Joven de 21 años con aspiraciones busca trabajo fuera de su país. Habla inglés fluido y tiene disponibilidad para viajar. Su meta: Europa. «En la vida tienes que aprovechar las oportunidades para conseguir algo mejor», dice Osman, emigrante, «a veces tienes que arriesgar lo que sea para lograr lo que quieres». A veces hay que […]
Joven de 21 años con aspiraciones busca trabajo fuera de su país. Habla inglés fluido y tiene disponibilidad para viajar. Su meta: Europa. «En la vida tienes que aprovechar las oportunidades para conseguir algo mejor», dice Osman, emigrante, «a veces tienes que arriesgar lo que sea para lograr lo que quieres». A veces hay que empaquetar una vida y poner rumbo a un nuevo mundo, como enseñan las crisis, el paro o las ambiciones. «A veces», continúa el gambiano, «tienes que arriesgar tu vida, morir nunca es tu intención».
Quizá fue cosa de fe, como dice el joven, que el bote en el que se había embarcado en una playa libia fuese detectado por los guardacostas. Hasta octubre de este año, de las 32.000 personas que han intentado llegar al continente de enfrente, más de 700 han perdido la vida, según el recuento de Frontex, la agencia europea para la protección de fronteras que colabora con el Gobierno libio en la contención de la inmigración a través de EUBAM, una misión de entrenamiento de guardias fronterizos.
«Trabajamos con la guardia costera, la guardia fronteriza y la policía de aduanas», confirma la portavoz de la misión. «El mandato se restringe a seguridad fronteriza», asegura. Los alrededor de 300 kilómetros que separan Libia de Lampedusa y Malta hacen del Mediterráneo una de las fronteras más monitorizadas del mundo. Lo que ocurre de puertas para adentro, sin embargo, se queda en casa.
Dos días después de su aventura frustrada, Osman se sacude la humedad. Él y los otros 179 inmigrantes que se apelotonan contra las paredes el centro de detención temporal de Abu Salim, un suburbio de Trípoli, no han pegado ojo por culpa de los litros de lluvia que se cuelan por el techado para acabar convirtiendo el suelo en un enorme charco. La tormenta les podía haber pillado en alta mar. No fue así, ni han muerto ni han llegado a Italia, se han vuelto invisibles, varados en una prisión improvisada.
Libia, nunca más
«Necesitamos volver», finiquita Labil, de 19 años. El joven lucha contra el frío en mangas cortas y con un solo guante mientras su compatriota, Jiby John, de 22 años, se desvive por un cigarro con el que olvidarse del hambre. En todo el día ha comido una barra de pan con un quesito: «Todos estamos de acuerdo, si nos llevan de vuelta a Gambia no vamos a volver aquí, ni siquiera a Italia».
Abu Salim no es un centro de alojamiento, denominación oficial de los locales en los que se apiñan los inmigrantes irregulares arrestados en el mar, a punto de partir en patera, o en redadas aleatorias en las rotondas de Trípoli, donde se congregan cada mañana esperando un patrón que necesite pintores, obreros o carpinteros. «No está preparado para que pasen ni una noche», denuncia el propio Alí Milya, responsable de la brigada antiinmigración de la Policía libia que gestiona el lugar. Abu Salim apenas sirve para agrupar la miseria de docenas de africanos antes de derivarlos a otros antros desde donde deportarlos (en el mejor de los casos) o, simplemente, acumularlos.
Con poco más de seis millones de habitantes, Libia ha sido tradicionalmente un país receptor de extranjeros. Unas 1.500 personas atraviesan cada día los 4.300 kilómetros de frontera, en su mayoría abierta en mitad del desierto, según el Danish Refugee Council (DRC). Hasta 2011, los datos bailaban entre 1,5 y 2,5 millones de personas cuya situación jamás se preocupó de regularizar el régimen de Muammar Gadafi. La herencia normativa, dos años después de la revolución que puso fin a cuatro décadas de dictadura, es lamentable: de la miríada de tratados internacionales a los que ha accedido (solo ha ratificado la Convención de la Unión Africana para la Protección de los Refugiados Africanos), no se ha implementado ley alguna concerniente a política migratoria.
En Gueryán, a 80 kilómetros al sur de la capital, la desolación en la voz de los 18 africanos que hacen cola para recibir el rancho es tan opresiva como el olor a cuadra dentro del barracón, apenas ventilado por un ventanuco. El ala, que ha llegado a albergar a 100 personas según el guarda, acoge los camastros entre paredes tuneadas con banderas, pintadas y posters informativos sobre cómo evitar el contagio de enfermedades infecciosas. Allí, Destiny, nigeriano de 37 años, da vueltas a qué pasará con su familia si lo expulsan del país. «Tengo una esposa y un hijo en Trípoli, no saben nada de mí, no me dejan llamar», protesta, «mi mujer no trabaja, no pueden simplemente mandarme a Nigeria, no puedo abandonarla».
Las opciones son pocas tras cuatro meses retenido. Algunos inmigrantes han estado encerrados más de un año, menores como Aout, eritreo de 15 años, incluidos. Las repatriaciones, de las que el Estado no es capaz de hacerse cargo, dependen de organismos como la Organización Internacional para la Migración, que en el último año ha devuelto a 800 personas a sus países de origen.
«Libia necesita sistemas adecuados y humanos de gestión migratoria y asilo y estos deberían ser compatibles con las normas internacionales», apunta Nigel Clarke, jefe de misión de DRC. La organización recibe un millón de euros de la UE, muy por debajo de los 30 millones presupuestados para cada uno de los tres años de duración de EUBAM. «Es cierto que la política europea respecto a Libia y a la inmigración en Libia parece ampliamente concebida desde una perspectiva de seguridad fronteriza», concede, «la agenda y la financiación lo reflejan».
Emmanuele Gignac, responsable de Acnur, es más incisivo. «Hay un gran interés en Europa por apoyar a Libia en la gestión del flujo migratorio», subraya. «Pero en la frontera, aún estamos lejos de conseguir algo [en cuanto a derechos humanos], especialmente en lo que se refiere a refugiados». Según sus datos, esos son en torno al 60% de quienes intentan cruzar el mar, provenientes de Somalia o Eritrea, y, desde el estallido de la guerra civil, de Siria. La agencia de Naciones Unidas ha registrado más de 30.000 casos de solicitantes de asilo y refugiados en 2013, algo que tampoco ayuda: Libia no reconoce ese estatus, la única diferencia con el resto de inmigrantes es que no se les puede deportar.
«Los dejamos aquí y ya está», reconoce Najib Mato, jefe de seguridad en las antiguas caballerizas de un parque en Surman, ahora transformadas en centro de alojamiento para 70 mujeres, 32 hombres, 10 «locos» y un bebé etíope nacido allí. Mato lleva la cuenta al dedillo en un papel escrito a lápiz que guarda en el pantalón. «A los de estos países (Somalia o Eritrea) les hacemos un chequeo médico y los dejamos salir una semana para trabajar», comenta, «esto lo hacemos nosotros como algo humano, si hay algún amigo nuestro que necesita ayuda para preparar una boda o algo, le dejamos algunas chicas».
El propio guarda está preparando su boda y bromea sobre ello al calor de un fuego prendido junto a la colada tendida fuera. Mientras habla, una canción que escapa de entre las habitaciones a oscuras hace las veces de banda sonora. Dentro, las mujeres han invitado a café y té mientras se calientan con un cuscús preparado por Malika, una marroquí encerrada solo por tener sida. Cuando termina la conversación, un grito pone fin al canturreo y un portazo metálico recuerda en las barracas que no son libres siquiera de poner música a la nada.
Publicado parcialmente en El País