Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Una jueza estadounidense ha ordenado que se conceda a un equipo de médicos estadounidenses y extranjeros autoridad para decidir si se concede la libertad a un preso de Guantánamo o si continúa preso, según revelan documentos judiciales. La jueza de distrito estadounidense Rosemary M. Collyer dictaminó el viernes que Mohammed al-Qahtani sea examinado por una comisión médica compuesta por un oficial médico del ejército estadounidense y dos médicos de “un país neutral”. El equipo médico podrá determinar si se debe transferir a al-Qahtani a la custodia de Arabia Saudí en virtud de un reglamento militar basado en el Convenio de Ginebra referente a la repatriación de prisioneros enfermos y heridos, conocido como Reglamento militar 190-8. Aunque el reglamento se refiere al trato que se da a los “prisioneros de guerra”, el gobierno estadounidense considera que las personas encarceladas en Guantánamo son “detenidos” o “combatientes enemigos”, no prisioneros de guerra. Este reglamento, entre otros, nunca se había aplicado antes a una persona encarcelada en Guantánamo debido a esa distinción. Sin embargo, la juez Collyer fue muy clara en su sentencia de 25 páginas: “Si la comisión médica mixta concluye que el señor al-Qahtani cumple las condiciones para ser repatriado, el Reglamento militar 190-8 exige que sea repatriado”. Si la comisión médica decide que al-Qahtani sea repatriado, entonces Estados Unidos debe cumplir la orden “lo antes posible en el plazo de tres meses” a partir de ser notificado, según el reglamento militar.
El Departamento de Justicia se opuso a la petición, pero no está claro si pretende apelar la orden de la juez Collyer. El Departamento no respondió a la petición de un comentario que le hizo Middle East Eye (MEE) y tampoco la Oficina de Comisiones Militares que supervisa las operaciones en Guantánamo.
El equipo que se encarga de la defensa de al-Qahtani fue quien hizo la petición de un equipo médico en virtud del reglamento militar debido a sus graves problemas de salud mental. En caso de que sea puesto en liberta será trasladado a Arabia Saudí para recibir tratamiento psiquiátrico.
El gobierno estadounidense afirma que al-Qahtani, al que a veces se le denomina el “vigésimo secuestrador”, desempeñó un papel clave en la planificación de los atentados del 11 de setiembre contra Estados Unidos [de 2001]. El verano anterior al atentado al-Qahtani había intentado entrar en Estados Unidos sin conseguirlo. Unos meses después, en diciembre de 2001, fue capturado durante una operación estadounidense en Tora Bora, Afganistán, que en aquel momento se consideraba un bastión talibán cerca de la frontera con Paquistán. En febrero de 2002 al-Qahtani fue trasladado a la cárcel de Guantánamo.
“Esquizofrenia” y “brote psicótico agudo”
Antes de ser capturado en 2001 a al-Qahtani se le había diagnosticado esquizofrenia y depresión grave en Arabia Saudí. Según los documentos del tribunal, estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico al menos en una ocasión. Una lesión cerebral traumática provocada por un accidente de coche que sufrió de niño pudo haber desencadenado sus problemas mentales. Los informes médicos afirman que el accidente posiblemente provocó un problema neurocognitivo.
“Después de ese incidente sufrió ‘episodios de descontrol extremo de comportamiento’ y ‘alucinaciones auditivas’”, explicaba la juez Collyer en su sentencia refiriéndose a informes médicos estadounidenses y saudíes.“En una ocasión lo encontró la policía de Riad en un contenedor de basura y en otra arrojó un teléfono móvil desde un vehículo en movimiento porque ‘creía que le producía cansancio y afectaba a su mente”, proseguía la juez Collyer. “En 2002 el señor al-Qahtani fue ingresado en una unidad del hospital psiquiátrico de La Meca después de que intentara arrojarse en medio del tráfico”. Según los documentos del tribunal, como sufrió un “brote psicótico agudo”, mientras estuvo hospitalizado expresó pensamientos suicidas y se le prescribió medicación antipsicótica.
Antes y después de ser capturado por Estados Uniso al-Qahtani dio muestras de padecer alucinaciones ya que a veces escuchaba voces de personas que no existían y hablaba con ellas. Los informes muestran que desde un principio los interrogadores eran conscientes de sus problemas mentales. Los informes militares han revelado que fuera de los interrogatorios se mantuvo a al-Qahtani aislado los primeros 160 días de su encarcelamiento y que fue torturado al menos 48 de los primeros 54 que estuvo encarcelado. Según los informes militares, durante esos primeros meses fue hospitalizado reiteradamente y dejado en unas condiciones que ponían en peligro su vida.
Demasiado torturado para un juicio
Los detalles de las torturas que sufrió se filtraron por primera vez en un registro secreto de interrogatorios de 84 páginas que consiguió y publicó Time Magazine en 2005. A pesar de las lagunas de información el registro mostraba que a veces había sido encadenado y obligado a permanecer de pie durante períodos muy largos de tiempo, se le había amenazado con un perro militar, le habían afeitado la cabeza y la barba, obligado a permanecer desnudo, a orinarse encima y se le había privado del sueño. Más tarde se reveló que se le había aplicado la técnica de “la bañera”, había sido golpeado, estrangulado y obligado a soportar temperaturas extremas y posiciones forzadas. Según los informes, los interrogadores también le habían atado una correa a las cadenas, lo habían llevado por la habitación y obligado a “hacer varios trucos de perro” y a ladrar.
En 2008 se desestimaron “sin perjuicio [de su derecho]” los cargos de crímenes de guerra, pero poco después los fiscales militares afirmaron que iban a tratar de volver a presentar cargos. Susan J. Crawford, que era la presidenta de la comisión militar en aquel momento, afirmó en 2009 que no iba a permitir que se presentaran nuevos cargos, con lo que lo excluyó del caso conjunto de pena de muerte de cinco presuntos autores del 11 de septiembre que estaban siendo juzgados en el tribunal de guerra de Guantánamo. Crawford afirmó que Estados Unidos no pedirían la pena de muerte para al-Qahtani debido a las torturas que había sufrido a manos del ejército estadounidense.
Los abogados del gobierno Bush aprobaron legalmente las “técnicas de interrogatorio mejoradas”, pero según Crawford “la forma en que las aplicaron era excesivamente agresiva y demasiado persistente”. En febrero de 2009 Crawford declaró al Washington Post: “Nosotros torturamos a al-Qahtani. El trato que se le dio entra dentro de la definición legal de tortura y por ese motivo no remití el caso para su procesamiento”. En aquel momento la juez afirmó: “Uno piensa en la tortura, piensa en algún acto físico espantoso que se hace a un individuo. Este no fue un acto en particular, solo fue una combinación de cosas que tuvieron un impacto médico en él, que dañaron su salud. Fue agresivo e injustificado. Y coercitivo. Claramente coercitivo. Fue ese impacto médico el que me llevó a denominarlo tortura”.
Cinco años después de las declaraciones de Crawford sobre al-Qahtani, el Informe sobre la tortura del Senado reveló que los otros acusados del caso conjunto del 11 de septiembre también habían sido torturados, pero el caso continúa por ahora, aunque a un ritmo lento. El juicio oficial por el 11 de septiembre empezará en junio de 2021, casi 20 años después de los atentados.
El tribunal de guerra, un embrollo legal
En caso de que los presos de Guantánamo sean acusados se les juzgará en la base militar [de Guantánamo] en un tribunal especial de guerra, también conocido como la Oficina de Comisiones Militares, que tiene unas normas y reglamentos diferentes del sistema judicial estándar de Estados Unidos.
En 2006 el Tribunal Supremo [estadounidense] dictaminó que el sistema de comisiones militares original violaba la Constitución y los Convenios de Ginebra. Tras el fallo del Tribunal el Congreso reformó las normas y ese mismo año aprobó la Ley de Comisiones Militares que creaba una nueva estructura para los juicios por comisiones. La ley prohíbe los testimonios basados en torturas, aunque permite los testimonios basados en coacciones.
Además de su propio tribunal, el campo de prisioneros de Guantánamo también tiene su propia Junta de Libertad Condicional. Antes de que cualquier prisionero sea puesto en libertad debe obtener la aprobación de la Junta de Revisión Periódica del tribunal de guerra, que está formada por representantes de seis organismos federales, incluida la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés), que supervisa las agencias de inteligencia de Estados Unidos como la CIA, la agencia que desarrolló y dirigió el programa de tortura. Los abogados defensores se oponen firmemente a que la ODNI participe en la Junta de Revisión Periódica ya que consideran que hay un conflicto de intereses.
En 2010 la Junta de Libertad Condicional denegó la puesta en libertad de al-Qahtani y recomendó que fuera procesado de nuevo. El tribunal no aprobó dicha recomendación. En sesiones más recientes acerca de su libertad condicional celebradas en 2016 y 2018 la Junta determinó que al-Qahtani era una “importante amenaza continua para la seguridad de Estados Unidos”, pero no recomendó su procesamiento.
La Junta afirmó que no podía “evaluar el estado mental actual del interno debido a que continuamente se negaba a responder a las preguntas de la Junta referentes a las razones por las que había viajado a Afganistán”. Según el New York Times, fue después de esta sentencia cuando los abogados de al-Qahtani solicitaron al tribunal del distrito de Estados Unidos que ordenara al Pentágono aplicar a su cliente las protecciones estipuladas en los Convenios de Ginebra, que ponen en funcionamiento las regulaciones militares para prisioneros de guerra que permiten al equipo médico conjunto evaluar si está lo suficientemente sano como para seguir preso en Guantánamo.
Al principio de su primer mandato el presidente estadounidense Donald Trump cerró un mecanismo que tramita las puestas en libertad ordenadas por la Junta de Libertad Condicional y que deja pocas esperanzas de que alguien sea puesto en libertad, incluidos quienes se determina que son inocentes. En caso de que el equipo médico se pronuncie a favor del traslado de al-Qahtani a Arabia Saudí no está claro que se necesite el mecanismo de liberación.
Sheren Khalel es una periodista que reside en Washington DC y trabajó anteriormente en todo Oriente Próximo sobre todo en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los problemas de los refugiados y los conflictos.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.