Amnistía Internacional reclamó que se investiguen las muertes de civiles causadas por la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Libia el año pasado. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene previsto divulgar esta semana una resolución sobre ese país. «Es profundamente desalentador que después de cuatro meses […]
Amnistía Internacional reclamó que se investiguen las muertes de civiles causadas por la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Libia el año pasado. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene previsto divulgar esta semana una resolución sobre ese país.
«Es profundamente desalentador que después de cuatro meses de haber terminado la campaña militar, las víctimas y las familias de las personas asesinadas por los ataques aéreos de la OTAN sigan sin saber qué ocurrió ni quiénes fueron los responsables», se quejó Donatella Rovera, investigadora del capítulo estadounidense de Amnistía Internacional.
«Funcionarios de la OTAN reiteraron su compromiso de proteger a los civiles. Ahora no pueden obviar la muerte de decenas de personas con declaraciones vagas de arrepentimiento y sin investigar, como corresponde, los incidentes mortales», añadió Rovera en un comunicado divulgado el jueves 15 de este mes.
La divulgación del informe coincide con los reclamos de varios países de realizar una intervención militar en Siria, similar a la que se desarrolló en Libia.
Tras entrevistar a testigos y a familiares de las víctimas, los investigadores de Amnistía concluyeron que 55 personas, entre ellas 16 niños y niñas, murieron durante la campaña militar, y nadie recibió una indemnización y ni siquiera una promesa de investigación rigurosa de funcionarios de la OTAN ni del Consejo Nacional de Transición de Libia.
La mayoría de las muertes se registraron durante los bombardeos directos contra áreas residenciales donde «Amnistía Internacional, expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), otras organizaciones no gubernamentales y varios periodistas no encontraron pruebas de objetivos militares al momento del ataque», señala el informe.
«La intervención militar de la OTAN en Libia, iniciada el 19 de marzo de 2011 y que duró siete meses, contó con 9.700 salidas o misiones de combate y destruyó cerca de 5.000 objetivos militares», según fuentes de la alianza atlántica.
China y Rusia, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que no aprueban la justificación ni la eficacia de una intervención militar en Siria, se abstuvieron en marzo de 2011 de votar a favor de la operación de la OTAN en Libia.
El informe de Amnistía, la organización no gubernamental con sede en Londres, cuestiona la decisión de la OTAN de negarse a investigar las muertes en la campaña militar aunque su mandato para realizar operaciones en Libia haya terminado en octubre de 2011. También criticó su negativa a divulgar información detallada sobre los ataques en que murieron civiles y que ya debían tener compilada.
Funcionarios de la alianza militar respondieron a las consultas de Amnistía por carta. «La OTAN hizo todo lo posible por minimizar el riesgo para la población civil en una compleja operación militar en la que no podían ser reducidos a cero. La OTAN lamenta profundamente cualquier daño que pueda haber causado por los ataques aéreos», reza la misiva.
«La respuesta de la OTAN equivale a no hacerse responsable de sus acciones. Deja a las víctimas y a sus familias sintiéndose olvidadas y sin recurso a la justicia», añadió Rovera.
La Comisión Internacional de Investigación sobre Libia, de la ONU, divulgó a comienzos de este mes un exhaustivo informe sobre crímenes de guerra y contra la humanidad que ocurrieron antes y después de la resolución del Consejo de Seguridad de marzo de 2011, en la que habilita a tomar «todas las medidas necesarias para proteger a la población civil».
«En limitadas ocasiones, la Comisión confirmó la existencia de víctimas civiles y descubrió objetivos sin evidencia de ser una instalación militar. La Comisión no pudo sacar conclusiones sobre esos episodios sobre la base de la información ofrecida por la OTAN y recomienda más investigaciones», escribieron los autores del informe.
La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, elogió el documento, en especial la conclusión de que los «delitos internacionales, en especial los crímenes contra la humanidad y de guerra, fueron perpetrados por las fuerzas de Gaddafi en Libia». También concordó en que era apropiado realizará más investigaciones sobre las operaciones de la OTAN.
El coronel Muammar Gadafi, líder de la revolución libia, gobernó con mano de hierro su país desde 1969 hasta su muerte, atrapado por los rebeldes en Sirte, último bastión del régimen, y asesinado el 20 de octubre de 2011.
«Human Rights Watch llama a la OTAN a investigar los casos de civiles muertos en Libia durante sus ataques en la campaña del año pasado», reza un comunicado divulgado la semana pasada por la organización.
«La OTAN tomó amplias medidas para minimizar la cantidad de víctimas civiles y la cifra fue relativamente baja. Pero eso no la exime de su obligación legal de investigar los casos cuestionables. También debería indemnizar a las víctimas civiles de su campaña», añade.
El informe de Amnistía subraya la posible infracción a las normas del derecho internacional humanitario contemplado en las Convenciones de Ginebra, de 1949, y en sus protocolos adicionales, de 1977.
«Muchas de las normas específicas incluidas en esos tratados forman parte del derecho internacional humanitario y son vinculantes a todas las partes de cualquier conflicto armado, incluidas las organizaciones rebeldes», señala Amnistía.
«La violación de muchas de esas disposiciones pueden constituir crímenes de guerra. Todos los principios y normas mencionadas en este comunicado forman parte del derecho internacional y deben ser respetadas por todas las partes involucradas en conflictos armados», subraya.
La misión de la OTAN terminó oficialmente hace varios meses, pero el Consejo de Seguridad de la ONU votó la semana pasada ampliar su participación para asistir en la transición con «un compromiso hacia la democracia, la buena gobernanza, el respeto de la ley, la reconciliación nacional y el acatamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales».