y en particular por su falta de legitimidad sociológica, lo será también a nivel internacional al quitarle las IFI cualquier función desarrollista, para confinarlo en las meras tareas de represión interna con el fin de imponer a las masas los austeros programas de ajuste cuyo fracaso, según dichas instituciones, se explica por las causas internas, en particular la ausencia de «racionalidad económica» en los comportamientos de los pueblos africanos. Este modelo excluye la participación popular al priorizar la solución individual a los problemas de supervivencia. Muchos de los conflictos africanos se explican precisamente por la sustitución del Estado desarrollista de bienestar por el Estado de malestar subdesarrollista. Son guerras que nacen de la lucha por la supervivencia y de situaciones de exclusión de toda índole.
La integración económica y jurídica de los Estados africanos en la mundialización les conduce a someterse a las reglas definidas desde el exterior y les desvincula de sus sociedades, cuyas particularidades se ignoran a favor de los grandes principios occidentales convertidos en valores universales, tales como la democracia liberal y la economía de mercado. Las políticas de mundialización del BM y del FMI han producido una crisis de legitimidad de muchos Estados africanos, enfrentados al grave problema de conciliar el deber externo de integración en la mundialización y el deber interno, consistente en asegurar la representación de la nación y la realización de sus aspiraciones.
El no cumplimiento de los deberes internos explica la pérdida de legitimidad de los Estados, que se acompaña del auge de la legitimidad de los grupos sociales tradicionales y nacionalistas, que encarnan la legítima autodefensa de la colectividad contra la mundialización agresiva, frustrante e importada. El auge de las reivindicaciones étnicas, religiosas y nacionalistas se explica no por un proyecto de oposición política, sino por el debilitamiento y la falta de legitimidad de los Estados, resultado de su alianza con la mundialización neoliberal.
La mundialización-globalización, concebida en el descuido de las especificidades africanas y de la cultura africana del desarrollo, ha tenido efectos perversos diametralmente opuestos a los previstos, en lo económico (profundización de los sufrimientos humanos y de la miseria), lo político (deslegitimación del Estado), lo social (aumento del analfabetismo, reducción de la esperanza de vida, feminización de la pobreza, etc.) y las graves consecuencias medioambientales con la destrucción del capital verde africano insustituible, para satisfacer las necesidades de las poblaciones del Norte con un gran poder de compra y para rembolsar la deuda externa, convertida en un obstáculo al desarrollo interno.
En resumen, las IFI debilitan el Estado al imponerle condicionalidades y al mismo tiempo le encargan la realización de sus políticas macroeconómicas. No han resuelto la crisis africana, multidimensional, ni la marginación de África de la economía global, ni los problemas estructurales propios de las economías africanas. Todo lo contrario, han mantenido el carácter rentista o dependiente de éstas, con estructuras coloniales, descuidando las necesidades sociales y el dinamismo interno ineludible para el desarrollo sostenible y profundizando la fragmentación interna.
Conclusión
A raíz de lo que antecede, se impone la concepción de otro modelo de Estado y de desarrollo a escala humana y con rostro social, basado en el dinamismo social de de la economía popular y de la cooperación Sur-Sur. La clave de la recuperación de África pasa por la revalorización del potencial agrícola de los países africanos, para reducir la proporción de la población que sufre de hambre, primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que no pueden concretarse sin el previo cuestionamiento del factor fundamental que ha generado los problemas identificados por ellos, el neoliberalismo. Los Documentos Estratégicos para la Reducción de la Pobreza (DRSP), además de fortalecer el control de las IFI en la vida nacional a través de las condicionalidades, son una nueva versión del ajuste estructural esta vez «en nombre de los pobres», pues no se apartan de la filosofía neoliberal.
Es imprescindible la desaparición de las instituciones de Bretton Woods, sin ninguna credibilidad por generar el antidesarrollo, o al menos su democratización o su transformación en organismos técnicos, junto a la adopción de un «derecho internacional de la deuda», para dar prioridad a la satisfacción de las necesidades sociales de un país endeudado, la cancelación de la deuda «odiosa» (deudas contraídas por los regímenes dictatoriales en detrimento de sus pueblos) o tomar en cuenta la imposibilidad para un país de reembolsar por causas fortuitas (catástrofes naturales) o de fuerza mayor (conflicto o caída del precio de productos básicos).
*Mbuyi Kabunda es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Basilea y profesor visitante en distintas universidades españolas. Este artículo ha sido publicado en el nº 25 de la edición impresa de Pueblos, marzo de 2007.
[1] Recomendamos al respecto la película Bamako, de Abderrahmane Sissako, que acaba de estrenarse.