La huelga del 17 de enero de 2019 (1) ha sido masivamente seguida en diferentes ciudades, en particular en Túnez, donde la manifestación fue imponente. La consigna: Gobierno lárgate (Gouvernement dégage fue una de las consignas más populares en las revoluciones de 2011; ndt) volvía a aparecer. Ciertamente, la desigualdad de la movilización refleja las […]
La huelga del 17 de enero de 2019 (1) ha sido masivamente seguida en diferentes ciudades, en particular en Túnez, donde la manifestación fue imponente. La consigna: Gobierno lárgate (Gouvernement dégage fue una de las consignas más populares en las revoluciones de 2011; ndt) volvía a aparecer. Ciertamente, la desigualdad de la movilización refleja las disparidades socioeconómicas y políticas regionales. Vuelven a aparecer hoy las causas sociales y económicas, e incluso, bajo una forma diferente, las motivaciones políticas con la puesta en cuestión del gobierno de Yussef Chahed.
El papel de la UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo) es más señalado que en 2010-2011 en la organización incluso de la movilización actual. En 2010 y 2011, la UGTT dio un apoyo muy importante al ascenso de la revuelta social de las y los «marginados», de las y los jóvenes en paro y, así, se puso en pie un bloque social que condujo al levantamiento popular que derrocó la dictadura de Ben Alí. Cuando se abrió el período de «transición democrática», la UGTT fue un factor de «negociación» entre las diferentes fuerzas políticas y sociales inscrita en el contexto del «diálogo nacional». Influyó con su fuerza en la emergencia de una especie de frágil estabilización, en la medida en que las bases socioeconómicas eran inestables.
En la fase presente de un «largo proceso revolucionario» -en el sentido en que Gilbert Achcar ha sintetizado en sus trabajos- la UGTT está en primera fila hoy y plantea no solo reivindicaciones salariales, sino los lazos con un tema que se refleja en la consigna de «la soberanía nacional antes que los aumentos salariales». Lo que debe ser comprendido como una oposición y una denuncia viva de las brutales políticas de ajuste impuestas por el FMI. Algo que se refleja en las caricaturas de la señora Christine Lagarde (FMI) manipulando como una marioneta a Yussef Chahed, lo que es, parcialmente, una simplificación propia de las caricaturas, pues el sector capitalista tunecino (representado por Chahed en el gobierno) es favorable a estos ajustes estructurales (regresión de las inversiones públicas para favorecer las privatizaciones, recortes en los presupuestos sociales, colaboración con la UE para «controlar» la inmigración hacia Europa, etc.)
Las exigencias económicas de los proveedores de fondos -cuyo representante oficial es el FMI, que ha realizado un préstamo de unos 3.500 millones de euros- acentúan el empobrecimiento así como la desvalorización de la fuerza de trabajo. Además, las «deformaciones» de la economía tunecina resultan reforzadas. Es decir, una economía capitalista que se organiza alrededor del turismo, del sector textil con «costes salariales» muy bajos (pero en declive dada la competencia suscitada por la política de mundialización de las firmas transnacionales), call centers (en competencia con los de Marruecos) en los que trabajan diplomados y diplomadas universitarias, de una agricultura abandonada desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, pero centrada en la exportación hacia Europa. Evidentemente, la UGTT no renuncia a los aumentos salariales y demanda aumentos de 20 euros (equivalente) para 2019 y de 30 euros para 2020.
A la movilización de la UGTT, a la de las y los periodistas que plantean tanto la cuestión salarial como la de las libertades de la prensa y de su existencia, se añaden diversos movimientos sociales, en las diferentes regiones del país, sobre el empleo, la emigración, la justicia social. La huelga de enseñantes de secundaria estaba «gestionada» por la UGTT. En realidad, desde 2011 más allá de aspectos de democracia formal: elecciones, alternancia más o menos efectiva – la cuestión social y económica reaviva sin cesar las brasas del levantamiento popular de 2010 -2011.
Un rasgo institucional tiene toda su importancia: las trampas de la descentralización. Es un mecanismo muy de moda en el marco de las políticas de ajuste estructural. Debe funcionar como un descentralizador de la movilización social en el momento en que una formación social nacional (o un determinado país) está colocada bajo el fuego de ajustes violentos que exigirían, precisamente, una respuesta social y política centralizada. A lo que se añaden la creación (ilusoria en lo esencial) de un espacio para operaciones de desinversión regionales camufladas con promesas de «actores económicos privados» que supuestamente tomarían el relevo, eso sí, con exoneración de cargas y con ayudas. Pueden entonces contratar, cuando lo hacen, a jóvenes desesperados y obligados a pasar bajo el yugo del despotismo patronal. La descentralización no ha respondido en absoluto a la reivindicación de justicia territorial planteada en 2010-2011.
Bajo los auspicios del Banco Mundial -de acuerdo con el FMI- la «descentralización» traslada sobre las mencionadas regiones las «compensaciones» de la desinversión del Estado central, cuando esas regiones no disponen de recursos mínimos para tomar medidas de «justicia social territorial», aún en el caso de quisieran tomarlas. La transferencia de tomas de decisión a entidades regionales -que podrían potenciar una «democracia social» local – conduce a un vacío por dos razones evidentes, si la fórmula puede ser utilizada así: 1º esta potencial «democratización local» debería ir conjuntamente con un proceso a escala nacional que no puede resumirse en las «negociaciones parlamentarias» e «interpartidos» bajo la vigilancia de los «donantes» financieros internacionales, vigilantes del pago del servicio de la deuda; 2º sin recursos, esta política de descentralización, aún en el caso de que fuera colocada bajo el signo eventual de la buena voluntad de los cuadros administrativos regionales (si subsisten tras la compresión presupuestaria), no puede concretarse.
El conjunto de estas contrarreformas son bautizadas como «apoyo a la democratización» de Túnez. La Unión Europea para anexarse la economía tunecina y hacer de ella un campo de inversiones (IDE) rentables (aunque cuantitativamente bastante reducido) y disponer de un mercado totalmente liberalizado para bienes producidos en Europa (o cuya producción en Túnez está bajo control de firmas que vienen de los países de la UE) está a punto de imponer un Acuerdo de Libre Cambio completo y Profundizado Túnez-UE (ALECA).
La huelga de este 17 de enero se inscribe en este conjunto que alimenta «el proceso revolucionario a largo plazo» que no está jamás al abrigo de una contrarrevolución firme. La dimensión política deberá ser abordada a continuación.
Fuente: http://alencontre.org/
Traducción de Faustino Eguberri – Viento Sur