El auto dictado ayer por Fernando Grande-Marlaska supone volver al 26 de agosto de 2002, a los tiempos del cierre de las sedes de Batasuna por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad al servicio del Estado español, al enfrentamiento y a la tensión que se vivió en aquellas jornadas, y a la conculcación de […]
El auto dictado ayer por Fernando Grande-Marlaska supone volver al 26 de agosto de 2002, a los tiempos del cierre de las sedes de Batasuna por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad al servicio del Estado español, al enfrentamiento y a la tensión que se vivió en aquellas jornadas, y a la conculcación de derechos elementales y básicos en cualquier democracia. Entonces se encontraba en el Gobierno José María Aznar, ahora está José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ocurrido no es como se ha pretendido desde algunas instancias, entre ellas el PSOE ni el triunfo de la ley ni una muestra del buen funcionamiento del Estado de Derecho. Muy al contrario, supone la aplicación caprichosa de una legislación antidemocrática, hasta el punto de que sobre supuestos no juzgados ni demostrados, el magistrado de un tribunal especial, en la fase de instrucción, es decir, antes del juicio, se permite dictar medidas penales que restringen los derechos de decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos, al tiempo que vuelve a alterar el mapa político y hace peligrar las esperanzas en un nuevo tiempo de la sociedad vasca. En las últimas semanas, los sectores del Estado que, viendo peligrar su actual situación de privilegio político, se oponen a la apertura de cualquier proceso democrático en Euskal Herria así como a la aceptación del derecho a decidir de Catalunya han tomado la iniciativa, han puesto en marcha todos sus resortes y, con la decisión adoptada ayer por la Audiencia Nacional, han obtenido una importante victoria. Más allá de la prohibición de un acto político, con ser ésta grave, lo que resulta sumamente preocupante es observar que el presidente del Gobierno español, pese a sus bonitos mensajes públicos, no quiere o no puede hacer prevalecer los que parecían ser sus criterios. A la vista de lo ocurrido estos días, pierde peso la idea de que José Luis Rodríguez Zapatero es un interlocutor fiable para encarar un proceso de superación del conflicto, un crédito que en su mano está recuperar con hechos y no con palabras. Por lo demás, las próximas jornadas serán también un examen para las fuerzas vascas que dicen estar en contra de la Ley de Partidos y a favor del respeto de todos los derechos para todas las personas. La izquierda abertzale habrá de actuar con responsabilidad, visión a largo plazo y sentido de país, pero no se le puede pedir que sea la que corra con todo el peso del proceso, poniendo buena cara a cada uno de los golpes que recibe.