Se recomienda al Ayuntamiento de Valencia que facilite -a las personas usuarias de los Servicios Sociales municipales- ayudas para “recuperar” la situación anterior a los hechos denunciados; se sugiere asimismo al Ayuntamiento “que traslade la situación de la tercera persona (no usuaria de los citados Servicios Sociales) al de su residencia”.
Y, en tercer lugar, se comunica a la institución municipal que traslade la Resolución al organismo investigado, así como al superior jerárquico (Concejal Delegado de Policía Local), para que corrija la situación. El plazo de respuesta no puede superar un mes.
¿A qué hace referencia esta Resolución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, fechada el pasado 14 de julio, en respuesta a una queja planteada por València Acull (en nombre de las tres personas víctimas de una actuación de la Policía Local de Valencia)?
La Resolución de la Defensoría recoge el relato de los hechos expuesto por la ONG denunciante (29 junio 2023): “Varios vecinos aseguran que las personas afectadas no provocaban ningún problema de convivencia; la Policía no esperó a que retiraran sus objetos personales, sino que se llevaron las bolsas donde los guardaban a pesar de que pudieron comprobar que no era basura –estaban cerradas, limpias y colocadas en los bancos- y se apreciaba que contenían ropa bien ordenada”.
“Las personas afectadas solicitan recuperar sus pertenencias o ser compensadas (por el Ayuntamiento de Valencia) por el daño sufrido como consecuencia de la intervención policial”, remarca València Acull.
En un análisis de la actuación de la Administración municipal –y de la Policía Local- incluido en la Resolución, la Defensoría del Pueblo valenciana recuerda que la actuación de los agentes se produjo en la vía pública, y que la reclamación de responsabilidad municipal –por parte de dos de las tres personas sin techo- se basa en que las bolsas de las que les privó la policía contenían bienes de primera necesidad: sobre todo ropa, pero también calzado, mantas para protegerse del frío nocturno y sacos de dormir.
Asimismo, uno de los párrafos firmados por el Síndic apunta las causas concretas de su intervención: existía la posibilidad de que se afectara a las condiciones de supervivencia de las personas sin hogar (“estimamos necesario conocer la actuación municipal anterior y posterior a los hechos para evitar la situación de vulnerabilidad de las citadas personas o su agravamiento (…)”.
El Defensor subraya que la Ley valenciana de Servicios Sociales Inclusivos, de 2019, establece en el Artículo 10 el derecho de las personas a recibir una atención de urgencia social; la legislación recoge, también, el derecho “a ser protegidas, en su persona y en sus bienes (…)”.
En un comunicado del 26 de julio, València Acull detalla los hechos sucedidos –los días 1 y 2 de marzo de 2023- en una zona ajardinada de la calle Filipinas (donde dormían las personas sin techo), a partir de los testimonios de las personas afectadas y del vecindario: “El Síndic insta al Ayuntamiento de Valencia a compensar a tres personas sin hogar que denunciaron a la Policía Local por tirar sus enseres a la basura”.
En los citados jardines, cerca de la Estación del Norte de Valencia, viven los tres ciudadanos de origen español, colombiano y ecuatoriano, añade la nota informativa; los agentes estaban realizando tareas de control del tránsito cuando echaron en el contenedor, además de los bienes personales, los cartones que los afectados colocaban sobre los bancos o usaban para cobijarse.
El comunicado de la ONG incluye la respuesta de las tres personas sin hogar al informe de la Policía Local; afirman que los policías no esperaron a que retiraran sus pertenencias, sino que lo arrojaron todo a los contenedores, incluso las bolsas de basura –limpias y cerradas junto al banco- que les daba la trabajadora de la limpieza; en estas bolsas guardaban la ropa, bien ordenada.
“No entienden por qué la policía actuó de esta manera cuando no provocaban ningún problema en la vecindad ni tenían nada que ensuciara o diera mala imagen (colchones, basura, trastos y muebles viejos…) a la zona”. Por ello, agrega la nota informativa. “reiteran su petición de que les devuelvan lo que se llevaron ‘o nos compensen por su pérdida’”.
En diciembre de 2021 se hizo público el II Censo de Personas Sin Hogar de la ciudad de Valencia, con el siguiente resultado: 754 personas sin hogar, de la que 352 pernoctaban en la calle y otras 402 en albergues; la edad media estimada era de 41,5 años, el 41% de las personas había sido objeto de un robo y el 55% se hallaba sin alojamiento desde hacía menos de un año.
En la realización del censo participaron el Ayuntamiento, el grupo GESinn de la Universitat de València y 14 asociaciones que trabajan con el colectivo; los ciudadanos sin techo de origen extranjero representaban el 61% de quienes respondieron a la pregunta sobre la nacionalidad, la mayoría provenientes de Marruecos (el 30% eran nacionales españoles).
El informe estima que un 59% de las mujeres sin hogar con pareja sufrieron violencia machista por parte de ésta en Valencia (2021); la tasa de alfabetización alcanzaba el 90% de las personas encuestadas, y el 74% de los ciudadanos sin techo entrevistados contaban con estudios primarios o secundarios.
“Más de la mitad de las personas sin hogar identificadas reconocen haber experimentado alguna discriminación asociada a su situación residencial y más del 60% han sufrido uno o más delitos de odio durante la etapa de sinhogarismo”, concluyen los autores del censo.
Según el INE (octubre 2022), en el estado español hay 86,6 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes (14,8 por cada 100.000 habitantes en el País Valenciano); cerca del 60% de las personas sin techo presentan algún síntoma depresivo.
El Instituto estadístico añade que 28.552 personas sin hogar fueron usuarias –en España, durante 2022- de centros asistenciales de alojamiento, de las que cerca del 25% pernoctaron en espacios públicos oalojamientos de fortuna (el vestíbulo de un inmueble, un cajero, un portal o un coche).
Se da la circunstancia que en el estado español había 3,8 millones de viviendas vacías en enero de 2021 (dato del INE a partir del consumo eléctrico de los hogares, nota informativa junio 2023).
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