El contexto político y económico definido por la Unión Europea y la burguesía española exigen del gobierno del Estado Español que el gasto presupuestario destinado a los servicios públicos sea el más pequeño posible en vista de las necesidades actuales que la crisis económica impone al capitalismo.
Los recortes que se preparan en los diferentes apartados que atienden las necesidades sociales como los que afectan a las pensiones y las medidas políticas para mantener la continuidad de las reformas laborales son una buena muestra de lo que viene, así como, las que afectan a otras ayudas sociales muy necesarias en una situación en la que la precariedad laboral y el desempleo azotan a buena parte de las clases trabajadoras.
En repetidas ocasiones venimos denunciando que el Ingreso Mínimo Vital es un fracaso a todas luces que a pesar de la infinita propaganda que se hace no resuelve ni mucho menos los motivos que justificaron para su aplicación.
El IMV está siendo gestionado por la Seguridad Social. El Ingreso Mínimo Vital no sólo es una renta mínima con un presupuesto ridículo, insuficiente para hacer frente a la vulnerabilidad social de este país y en concreto de Extremadura. El IMV está llegando lentamente, en cantidades ridículas a pocas de las personas solicitantes, y después de superar enormes dificultades burocráticas.
A continuación, comentamos solo algunas de las muchas situaciones que se pueden dar y que impiden la aprobación y otras que por la lentitud en la tramitación causan perjuicios notables a las personas solicitantes.
1.- La burocracia es tal que los pobres no pueden demostrar que son pobres. En muchos casos se está denegando a causa de los inconvenientes que encuentran las personas y familias solicitantes de demostrar las razones administrativas de su estado de pobreza. Así, hasta ahora, un caso muy frecuente por el que se deniega el IMV, es el que sucede cuando las personas contratan habitaciones individuales porque no pueden alquilar por sí solos un piso; en este caso, no es administrativamente posible demostrar documentalmente que no se tiene capacidad económica para pagar la renta de un piso. Además, en el empadronamiento municipal, documento requerido que hay que presentar en la Seguridad Social, aparecen todas las personas que viven en el piso, lo que utiliza aquella administración para suponer que el conjunto de los ingresos de los habitantes del piso en cuestión son tales que invalidan la concesión. En definitiva, esta circunstancia es motivo de rechazo de esta ayuda social.
2.- Otro factor que está penalizando a las personas solicitantes es la lentitud en la tramitación de esta renta mínima. Los recortes en los servicios públicos deterioran la calidad y cantidad de las prestaciones sancionando a las clases sociales más humildes que son las que más los necesitan. Este retraso tiene una de sus causas en la escasez del personal que atiende este servicio. La tardanza en la resolución de las solicitudes tiene unas repercusiones muy negativas que recaen de múltiples formas sobre las personas vulnerables.
Así, resulta frecuente que nos encontremos con una realidad que puede parecer poco importante pero que en las familias que apenas tienen para enlazar un día con otro, entraña subir montañas. La Junta está exigiendo a las personas que cobran la Renta Extremeña Garantizada, lo que conocemos por renta básica extremeña, que tramiten el Ingreso Mínimo Vital. Lo que está ocurriendo con demasiada asiduidad es que las personas dejan de percibir la renta básica extremeña, y a los varios meses reciben la aprobación del IMV con las cantidades correspondientes, que se cobran con efectos retroactivos desde que se realizó la solicitud. Este retraso determina que estas cantidades correspondan a meses en los que se estuvo cobrando la renta básica extremeña, por lo que la administración exige la devolución inmediata de lo que corresponde a estos meses que en algunos casos pueden suponer desde dos mil o tres mil euros hasta cuatro mil y pico.
No obstante, desde que dejan de cobrar la renta básica extremeña hasta que perciben el IMV transcurren unos meses durante los cuales estas familias no tienen ingresos de ningún tipo, y acumulan deudas de alimentación, luz, agua, etc.
Por tanto, las familias quedan durante varios meses sin ingresos de ningún tipo dependiendo para su supervivencia de las familias, vecinos o viviendo en la más absoluta miseria.
3.- La Seguridad Social tiene que acelerar la concesión de estas ayudas sin esperar tanto tiempo a la resolución, con la adecuada sincronización entre el cese de la percepción de la renta básica extremeña y el comienzo del cobro del IMV. De este modo se evitaría que las familias estén meses sin ingresos y luego tengan que devolver de golpe varios miles de euros.
La Junta de Extremadura tiene que facilitar la devolución de las cantidades cobradas en vista de estas anomalías de las que no son culpables las familias perceptoras, pues son los retrasos de las administraciones públicas y la necesidad imperiosa de sobrevivir a veces impide la inmediata devolución total de lo percibido en esos meses.
4.- Los presupuestos regionales establecen para la renta garantizada extremeña en el año 2022 una cantidad de 37,534.000 de euros lo que vienen a ser unos 200.000 euros menos que en el 2021. Las promesas realizadas por Fernández Vara en la campaña electoral del año 2015 han quedado olvidadas para siempre. Conviene recordar, en 2015, antes de las elecciones, Guillermo Fernández Vara se comprometió solemnemente a que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma contarían cada ejercicio con una cuantía reservada para la renta básica de inserción, equivalente al menos al 0’5% del PIB regional actual. Con los datos correspondientes del PIB previsto para 2022 que se aproximan a 30.000 millones de euros esto supondría que en el ejercicio de 2022 habrían de destinarse a la renta extremeña garantizada una cantidad muy superior a los 130 millones de euros.
Los presupuestos destinados a las CONTINGENCIAS vienen a ser de unos 5.334.000, unos 45.000 euros menos que lo presupuestado para el año anterior que no se llegaron a utilizar en cantidad alguna.
5.- Tampoco podemos olvidar todo lo que viene ocurriendo a consecuencia de la falta de viviendas públicas. Es un hecho evidente, con mayor visibilidad cada día que los problemas de las viviendas se acrecientan entre las familias trabajadoras.
La Junta de Extremadura pasa de buscar una solución e insiste en las ayudas al alquiler para las personas y familias vulnerables; no obstante, a estas ayudas acceden sólo sectores sociales minoritarios puesto que las familias pobres, con dificultades económicas, no pueden acceder a ellas en vista de que carecen de recursos económicos que generen fiabilidad al propietario además de la escasez de viviendas privadas para alquilar.
Desde Campamento Dignidad y Mérida Solidaria seguimos insistiendo en la necesidad de que la Junta de Extremadura se dote de viviendas sociales para responder a esta necesidad fundamental en la comunidad extremeña, recuperando de los bancos que las tienen o adoptando mecanismos de compra a particulares o con programas de construcciones en las diferentes localidades del territorio extremeño.
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