La fama de Kenya como una de las democracias más estables de África ha quedado hecha añicos. Tras el controvertido proceso electoral de diciembre de 2007, que acabó con fuertes disturbios y más de 1000 muertes, la publicación del informe, aún provisional, del Enviado Especial de la ONU sobre Ejecuciones sumarias y extrajudiciales ha acabado […]
La fama de Kenya como una de las democracias más estables de África ha quedado hecha añicos. Tras el controvertido proceso electoral de diciembre de 2007, que acabó con fuertes disturbios y más de 1000 muertes, la publicación del informe, aún provisional, del Enviado Especial de la ONU sobre Ejecuciones sumarias y extrajudiciales ha acabado por demoler lo que quedaba del mito.
Philip Alston, expresidente del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, visitó Kenya entre el 16 y el 25 de febrero a invitación del propio gobierno. Durante estos diez días se entrevistó con autoridades federales y provinciales, fiscales, policías y militares, así como miembros de ONG y víctimas, y sus familiares, de violaciones de derechos humanos. Tras terminar su gira, Alston aseguraba que «los asesinatos por parte de la policía en Kenya son sistemáticos, extendidos y planeados. Y su impunidad está convenientemente asegurada». En su revelador informe denuncia la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad kenyanas -ni tan siquiera le supieron decir el número de policías que hay en el país- y de la fiscalía, pues el Fiscal General, Amos Wako, no quiso reunirse con él.
A pesar de este boicot, el Enviado especial asegura que se han documentado «centenares de asesinatos anuales en manos de la policía», sumando los perpetrados por agentes individuales y los de escuadrones de la muerte «organizados por altos mandos». Estas muertes serían motivadas por la persecución de presuntos delincuentes, pero también por casos de corrupción, venganzas y extorsiones, así como la liquidación física de los seguidores de la secta religiosa de los Mungiki, a la que se culpa de numerosos crímenes, sobretodo en Nairobi.
Otro punto especialmente sensible es la actuación de la policía y el ejército en la represión a la insurgencia en la región del Monte Elgon, que supuso «la retención de numerosos residentes varones», «torturas sistemáticas» y decenas de muertes extrajudiciales.
Sobre la violencia electoral del año pasado encuentra «probado» la organización de actos violentos por miembros del gobierno y los disparos de la policía contra manifestantes.
En el informe también se destaca la persistente negativa a creer en los informes de las asociaciones de derechos humanos y la «constante descalificación» de las mismas y de sus profesionales; así como el «archivo inmediato» de cualquier denuncia y las amenazas a los denunciantes.
Amplio abanico de medidas
Alston propone una amplia serie de medidas para reducir la incidencia de las ejecuciones arbitrarias. Las propuestas van desde reformar la misma constitución kenyana -que en su artículo 71 permite el uso de fuerza letal para «la defensa de la propiedad» o «suprimir un disturbio»- hasta la creación de una comisión de asuntos internos independiente y «con los recursos y poderes necesarios» para investigar las denuncias de abusos policiales. Pero sus recomendaciones más inmediatas son el relevo del Comisario Superior de la policía y del Fiscal General, a quien califica de «personificación de la impunidad». En el caso de la violencia postelectoral pide el establecimiento de un Tribunal Especial -paralelo a la actuación del Tribunal Penal Internacional- para evitar que «se reproduzcan los mismos incidentes tras los comicios del 2012».
A pesar de la fuerte repercusión que el informe ha tenido en la prensa africana, el gobierno de Kenya no ha emitido ninguna valoración.
Despiece
Algunos ejemplos del horror:
James Ng’ang’a Kariuki: Este joven de 29 años, profesor de derecho en Londres e hijo de un exdiputado fue disparado por un policía el 24 de enero, quien previamente le había hecho bajar del coche. Antes había tenido una discusión con el dueño de un hotel. El informe redactado por el mismo agente aseguraba que Ng’ang’a era atracador de bancos y miembro de la secta Mungiki. Este caso es presentado en el informe como «un ejemplo» y reconoce que la existencia de testigos y la posición social de la víctima facilitaron la denuncia.
El policía arrepentido: En el 2008 un agente ofrecía un informe detallado y preciso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya sobre los escuadrones de la muerte policiales. Él mismo había sido chofer de uno que realizó 58 ejecuciones en 24 ocasiones. En su testimonio aseguraba que recibían órdenes de altos oficiales, incluido el Comisario Superior de Policía. Nadie de los acusados fue investigado, pero el testigo fue asesinado en octubre del mismo año.
Monte Elgon: Desde 2006 existe en esta región del este del país una milicia llamada Fuerza de Defensa de la Tierra Sabaot. Alston les atribuye la mayoría de las violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, agresiones sexuales y robos, aunque explicita que «durante casi dos años las autoridades se inhibieron en la protección de la población». Cuando el ejército y la policía iniciaron la Operación Okoa Maisha para erradicar la milicia la situación se puso aún peor: «3.265 personas fueron retenidas y la mayoría denuncia haber padecido torturas. Y a pesar de mis esfuerzos para obtener las grabaciones de los interrogatorios, estos han sido, no sorprendentemente, sin éxito hasta hoy», escribe Alston en su informe.