El pasado jueves 30 de julio envié una Carta al Director del diario El País, con el título de “La portada de El País”, en la que literalmente decía:
“Como lector habitual de El País, me ha sorprendido muy negativamente ver la portada del periódico, del jueves 30 de julio, dedicada casi por completo al “ático de lujo del Gobierno de Ayuso” en el madrileño barrio de Chamberí, como si fuera un asunto de interés mundial, y que a mí se me antoja más propio del chismorreo de un mediocre periódico provinciano. En cambio, y teniendo en cuenta su importancia y trascendencia, sólo se dedica un pequeño recuadro –el último— de la portada– a la desbordada situación de Ceuta por la llegada “de cientos de africanos” (en realidad, miles de marroquíes en su mayoría), lo que recuerda a la grave invasión de mayo de 2021, cuando la ciudad vivió la peor crisis fronteriza de su historia reciente”.
Naturalmente, mi carta no apareció publicada al día siguiente, pero la portada del diario sí recogía, obviamente, el mensaje de mi carta, no porque lo hubiera dicho yo, sino porque la situación lo exigía y era evidente para todo el mundo. El diario daba un titular de portada que rezaba “Colapso en la frontera de Ceuta”, y una gran foto con una masa de inmigrantes en la playa de Ceuta, unos apiñados en la arena y otros aproximándose a nado. Claro que mientras el pie de foto decía “cientos de inmigrantes” –una forma de quitar hierro y despistar–, la realidad desvelada por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, elevaba esa cifra a 60.000 personas y, por el momento, 34 muertos. (Mientras redacto estas líneas, el número de muertos en el intento, asciende ya, provisionalmente, a 60, en su mayoría por ahogamiento).
Eso equivalía, según el propio presidente ceutí, al 70 por ciento de la población de Ceuta y, extrapolando, a la entrada de unos 34 millones de inmigrantes en España en tan solo 24 horas. No me consta que existan registros históricos o referencias de llegadas masivas de población de tal magnitud, en solo 24 horas, en otros lugares del mundo. De manera que, de ser cierta esta extrapolación hiperbólica, sería seguramente un hito histórico a escala planetaria, lo que puede dar una idea de la envergadura de esta segunda invasión marroquí lanzada contra la ciudad de Ceuta y, en última instancia, contra el Gobierno español.
En cualquier caso, se trata de una violación muy grave de la soberanía y la integridad territorial de España por parte de Marruecos, un delito tipificado en el artículo 2, apartado 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Además de la correspondiente queja diplomática para aparentar y salvar la cara (¿hasta cuándo?), España podría llevar el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU y tratar de parar los pies a Marruecos de una vez por todas. ¿O vamos a esperar a la tercera invasión de la ciudad autónoma?
Me pareció lamentable la comparcencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, dando una cifra de 20 muertos, cuando toda la población sabía ya, por boca del presidente Vivas, que eran, por lo menos, 34; y culpando de todo a unas supuestas mafias, como si el Majzén y el propio jefe del Estado marroquí, benditos ellos, no tuvieran nada que ver. En ocasiones, la verborrea ¿obligada? de algunos cargos públicos da pena y vergüenza ajena. Así me ha parecido también la intervención ante las cámaras de televisión de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, para dar cuenta de la presión migratoria y el cierre de la frontera de Beni Enzar, deshaciéndose en elogios a “la plena cooperación de Marruecos”. ¡Qué ironía! Nos siguen tratando como si fuéramos tontos. ¡Vaya forma de “cooperar”, la de Marruecos!
Como se ha apuntado muchas veces –y el periodista Ignacio Cembrero sabe mucho de esto–, en Marruecos no se mueve una mosca sin que lo diga o sepa Su Majestad. El rey marroquí se comporta a veces como un niñato caprichoso, sabiéndose avalado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Desde un principio, la operación recordaba claramente a la invasión migratoria marroquí de mayo de 2021, lanzada con la excusa –porque fue una excusa—de la entrada en España del presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de una afección grave de COVID-19.
Ghali, recordémoslo, tiene nacionalidad española legal y Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte español, por haber nacido en el Sáhara Occidental cuando aún era territorio español. De hecho, había renovado su DNI en el año 2016 en una comisaría de Madrid, por lo que el documento estaba plenamente vigente. Otra cosa es que utilizara su pasaporte diplomático argelino y un alias médico para proteger su seguridad.
Pero, a pesar de ello, Marruecos lanzó su despiadada campaña contra Ghali y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, desatando una de las crisis diplomáticas más profundas entre España y Marruecos de las últimas décadas. Las represalias de nuestro vecino abarcaron medidas diplomáticas, migratorias y geopolíticas de enorme calado.
Como medida de presión directa, las fuerzas de seguridad marroquíes relajaron deliberadamente los controles fronterizos en el perímetro de Ceuta, lo que provocó la entrada irregular de más de 10.000 personas en apenas 48 horas, desbordando por completo las capacidades de la ciudad autónoma y forzando el despliegue extraordinario del Ejército español (poca cosa, comparada con la invasión masiva de estos días). Marruecos llamó a consultas a suembajadora en Madrid, Karima Benyaich, congeló los canales oficiales de comunicación diplomática de alto nivel y suspendió temporalmente la cooperación bilateral en materia antiterrorista y de control de fronteras con España. Le costó el puesto a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya y a su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, e implicó también a mandos militares. Como nuevo ministro de Exteriores, al gusto de Marruecos, fue nombrado, José Manuel Albares.
Pero la consecuencia geopolítica más trascendental se materializó en marzo de 2022, cuando, para satisfacer las exigencias de Marruecos, el presidente Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que respaldó oficialmente el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, calificándolo como la base «más seria, realista y creíble». Este giro histórico puso fin a décadas de supuesta ‘neutralidad activa’ española respecto al conflicto del Sáhara Occidental.
El ’rey de los pobres’, como se hizo llamar el monarca alauita en el momento de su entronización, debiera considerar como un fracaso el que sus súbditos huyan del país, con lo puesto, a las primeras de cambio, incluso jugándose la vida, como atestiguan los 60 fallecidos en este último intento. Se diría que a Mohamed VI le importa muy poco su propia gente, a la que envía, por el Sur, a invadir el territorio saharaui y, por el Norte, a invadir las ciudades de soberanía española, violando impunemente la legalidad internacional y generando inestabilidad permanentemente en los países de su entorno. Ha comprado voluntades, muchas, con su política de la chequera; pero aún así, ni siquiera ha logrado hacerse con el corazón de los saharauis, cuyos movimientos sí son cuidadosamente vigilados (y asesinados) por la inteligencia militar marroquí, dotada de tecnología puntera israelí y estadounidense, pero, incapaz, al parecer, de detectar a decenas de miles de súbditos marchando en tropel hacia la frontera de Ceuta. No hay que ser muy inteligente para sacar conclusiones y saber de qué ‘mafias’ estamos hablando.
En cuanto al presidente Pedro Sánchez, no entiendo la sumisión y las concesiones al régimen alauita, cediendo una y otra vez al chantaje, mientras Marruecos incumple una y otra vez sus acuerdos y promesas. Los gobiernos españoles han venido sometiéndose y cediendo desde los infames e ilegales Acuerdos de Madrid de 1975, agachando la cabeza y mirando para otro lado, siempre en el lado equivocado de la Historia, sin rectificar –como prometieron algunos— ni exigir al vecino el estricto cumplimiento de la legalidad internacional, impune y sistemáticamente violada, la única forma de convivir en paz en un mundo cada vez más enmarañado. La guerra que dicen que quisieron evitar con los Acuerdos Tripartitos y la venta del pueblo y el territorio saharaui, nos está costando muy cara y muy pesada, y está condicionando sobremanera la política española, interior e internacional. Y puede que, antes o después, tengamos que afrontarla de alguna manera, siempre en condiciones desventajosas, porque es Marruecos quien elige el terreno y el momento oportuno.
Luis Portillo Pasqual del Riquelme es doctor en Ciencias Económicas, miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela (CESO-USC) y autor de En defensa de la causa saharaui. Testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad (Círculo Rojo, oct. 2024)
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