Los Estados Unidos está abandonando su papel como el campeón mundial de los derechos humanos. Las revelaciones de que altos funcionarios están involucrados en el asesinato de personas en el extranjero, incluidos ciudadanos estadounidenses, son sólo la prueba más reciente de hasta qué punto es inquietante la violación en nuestra nación de los derechos humanos […]
Los Estados Unidos está abandonando su papel como el campeón mundial de los derechos humanos.
Las revelaciones de que altos funcionarios están involucrados en el asesinato de personas en el extranjero, incluidos ciudadanos estadounidenses, son sólo la prueba más reciente de hasta qué punto es inquietante la violación en nuestra nación de los derechos humanos y cuánto se ha extendido esta práctica.
Esto se inició después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y ha sido validado e intensificado por los ejecutivos de ambos partidos y las acciones legislativas, sin gran oposición del público en general. Como resultado, nuestro país ya no tiene autoridad moral sobre estos temas críticos.
Si bien el país ha cometido errores en el pasado, el abuso generalizado de los derechos humanos durante la última década había tenido un cambio dramático. Con el liderazgo de los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en 1948 como «el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.» Este fue un compromiso valiente y claro que contenía a los poderes que intentaban oprimir a o lesionar a personas, y establecía la igualdad de derechos de todos a la vida, la libertad, la seguridad, igual protección ante la ley y limitaba la tortura, la detención arbitraria o el exilio forzado.
La Declaración había sido invocada por los activistas de derechos humanos y la comunidad internacional. Es preocupante que, en lugar de fortalecer estos principios, las políticas de nuestro gobierno contra el terrorismo están violando claramente por lo menos 10 de los 30 artículos de la declaración, incluyendo la prohibición de «tratos crueles, inhumanos o degradantes».
La legislación reciente ha dado el derecho legal al Presidente para detener a una persona indefinidamente bajo sospecha de afiliación con organizaciones terroristas o «fuerzas asociadas», un poder demasiado amplio y vago que puede ser objeto de abuso, sin una supervisión significativa de los tribunales o el Congreso (la ley está siendo bloqueado por un juez federal). Esta ley viola el derecho a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, otros dos derechos consagrados en la Declaración.
Además de los ciudadanos norteamericanos asesinados o la detención indefinida, las leyes recientes han cancelado las restricciones de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978 y permiten violaciones sin precedentes de nuestros derechos a la privacidad a través de la obtención de datos y las escuchas sin orden judicial y la violación, por parte del gobierno, de nuestras comunicaciones electrónicas. Las leyes estatales permiten detener a personas por su apariencia, por practicar cultos o por asociarse a otros individuos.
Junto con esa regla arbitraria que permite el asesinato de un individuo por aviones no tripulados, previamente declarado como un terrorista enemigo, se ejecutan a mujeres y niños inocentes y se acepta esto como inevitable. Después de más de 30 ataques aéreos contra viviendas de civiles este año en Afganistán, el presidente Hamid Karzai ha exigido el fin de tales ataques, pero la práctica continúa en las zonas de Pakistán, Somalia y Yemen, que no se encuentran declaradas como territorios de guerra. No sabemos cuántos cientos de civiles inocentes han muerto en estos ataques, cada uno de ellos aprobado por las más altas autoridades en Washington. Esto hubiera sido impensable en tiempos anteriores.
Estas políticas afectan claramente a la política exterior estadounidense. Altos funcionarios de inteligencia y militares, así como defensores de los derechos humanos en las zonas atacadas, afirman que la escalada con aviones no tripulados estimulan a familias agraviadas a identificarse con las organizaciones terroristas, han despertado sentimientos de la población civil en contra de nosotros y permite que los gobiernos represivos citen este tipo de acciones para justificar su propio comportamiento despótico.
Mientras tanto, se mantiene el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, que ahora alberga a 169 reclusos. Alrededor de la mitad merecen su liberación, sin embargo, tienen pocas posibilidades de obtener alguna vez su libertad. Las autoridades estadounidenses han revelado que, con el fin de obtener confesiones, algunos han sido torturados con técnicas como el submarino en más de 100 ocasiones o intimidados con armas semiautomáticas, taladros o amenazas de asalto sexual. Sorprendentemente, estos hechos no se pueden utilizar como defensa por el acusado, debido a que el gobierno afirma que se produjo al amparo de la «seguridad nacional». La mayoría de los otros presos no tienen perspectiva alguna de ser acusados ni juzgados tampoco.
En un momento en que las revoluciones populares están barriendo el mundo, los Estados Unidos deben fortalecer, no debilitar, las normas básicas del derecho y los principios de la justicia enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en vez de hacer un mundo más seguro, los Estados Unidos violan los derechos humanos más universales, lo cual incita a nuestros enemigos y distancia a nuestros amigos.
Como ciudadanos preocupados, debemos persuadir a Washington de que debe cambiar de rumbo y recuperar el liderazgo moral de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos que habíamos adoptado oficialmente como propias y apreciamos durante años.
Jimmy Carter fue el presidente número 39 de los EE.UU., es el fundador del Centro Carter y recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2002.