Amnistía Internacional hizo público un informe que detalla los desalojos forzados a los que han sido sometidas miles de familias en Angola, un país situado en el suroeste de África. Según la organización defensora de los derechos humanos, desde el año 2001 las autoridades de Angola han desalojado a decenas de miles de personas haciendo […]
Amnistía Internacional hizo público un informe que detalla los desalojos forzados a los que han sido sometidas miles de familias en Angola, un país situado en el suroeste de África. Según la organización defensora de los derechos humanos, desde el año 2001 las autoridades de Angola han desalojado a decenas de miles de personas haciendo uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones derivó en palizas a mujeres y niños y disparos contra residentes que intentaban permanecer en sus casas.
Uno de los datos que revela el informe de Amnistía es la participación de la Iglesia Católica en los desalojos; como expresa Tawanda Hondora, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para África, «resulta inquietante que muchos de los desalojos forzados de los dos últimos años se hayan efectuado, al parecer, a petición de la Iglesia Católica».
Según informa Amnistía, debido a un pedido del Papa Juan Pablo II, en 1998 el gobierno de Angola devolvió a la Iglesia los terrenos que ésta poseía antes de la independencia del país, sin tener en cuenta a las familias que habían vivido allí durante años.
En repetidas ocasiones, la policía angoleña ha intentado desalojar a las más de 2000 familias que viven allí, debido a que la iglesia ha manifestado que necesita disponer de los terrenos de la zona para construir un asilo.
Según Tawanda Hondora: «La Iglesia Católica no debería pedir a las autoridades angoleñas que desalojen a las personas que habitan unos terrenos cuya titularidad le ha sido concedida. Pero es el gobierno angoleño el principal responsable de los desalojos, y como tal no sólo está obligado a detener tales acciones ilegales sino también a ofrecer ayuda a las víctimas de desalojos anteriores que siguen careciendo de alojamiento, así como a dar instrucciones inequívocas al personal encargado de hacer cumplir la ley para que no participe en más desalojos forzados y lleve ante los tribunales a los responsables de violaciones de derechos humanos».
Aunque el año pasado el gobierno de Angola reconoció que las personas que habían sido desalojadas por la fuerza merecían ser indemnizadas por su pérdida, hasta el momento ninguno de los residentes ha recibido indemnización alguna.