Desde que en el 2002 estalló la crisis pública por los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por sacerdotes católicos en Estados Unidos, el Vaticano ha estado en el punto de mira de varias denuncias. Pero nunca las acusaciones formales a la Santa Sede habían llegado tan lejos como el lunes. Ese día, un tribunal […]
Desde que en el 2002 estalló la crisis pública por los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por sacerdotes católicos en Estados Unidos, el Vaticano ha estado en el punto de mira de varias denuncias. Pero nunca las acusaciones formales a la Santa Sede habían llegado tan lejos como el lunes. Ese día, un tribunal federal de apelaciones de Cincinnati ratificó la decisión de una instancia judicial inferior y dio vía libre a una demanda presentada contra el Vaticano por tres víctimas de abusos en la archidiócesis de Louisville (Kentucky).
En el corazón de la demanda está un memorando del papa Juan XXIII –redactado en 1962 pero conocido públicamente en el 2003– que conminaba a los obispos católicos a mantener silencio sobre los abusos. El lunes, la jueza Julia Smith Gibbons, en un dictamen de 20 páginas, estableció que los jerarcas deberían haber lanzado mensajes de advertencia sobre los abusadores.
Su decisión abre el camino para que la demanda siga su curso, pero ni mucho menos garantiza que algún representante de la Santa Sede vaya a sentarse en un banquillo estadounidense. Y es que la jueza también se alía con el Vaticano en varias cuestiones. La magistrada niega, por ejemplo, negligencia en el cuidado de las víctimas. También desestima las acusaciones de engaño y los argumentos de los demandantes para pedir la deposición del actual Pontífice, Benedicto XVI.
LEY DE INMUNIDAD
En su dictamen, la jueza Gibbons rechaza aceptar la reclamación de que se distinga el Vaticano como institución religiosa y el Vaticano como Estado independiente. El abogado de los demandantes, William McMurry, había denunciado que equiparar esas dos realidades bajo el paraguas de la ley de inmunidad soberana extranjera –que normalmente exime a países extranjeros de demandas en la justicia civil de EEUU– era inconstitucional, pero ha perdido la pelea.
Quizá una de las más claras señales de la complicada batalla legal que esa decisión plantea ahora para los demandantes sea la reacción de Jeffrey Lena. Él es uno de los abogados del Vaticano en EEUU y el lunes, poco después de conocer el dictamen, declaró que no se inclina, al menos «en este momento», a llevar el caso ante el Tribunal Supremo.